Reactivación del empleo: el IFE puede ser una política de inclusión laboral

Publicado en agosto del 2020

El Presidente, en un tweet del lunes a la madrugada, quiso mostrar que los puestos perdidos en 2019 fueron mayores a los de 2020, pero esto no es así. El último dato oficial del Ministerio de Trabajo señala que la caída entre febrero y mayo de los asalariados registrados fue de 3,7%, lo que representa cerca de 224.000 trabajadores, comparado con 148.000 del año pasado. Esto no niega que la pandemia golpeó a un mercado laboral que ya presentaba números preocupantes. Lo que sí se destaca de los últimos meses es que la caída no se debe a un crecimiento de las desvinculaciones, sino a una baja histórica de las contrataciones. El freno al desempleo y el comienzo de la reactivación requiere entonces un esfuerzo en la creación de puestos de trabajo. Para eso es fundamental lograr un acuerdo que promueva un régimen de incentivos a la contratación y regularización eficaz, que genere previsibilidad y funcione como un estímulo a la reactivación.

Es claro que el empleo es motorizado principalmente por la macroeconomía, pero las políticas laborales tienen el rol de potenciar el crecimiento. Con el acuerdo por la deuda cerrado, el Gobierno deberá presentar un plan económico para la recuperación y, en este marco, se debe discutir una política de promoción del empleo.

Argentina, en los últimos 20 años, ha implementado diversos regímenes nacionales de estímulo a la contratación y regularización del trabajo. Los ejemplos van desde el Decreto 814 de 2001, que diferenció el cómputo de contribuciones como crédito fiscal de IVA según la región del país, el blanqueo laboral con promoción de empleo de 2008 hasta el mínimo no imponible para contribuciones patronales de 2017. Estas estrategias no tuvieron impactos positivos claros, lo cual se debe en gran parte a las recurrentes recesiones y a la incertidumbre que genera la inestabilidad constante de los regímenes. Pero estudios de impacto muestran diversos ejemplos de programas exitosos de promoción de empleo, donde incentivos monetarios y fiscales logran un efecto positivo tanto para trabajadores asalariados como independientes.

Hay cuatro puntos claves a tener en cuenta.

  1. Primero definir un incentivo adecuado (fiscal o monetario) y una estrategia de implementación. Una opción que está en la agenda pública es transformar el IFE, que hoy pone el foco en la contención, en una política de inclusión al mundo laboral formal. Si se sigue este camino, una estrategia a mirar es la del Programa Primer Paso Cordobés, donde el trabajador es el portador del subsidio y sale a buscar trabajo con la ventaja de este beneficio bajo el brazo. Así, se focaliza en los más necesitados y se llega a comercios y empresas que de otra manera quizás no accederían. En términos presupuestarios, el monto del IFE hoy es de $10.000, lo que representa más de la mitad de un salario mínimo. Tomando en cuenta que alcanza a 8,9 millones de personas en cada liquidación, cada pago implica transferencias por 0,28% del PIB. Estos valores exceden ampliamente los recursos que se suelen asignar para políticas de promoción del empleo.
  2. Un segundo punto es la regularización de trabajadores informales. Los llamados blanqueos no han sido exitosos en Argentina, principalmente porque no cambian los incentivos que llevaron a la informalidad en primer lugar. Esto nos devuelve al punto inicial de la necesidad de un régimen de promoción eficaz, que de previsibilidad.
  3. En tercer lugar, hay que pensar en poblaciones con mayores barreras al empleo, como los jóvenes y las mujeres, incrementando el monto o la duración de los incentivos para lograr mayor impacto.
  4. Finalmente, no debemos olvidar las herramientas de control para poder evitar abusos y proteger los derechos laborales.

La promoción del empleo debe darse en el marco de un modelo de crecimiento claro. No se deben repetir errores del pasado confundiendo promoción con flexibilización, pero debemos pensar en innovar y adaptarnos a un mundo cambiante con nuevas formas de trabajo. Sólo una política pensada en base a indicadores claros, y consensuada con empresas y sindicatos, logrará la eficacia que necesitamos para comenzar a salir de la crisis.

Autor


Manuel Mera

Investigador asociado de Protección Social

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