Publicada en marzo de 2025

Con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CIPPEC llevará adelante el proyecto “Oportunidades y desafíos en la gestión de los recursos naturales no renovables a 30 años de la reforma constitucional”.

En 2024 se cumplieron tres décadas desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Esta reforma reconoció a las provincias argentinas la potestad sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios. En paralelo, una serie de políticas complementarias —como el Pacto Federal Minero, la Ley de Inversiones Mineras y reformas a la Ley de Hidrocarburos— sentaron las bases para incentivar el crecimiento de las industrias extractivas en el país. Estos cambios normativos, junto con el auge de los precios internacionales de minerales e hidrocarburos a partir de mediados de los 2000, impulsaron significativamente el desarrollo de la producción minera e hidrocarburífera en Argentina.

La gestión de estas industrias y de los ingresos que generan requiere de mecanismos institucionales y de gobernanza que permitan abordar sus impactos sociales y ambientales, promover la transparencia y la participación ciudadana, y facilitar una planificación estratégica del uso de los fondos con una mirada de desarrollo sostenible y de largo plazo.

A 30 años de aquella reforma, el escenario actual plantea nuevos desafíos que deben incorporarse en la discusión sobre la institucionalidad del sector. La necesaria descarbonización de las economías, la transición hacia fuentes de energía más limpias y la creciente digitalización están reconfigurando el panorama global.

En este contexto, la investigación de CIPPEC se enfocará en analizar los desafíos asociados a la gestión de los recursos naturales no renovables en el marco de la transición energética, tomando como caso de estudio la explotación de litio en las provincias que conforman el denominado “Triángulo del Litio” en Argentina: Catamarca, Salta y Jujuy. A partir de este análisis, el proyecto buscará extraer lecciones y formular recomendaciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad económica y fiscal de las provincias dedicadas a actividades extractivas.