Informe de coyuntura

El gobierno de Mauricio Macri inició su gestión económica con una excelente largada. El diagnóstico sobre los problemas a resolver era adecuado: para volver a crecer sostenidamente había que evitar que las tensiones inflacionarias y de escasez de divisas dominen la escena, y se necesitaba, además, cambiar las fuentes del crecimiento desde el consumo hacia la inversión y las exportaciones. Los primeros pasos en esa dirección involucraron tres objetivos de política: romper con la dominancia fiscal, recuperar competitividad externa y acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.

Sobre el atraso cambiario, la política de unificación cambiaria y devaluación del peso también fue inicialmente en el sentido correcto: según el BCRA, entre comienzos de diciembre y marzo, el tipo de cambio real multilateral (que, aunque imperfectamente, refleja la competitividad externa) se depreció aproximadamente un 45%. Adicionalmente, la solución del conflicto con los holdouts abrió las puertas para la recuperación del crédito externo. En cuanto a la desactivación de los mecanismos de la dominancia fiscal, un paso crucial era corregir el atraso tarifario. Las políticas anunciadas por el gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas y de transporte fueron en ese sentido: de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2016 los subsidios económicos se redujeron un 21% en términos nominales.

Sin embargo, el gobierno no logró evitar que el traslado (pass through) de la devaluación a precios desatase una espiral de aumentos de precios y salarios. Para colmo, los reajustes preventivos de precios habían comenzado antes de la devaluación, no sólo en bienes transables sino también en no transables (cuyos costos no están ligados al tipo de cambio). Esto y el impacto directo del aumento del tipo de cambio nominal producto del levantamiento del cepo elevaron de manera considerable el ritmo de inflación por encima de los registros observados al final del gobierno precedente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones paritarias y que se concretara el reajuste de tarifas.

El stock de capital en la industria pyme: condiciones para modernizar la maquinaria y el equipo de producción

La capacidad tecnológica de la empresa es una de las variables determinantes del desarrollo productivo de un país. De su posición tecnológica depende la productividad de la economía, su competencia en los mercados mundiales, sus posibilidades de abastecer el mercado local con productos de calidad, y de generar empleo de altos estándares que permitan mejores condiciones de vida.

Los empresarios mantienen una actitud pasiva frente a la modernización tecnológica, descuidando la formación del capital como elemento indispensable para construir una función de producción de alta competitividad. Pero modificar esa conducta requiere que el Estado argentino, que por décadas premió la inversión especulativa y castigó la productiva, tome un rol activo en políticas comprometidas: impulsar a los bancos a otorgar créditos en función del proyecto de inversión y no de las garantías reales, extender, simplificar y bajar costos de los mecanismos de leasing, o limitar el porcentaje de crédito que los bancos destinan a consumo, hasta desgravaciones tributarias agresivas para incorporar tecnología de punta.

Corriendo los desequilibrios en el sector energético: impacto de una convergencia tarifaria gradual con tarifa social

Parte del desequilibrio en el sector proviene de una política de tarifas prácticamente congeladas en términos reales en la última década. En este contexto, CIPPEC propone una convergencia tarifaria planteada en forma gradual, a lo largo de 8 años, con un componente social que exima de las subas a los hogares más vulnerables.

La convergencia tarifaria planteada requiere ajustes reales importantes y sostenidos, cuya profundidad depende de la trayectoria futura de los precios internacionales. El impacto directo de un ajuste tarifario como el propuesto en este documento sobre la inflación rondaría el medio punto porcentual y reduciría el ritmo de crecimiento del producto en 0,5 puntos en los primero 8 años de aumentos tarifarios. La contracara sería una reducción del peso de los subsidios energéticos equivalentes a 6 puntos del PIB hacia 2019.

Un esquema de aumentos graduales de las tarifas en el sector energético, permitiría una adecuación progresiva del nivel y la estructura de la demanda. Asumiendo el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales con precios y costos adecuados, este escenario de demanda permitiría recuperar en el año 2029 el autoabastecimiento energético perdido a partir del año 2011.

Reforma electoral 2016: Propuestas para fortalecer la equidad y la transparencia de las elecciones

Al inaugurar el período de sesiones legislativas en marzo de 2016, el Presidente de la Nación anunció su voluntad de impulsar “una ambiciosa reforma política” para “terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral”. Luego del receso invernal, el Congreso comienza a discutir la propuesta del Ejecutivo (0018- PE-2016) que atiende centralmente el primer punto de esa agenda y propone cambiar también el mecanismo de las elecciones primarias y la forma en la que se presentan las opciones electorales.

El contexto de un Congreso plural es una oportunidad única para debatir la iniciativa en profundidad y construir consensos que la mejoren. En este documento analizamos las principales medidas propuestas en el proyecto de ley y el impacto que puede esperarse que tengan en las condiciones de la competencia política. También presentamos algunas recomendaciones para fortalecer el proyecto.

Empezar la docencia en escuelas inclusivas

Las reformas más recientes de la formación inicial docente que tuvieron lugar en la Argentina han puesto a las prácticas docentes en el centro de la escena. Por una parte, se incrementó su relevancia curricular relativa. Por otra parte, los lineamientos curriculares buscaron dar un paso adelante en lo que hace a la integración de las instituciones formadoras con las escuelas sedes de las prácticas docentes, que denominan “escuelas asociadas”. A partir de estas orientaciones, los trayectos de prácticas han sido definidos de manera diversa en cada una de las 24 jurisdicciones y para la formación de docentes de educación inicial y primaria. En ocasiones, este avance ha sido mermado en su traducción a los diseños curriculares jurisdiccionales, que otorgan poca o ninguna relevancia a las escuelas asociadas. Más allá de esto, no se ha avanzado en regulaciones específicas sobre las características de las escuelas asociadas en términos de su trabajo con la inclusión.

En el mundo existen numerosas experiencias de instituciones formadoras de docentes que han optado por asociarse con escuelas inclusivas —aquellas que incluyen y enseñan a todos los alumnos respetando sus diversas necesidades, habilidades y características— para la formación en la práctica profesional de los futuros maestros. Los resultados muestran que las prácticas en escuelas inclusivas promueven mejoras en tres ejes: en los saberes y el desempeño futuro de los docentes en formación; en las actitudes y disposiciones de los docentes en formación; en los logros educativos de los estudiantes de las escuelas asociadas. Las prácticas docentes en escuelas inclusivas se constituyen en una vía de mejora de la formación inicial docente y, en consecuencia, de la equidad y calidad de la educación que brindan las escuelas. Asegurar que cada docente en formación tenga la posibilidad, en el inicio de su formación, de trabajar en escuelas inclusivas —bajo las condiciones y características mencionadas anteriormente—, debería constituirse en objetivo de la política de formación docente, en aras de promover un aprendizaje de calidad para todos.