Las políticas están planteadas según 3 alternativas (de máxima, media y mínima) que suponen distintos grados de ambición en la implementación. Los costos se presentan de forma nominal y en relación a otras variables macro (PBI, el gasto público y el gasto educativo consolidado). Además, se pueden encontrar estimaciones bajo distintos escenarios macroeconómicos (optimista, base o pesimista).

En general, se piensa que programas como la Asignación Universal por Hijo (Argentina), Oportunidades (México) y Bolsa Familias (Brasil) son eficaces en términos de reducción de la pobreza. Esto se debe a que todos ellos incluyeron evaluaciones sistemáticas y rigurosas, que demostraron un impacto positivo en la vida de las personas.

En la Argentina, las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios y agencias de gobierno. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones. En la mayoría de los casos, las políticas públicas producen escasa información para medir su impacto social, los datos no están sistematizados por el nivel central y su producción depende de la voluntad de los líderes políticos o técnicos. Además, la evaluación aparece escasamente vinculada con el proceso de planificación, lugar natural para pensarla y ponerla en marcha.

Dado que la evaluación es una oportunidad para mejorar las capacidades estatales, esta debilidad afecta la posibilidad de construir a largo plazo. En este sentido, tampoco colaboran la falta de un marco jurídico que integre las funciones de monitoreo y evaluación a la gestión cotidiana de la Administración Pública y la escasa relevancia que tienen la demanda y el uso de información crítica por parte de los tomadores de decisión.

Este documento revisa el marco legal argentino, identifica a las instituciones que trabajan estos temas en los distintos poderes, y analiza algunos planes y programas sociales, con el objetivo de promover la consolidación de un sistema nacional de evaluación en la Argentina. La investigación revela algunos desafíos: 1) es indispensable superar la legislación orientada al control del gasto y proponer una política nacional de evaluación del programa de gobierno; 2) es necesario crear un organismo Evaluador de la Nación que coordine, fomente y amplíe la mirada evaluativa en los organismos del Estado, y 3) resulta imprescindible avanzar en la integración de la evaluación a la planificación de planes y programas, para proveer de información de calidad a la toma de decisiones.

Para modificar esta situación, este documento incluye una serie de recomendaciones, que no pretenden agotar el tema sino sugerir espacios clave para consolidar una política nacional de evaluación, como 1) fortalecer la visión política; 2) crear un ambiente facilitador; 3) desarrollar capacidades y aumentar la demanda.

La publicación propone que la norma no tenga fecha de vencimiento, cuide los avances logrados en materia de inversión educativa, establezca metas educativas con horizontes temporales e indicadores claros, estipule las responsabilidades de financiamiento de los gobiernos, garantice una distribución de fondos en base a fórmulas objetivas y determine mecanismos de acceso a datos que permitan monitorear su cumplimiento.

Resumen metodológico

Diseño de bloques aleatorizados. Se definen grupos o bloques de unidades en función de variables que afectan el comportamiento de la variable dependiente y luego, dado que en el caso estudiado se mantiene la asignación aleatoria del tratamiento, el análisis del efecto se realiza dentro de dichos grupos.

Las variables que definen los bloques son el cargo en disputa y el municipio, conformando en su intersección una matriz de 8 bloques. Definidos los bloques se utiliza un modelo de regresión de efectos mixtos donde la utilización o no de BVE se define como efecto fijo y el municipio y cargo en disputa como efectos aleatorios. Dada la existencia de dos fuentes de variación (municipio y cargo) pueden evaluarse dos diseños complementarios, uno suponiendo una estructura jerárquica o anidada de los datos, donde la competencia para todos los cargos se ve afectada por el municipio donde se realiza la elección, y otro que considera una clasificación cruzada en la estructura de los datos que supone homogeneidad geográfica de la competencia política. De modo exploratorio se estima, en cada uno de los bloques definidos, la diferencia entre la media de la proporción de votos obtenidos por cada partido, positivos, blancos y nulos entre las mesas en las que se emitió el voto con el sistema BVE y aquellas en las que se lo hizo con la boleta partidaria tradicional.

Principales hallazgos y recomendaciones

La implementación de esta BVE tiene efectos significativos sobre los porcentajes de votos en blanco, nulos y positivos. Su uso promueve una reducción en la proporción de votos en blanco y nulos y el consiguiente aumento de los votos positivos. Pero su efecto no es igual para todos los partidos: tiene un efecto significativo sobre cuatro de los cinco partidos más «pequeños»: aquellos votos que no eran positivos con el sistema de boleta partidaria tradicional, tienden a inclinarse hacia alternativas menores.