La agenda de transparencia, ética e integridad pública y rendición de cuentas ha avanzando en Argentina y en el mundo en los últimos años, y se volvió particularmente relevante en el escenario de pandemia, que evidenció algunos límites y generó nuevos desafíos para el accionar del Estado y las burocracias públicas.
El surgimiento de la pandemia y el contexto de emergencia derivado requirió de respuestas rápidas y ágiles por parte del Estado. Las estrategias y herramientas de política pública que debieron desplegarse por las exigencias de la crisis sanitaria, económica y social, pusieron en evidencia la importancia de contar con mecanismos que permitan un control oportuno y el escrutinio ciudadano. La transparencia y la rendición de cuentas del ecosistema público estatal se volvieron así altamente relevantes para incrementar la confianza social.
En este año tan singular crecieron así las exigencias en torno al rol de la administración central para impulsar políticas de transparencia e integridad que fortalezcan esta confianza. Las transferencias estatales hacia el sector privado y hacia las provincias constituyeron un instrumento fundamental a ser analizado.
Esto se vuelve aún más delicado en un contexto de restricción fiscal y fragilidad económica y social, que obliga a desarrollar herramientas que permitan transparentar el accionar estatal y promover una mayor efectividad del gasto público.
Por otra parte, no debe descuidarse una agenda de largo plazo que ayude a construir un Estado más efectivo y confiable para los distintos actores sociales. En esta agenda el papel de las empresas públicas como grandes proveedoras de bienes y servicios y el desarrollo de infraestructura pública es fundamental, así como sus mecanismos de transparencia y gobernanza.