La primera sección contextualiza el marco normativo internacional a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y las normativas vigentes en cada país. La segunda sección analiza casos latinoamericanos en la construcción de sistemas integrales en tres momentos: la movilización social y los compromisos gubernamentales; la institucionalización de los procesos de diagnóstico y el diseño de las políticas.  El tercer apartado describe la implementación y el desarrollo de estos sistemas tomando seis dimensiones: la coordinación intersectorial, la definición de la función de rectoría, el flujo lógico de las políticas, el financiamiento, la territorialidad de las políticas, y los mecanismos de monitoreo y evaluación. El cuarto apartado describe programas exitosos implementados en los Estados Unidos y algunos países de Europa con foco en la calidad de los servicios.

Finalmente, el último apartado presenta las lecciones aprendidas de la experiencia internacional en materia de integralidad y propone algunas recomendaciones para la Argentina. Además, los anexos presentan una serie de fichas de sistematización de cada una de las estrategias con mayor información. 

La posibilidad de contar con un piso mínimo de ingreso asegurado en situaciones de desempleo es un derecho establecido en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (de 1956) y aprobado recientemente en la Argentina (en sus artículos 19 al 24). Sin embargo, en la Argentina, la cobertura del Seguro por Desempleo (SpD) –dirigido a los trabajadores formales– es muy baja, lo cual hace necesario implementar un conjunto de políticas no contributivas que brinden cobertura a los trabajadores no registrados. Así, existe una importante deficiencia en el acceso al sistema de protección social para los trabajadores en situación de desempleo. Más aún, hay inequidades en el acceso, ya que las prestaciones y contraprestaciones requeridas por ambos tipos de política (contributivas y no contributivas) son muy heterogéneas

Las políticas contra el desempleo pueden agregarse en dos grandes grupos: pasivas y activas. Las primeras se identifican con las políticas de protección o mitigación contra el desempleo: proporcionan subsidios o asistencia a los desempleados, es decir, garantizan un ingreso mínimo a esta población de manera temporal y apuntan a paliar las consecuencias de la pérdida del empleo. Por su parte, las políticas activas persiguen tres objetivos: evitar o reducir el desempleo, modificar el nivel y la calidad de la oferta de trabajo, y cambiar la naturaleza de la demanda laboral para aumentarla y mejorar la calidad de los puestos de trabajo generados. Estas políticas pueden orientarse tanto a la generación de empleos temporarios o por tiempo determinado –corto plazo– como de empleos estables, registrados y por tiempo indeterminado –mediano y largo plazo– (Neffa 2011, Velázquez Pinto 2005 y 2010).

Los derechos sobre los que se estructura este documento surgen primordialmente de la Ley Nacional de Protección Integral (Nº 26.061) y de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Tucumán (Nº 8.293), en el marco de la Convención Sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución de la Nación Argentina, a partir de la reforma de 1994. Estos instrumentos marcan un nuevo paradigma en la protección de la niñez y la adolescencia en nuestro país y en la Provincia de Tucumán. Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y el Estado como garante.

CIPPEC trabajó con el gobierno de la provincia de Santa Fe, acompañando y asesorando en la implementación del Plan ABRE desde su prueba piloto, con el objetivo de identificar lecciones aprendidas. Este documento presenta los aprendizajes que surgieron de ese proceso y, también, las recomendaciones que se plantean de cara al futuro.
El Plan ABRE, lanzado en 2013, se centra en recuperar vínculos sociales en los barrios menos integrados de los grandes centros urbanos de la provincia. A partir de una concepción multidimensional e interrelacionada,  identificó un conjunto de barrios que se destacaban por el incremento de la violencia interpersonal, el retraimiento de la participación ciudadana, la escasez de espacios públicos, el debilitamiento de los lazos sociales, problemas de infraestructura y dificultad en el acceso a los servicios públicos En diciembre de 2015, el Plan se ejecutaba en 43 barrios de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Pérez y Granadero Baigorria.