Esta publicación es la cuarta de una serie de cinco documentos en torno a la primera infancia. La prioridad de los derechos se ve reflejada no solo por los principios que los respaldan y el marco jurídico que los establecen, sino también en la forma de asignar y ejecutar los fondos para garantizarlos (Holmes y Sunstein, 2011).

A su vez, evaluar la inversión requerida para implementar las políticas nodales constituye una condición fundamental para un planeamiento responsable, racional, basado en evidencia y, consecuentemente, con mayores probabilidades de éxito. Es por ello que este trabajo presenta un análisis de la inversión en primera infancia y un ejercicio de costeo de una serie de recomendaciones de política pública para avanzar hacia una política integral de primera infancia, elaboradas por CIPPEC.
El documento consta de cuatro secciones. La primera describe resultados de estudios previos sobre la inversión en primera infancia del sector público consolidado en 2009 y del gobierno nacional en 2009 y 2010, y presenta una estimación de la inversión de la Administración Pública Nacional (APN) en dimensiones seleccionadas en 2014 como porcentaje del PBI (0,73% con año base 1993 y 0,57% con año base 2004) y del gasto público total (2,2%) y del gasto social (4,1%) de la APN. La segunda justifica la relevancia de este estudio de costos y delinea las principales consideraciones metodológicas. La tercera describe brevemente las 10 metas costeadas en este ejercicio (según las alternativas de máxima, media y mínima): extensión de la Red de Bancos de Leche Materna, entrega de un kit para el recién nacido, extensión de las licencias por maternidad y paternidad y crear las familiares, introducción de modificaciones a la Asignación Universal por Hijo, expansión de la cobertura de jardines maternales, sala de 3 y sala de 4, creación de nuevos centros de desarrollo infantil y adecuación de los existentes a estándares de calidad. A su vez, esta sección expone el costo nominal de cada meta y de cada conjunto para el período 2016-2019.

La cuarta sección analiza los costos anuales de cada propuesta y cada conjunto de 2016 a 2019 en función del PBI, estimado bajo un escenario macroeconómico moderado (tomando los promedios del período, los conjuntos de mínima y máxima demandarían 0,84 y 1,52 puntos del PBI con año base 1993, o 0,66 y 1,20 puntos del PBI con año base 2004, respectivamente). Además, el primer anexo ofrece los resultados del estudio de costos en relación al PBI con año base 2004 y todos los resultados en formato de cuadros. Por último, el segundo anexo, o anexo metodológico, expone los supuestos y decisiones metodológicas de mayor relevancia y fuentes de información utilizados en el ejercicio de costeo.

La sanción de la ley 26.774 en octubre de 2012 significó la ampliación del derecho al voto en las elecciones nacionales a los jóvenes de 16 y 17 años. A pesar de reavivar el debate sobre las condiciones necesarias para contar con la posibilidad de votar, poco se ha estudiado acerca de la implementación del “voto joven” en nuestro país. Este trabajo busca aportar a la discusión sobre quiénes pueden votar en un régimen democrático, mediante la descripción de las principales características de la implementación del “voto joven” en las elecciones generales legislativas de 2013.

Algunos de los principales resultados obtenidos:

· Solamente el 20% de los jóvenes de 16 y 17 años participó efectivamente en las elecciones.

· En los circuitos electorales donde se registró una participación electoral relativamente alta entre los jóvenes de 16 y 17 años, se encontró también una participación alta de los mayores de 70 años (el otro segmento con participación voluntaria en las elecciones). Esto nos da un indicio de que los factores asociados a que los jóvenes acuden voluntariamente a las urnas pueden ser similares a las razones por las cuales acuden los mayores no obligados por ley.

· En los circuitos electorales con un nivel socioeconómico alto, la participación electoral de los jóvenes de 16 y 17 años es más alta. Y en los circuitos con un nivel socioeconómico bajo, la inclusión de este grupo también es alta, puesto que allí se encuentra una mayor cantidad de votantes jóvenes, al margen de que su participación sea menor. Así, la ampliación del derecho al voto a ciudadanos de 16 y 17 años parece haber hecho mella en la relevancia electoral de los sectores medios.

La primera sección contextualiza el marco normativo internacional a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y las normativas vigentes en cada país. La segunda sección analiza casos latinoamericanos en la construcción de sistemas integrales en tres momentos: la movilización social y los compromisos gubernamentales; la institucionalización de los procesos de diagnóstico y el diseño de las políticas.  El tercer apartado describe la implementación y el desarrollo de estos sistemas tomando seis dimensiones: la coordinación intersectorial, la definición de la función de rectoría, el flujo lógico de las políticas, el financiamiento, la territorialidad de las políticas, y los mecanismos de monitoreo y evaluación. El cuarto apartado describe programas exitosos implementados en los Estados Unidos y algunos países de Europa con foco en la calidad de los servicios.

Finalmente, el último apartado presenta las lecciones aprendidas de la experiencia internacional en materia de integralidad y propone algunas recomendaciones para la Argentina. Además, los anexos presentan una serie de fichas de sistematización de cada una de las estrategias con mayor información. 

La posibilidad de contar con un piso mínimo de ingreso asegurado en situaciones de desempleo es un derecho establecido en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (de 1956) y aprobado recientemente en la Argentina (en sus artículos 19 al 24). Sin embargo, en la Argentina, la cobertura del Seguro por Desempleo (SpD) –dirigido a los trabajadores formales– es muy baja, lo cual hace necesario implementar un conjunto de políticas no contributivas que brinden cobertura a los trabajadores no registrados. Así, existe una importante deficiencia en el acceso al sistema de protección social para los trabajadores en situación de desempleo. Más aún, hay inequidades en el acceso, ya que las prestaciones y contraprestaciones requeridas por ambos tipos de política (contributivas y no contributivas) son muy heterogéneas

Las políticas contra el desempleo pueden agregarse en dos grandes grupos: pasivas y activas. Las primeras se identifican con las políticas de protección o mitigación contra el desempleo: proporcionan subsidios o asistencia a los desempleados, es decir, garantizan un ingreso mínimo a esta población de manera temporal y apuntan a paliar las consecuencias de la pérdida del empleo. Por su parte, las políticas activas persiguen tres objetivos: evitar o reducir el desempleo, modificar el nivel y la calidad de la oferta de trabajo, y cambiar la naturaleza de la demanda laboral para aumentarla y mejorar la calidad de los puestos de trabajo generados. Estas políticas pueden orientarse tanto a la generación de empleos temporarios o por tiempo determinado –corto plazo– como de empleos estables, registrados y por tiempo indeterminado –mediano y largo plazo– (Neffa 2011, Velázquez Pinto 2005 y 2010).