La Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función política de monitorear y evaluar. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. Las leyes que existen se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran. Tampoco existe un organismo de evaluación que se responsabilice por el despliegue de la polí- tica o el sistema nacional de evaluación. Solo existen esfuerzos aislados en algunos ministerios. Las instituciones de evaluación de políticas públicas generan conocimiento y aprendizajes sobre aquello que funciona y aquello que no, para tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas.

En América Latina los organismos de evaluación evolucionaron desde los años 70 permeando la administración pública a través de la puesta en marcha de sistemas e instituciones y la realización de evaluaciones con alcance y focos muy diversos. Sin embargo, la Argentina todavía no desarrolló, más allá de la experiencia del Sistema Integrado de Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), un organismo capaz de liderar la práctica de evaluación en el Estado argentino.

Este documento propone un diseño posible para una Agencia Nacional de Evaluación. Entre sus posibles funciones se incluye: 1. regular el diseño de planes y programas con criterios rectores y conductas en evaluación; 2. diseñar un Plan Nacional de Evaluación que oriente y coordine la gestión de la evaluación; 3. articular recursos e información con actores relevantes de todos los sectores; 4. desarrollar capacidades de evaluación; 5. gestionar el conocimiento que surge de evaluaciones (seguimiento de las recomendaciones, difusión de resultados, hallazgos y aprendizajes); y 6. promover la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde la Agencia con otros poderes del Estado y la sociedad civil.

Las políticas gubernamentales relacionadas con la deuda pública de las provincias se orientaron históricamente a la resolución de crisis fiscales. Si bien las regulaciones no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las deudas provinciales, para no repetir errores, hay que establecer un marco de exigencias. Un organismo fiscal federal, como el previsto en la Constitución Nacional y aún no creado, podría cumplir este rol.

El stock de deuda de las provincias fue de $ 240.000 millones a fines de 2015, lo que representa el 23,7% de los ingresos totales y el 4,2% del PBI del país. El peso del endeudamiento cayó paulatinamente en 2003-2015, pero con fuertes diferencias por provincia. Algunas presentan niveles de endeudamiento extremadamente bajos, donde la deuda no excede el 5 % del total de los recursos. En otras, estos indicadores superan el 40%. Por otra parte, los pasivos provinciales vienen dolarizándose.

La combinación de desequilibrio fiscal con la posibilidad de acceso masivo a nuevo financiamiento exige una política pública que impida un endeudamiento desmedido. Dado el federalismo fiscal argentino, las provincias gozan de una elevada probabilidad de rescates por parte del gobierno nacional, que actúa como prestamista de última instancia.

Las provincias regulan su endeudamiento a través de sus constituciones. Así, los límites cuantitativos y cualitativos difieren entre provincias y, en muchos casos, son difíciles de interpretar. Además, en casi todas las provincias también hay leyes de administración financiera que, si bien carecen de reglas numéricas sobre endeudamiento, incluyen la denominada “regla de oro” (los estados solo pueden endeudarse para financiar inversión, no para gastos corrientes), cuya aplicación en muchos casos está exceptuada por otras leyes o es incumplida. La regulación del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional opera más a modo de control procedimental que para asegurar la capacidad de repago y prevalece, en la práctica, sobre las normas provinciales.

Esta multiplicidad de normas hace que la autorización del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional sea difusa y discrecional. Además, la información fiscal se publica de forma diferente en cada provincia y, generalmente, con mucha demora, lo que impide un seguimiento de los procesos de endeudamiento por parte de la ciudadanía.

Hay que coordinar el endeudamiento provincial en un ámbito específico. La creación del Organismo Fiscal Federal previsto en la Constitución Nacional podría cumplir, entre otras funciones, este rol. Por otra parte, si bien la Ley de Responsabilidad Fiscal contenía normas comunes para controlar el endeudamiento, fueron suspendidas por leyes posteriores en la antesala de la crisis de 2009.

En una situación de lenta recuperación de la actividad económica y alto déficit fiscal como la actual, el restablecimiento de límites cuantitativos parecería no reunir el consenso político necesario. Pero, al menos, debería prohibirse usar deuda para financiar gastos corrientes, lo cual exige capacitar a los funcionarios provinciales para que gestionen su deuda pública y acordar que la publicación de la información fiscal se haga de igual forma en todo el país.

La venta y el consumo de alcohol en menores de 18 años es una problemática multidimensional que cobra actualidad entre los desafíos que enfrenta el Estado, inmerso en una sociedad de consumo. Se combinan factores diversos que abarcan los daños generados por un consumo abusivo en una edad temprana, la falta de enforcement de la regulación y las exigencias que enfrentan los adolescentes, marcadas por la aceleración de los tiempos en la toma de decisiones y la conformación de su identidad. El consumo de alcohol trasciende el ámbito de la salud y abarca factores sociales, culturales, políticos y económicos. Para enfrentar esta problemática, se equiere
Este documento constituye un análisis preliminar a las intervenciones del Municipio de Quilmes que buscan abordar esta problemática, para reducir la venta y el consumo de alcohol en menores de 18 años. El objetivo de consiste en realizar aportes para el debate de una política integral en el marco del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Quilmes. La primera sección presenta un análisis de la situación social de los adolescentes en el municipio, respecto de la salud, la educación y las condiciones sociales y demográficas. En la segunda sección se presenta un análisis del marco normativo y programático provincial, que da cuenta de las intervenciones y leyes que influyen en el abordaje de esta problemática. En la tercera sección se describe el marco normativo municipal, dado por las ordenanzas que regulan la problemática. En la cuarta secci ón se presenta un relevamiento del marco conceptual y el enfoque desde el que parten las intervenciones del municipio y se reseñan los programas y las estrategias de prevención, asistencia y fiscalización impulsadas. Por último, en la quinta sección se especifican recomendaciones preliminares con la intención de disparar un debate sobre la materia entre los actores locales involucrados en la búsqueda de soluciones a la problemática.