Salta fue la primera provincia en incorporar un sistema de voto electrónico para el 100% del padrón provincial. La experiencia comenzó con una prueba piloto en 2009 y se amplió gradualmente hasta incorporar a todo el electorado en 2013 y elegir gobernador por primera vez mediante este sistema en 2015.

Diez aprendizajes se derivan de esta experiencia: 1) la implementación gradual permite hacer pruebas, monitorear, evaluar, introducir ajustes y desarrollar las capacidades que las autoridades electorales necesitan para administrar la nueva tecnología; 2) para garantizar que la reforma tenga el consenso de los principales actores de la competencia política y resulte previsible, el cambio debe incorporarse de manera integral al régimen electoral; 3) la participación de las fuerzas políticas fortalece el proceso de implementación y la confianza en el nuevo sistema; 4) la relación con la empresa proveedora es un desafío, por lo que deben establecerse detalladamente las condiciones en las que proveerá bienes y servicios, desde el proceso de contratación hasta cualquier intervención que pudiera tener el día de la elección en los lugares de votación o en el recuento de los votos; 5) las autoridades de mesa son una pieza clave en el proceso de cambio y su capacitación y empoderamiento es determinante para una transición exitosa entre sistemas; 6) el rol del personal técnico es importante y su intervención en el proceso electoral debe estar claramente delimitada en las normas; 7) explicar la forma en que la nueva tecnología preserva las garantías del voto es tan importante como enseñar el modo de uso; 8) las campañas de capacitación resultan más efectivas si se adecúan a las necesidades específicas de cada público; 9)  la forma en que la tecnología de votación presenta las opciones electorales puede tener un efecto en el comportamiento de los votantes; 10) sin reglas que ordenen y transparenten la oferta electoral, el cambio del sistema de votación no es suficiente para garantizar transparencia en las opciones que se le presentan al elector ni equidad en las condiciones de la competencia.

Una vez al año los centros de pensamiento de América Latina se reúnen para analizar los principales retos que enfrentan para acercar evidencia y conocimiento a las políticas públicas de sus agendas nacionales. Además de continuar el camino ya iniciado, el III Encuentro Latinoamericano de Think Tanks (TT) fue una oportunidad para afianzar vínculos y lazos de cooperación entre instituciones pares fortaleciendo así a la comunidad de pensamiento latinoamericana ávida de mejorar la relación entre investigación aplicada y su capacidad de incidencia en las políticas públicas de sus países. Como telón de fondo, todo ello se desenvolvió en un contexto de escenario geopolítico cambiante e incierto en muchos aspectos, en el año del plazo de los objetivos del milenio y en la víspera de procesos electorales de gran trascendencia en varios países y con efecto dominó en el resto de la región.

Este documento analiza cómo el armado electoral basado en apoyos múltiples y alianzas cruzadas perjudica el ejercicio de los derechos políticos fundamentales y compromete la gobernabilidad. Además, argumenta por qué la reforma electoral debe enfocarse en responder este problema y propone medidas concretas para lograrlo. También explica por qué se necesita el compromiso de las provincias para realizar cambios que permitan garantizar umbrales de ciudadanía electoral en todo el territorio nacional. Finalmente, analiza otros cambios prioritarios para fortalecer la transparencia y la equidad de las elecciones.
Aunque no es posible fortalecer a los partidos a partir de una reforma legal, tener reglas más estrictas para conformar partidos y alianzas podría detener la disgregación que experimentan y los problemas que genera.