Este documento presenta los resultados de una encuesta realizada a las autoridades de mesa que se desempeñaron en las elecciones del 17 de mayo de 2015, primera oportunidad en la que se implementó el voto electrónico para el 100% del padrón en una elección general de gobernador. Entre los principales hallazgos se destacan:

1) Al introducir una nueva tecnología de emisión del sufragio se genera una curva de aprendizaje que hay que atravesar. El caso salteño sugiere que a medida que se gana experiencia, se ajustan las capacitaciones y se mejoran los equipos, las dificultades para operar la nueva tecnología se reducen. Así, en 2015 el sistema resultó más fácil de usar que en años anteriores: las autoridades de mesa tuvieron menos problemas para operar la máquina, requirieron menos asistencia del personal informático y menos votantes tuvieron que realizar consultas.

2) Los problemas de funcionamiento de los equipos impactan en la confianza. Cuando las máquinas fallan al momento de imprimir las boletas o leer el chip, o cuando los electores no consiguen operar la máquina en forma autónoma y requieren asistencia, se afecta la confianza en las garantías y en la integridad del proceso electoral.

3) Cuando se opta por un sistema automatizado de emisión del sufragio, el personal técnico cobra un rol relevante en el correcto desarrollo de los comicios. En Salta, uno de cada dos presidentes de mesa dijo haber necesitado asistencia técnica. En consecuencia, es aconsejable que la administración electoral contemple esta nueva función, para establecer claramente su dependencia, funciones y parámetros de su accionar.

En 2015, después de los cuestionamientos al escrutinio provisorio de las elecciones primarias y en el contexto de una elección muy reñida, el gobierno de la provincia volvió a convocar a CIPPEC para evaluar el funcionamiento de la boleta única.

Este documento presenta los resultados de un estudio realizado durante las elecciones provinciales generales de 2015, con el objetivo de evaluar el desempeño de la boleta única en términos de usabilidad y de confianza, tanto desde la experiencia de los votantes como de las autoridades de mesa. Para ello, se encuestó a 1167 votantes y 228 presidentes de mesa en una muestra de 40 escuelas situadas en los departamentos de Santa Fe, Rosario, Armstrong y Rafaela.

En democracia, el financiamiento de la política requiere normas claras que garanticen la transparencia respecto del origen de los fondos y la equidad en las condiciones para acceder a los recursos. Conocer efectivamente quiénes financian una campaña es indispensable tanto para que los ciudadanos puedan emitir un voto informado como para permitir el control durante el ejercicio del funcionariado.

En la Argentina, la normativa de financiamiento político prevé un sistema de financiamiento mixto basado mayoritariamente en fondos públicos. Las limitaciones al uso de recursos privados conviven con una normativa bastante laxa respecto del uso de los recursos públicos con fines proselitistas. Este marco normativo se presenta en un contexto donde son pocos los partidos que cuentan con recursos de personal, experiencia o tecnología para recaudar fondos de campaña, y donde el 90% de los aportes declarados por estas instituciones se realizan en efectivo.