Se pueden identificar tres objetivos en las políticas energéticas llevadas a cabo en los países desarrollados:

• Brindar sostenibilidad a la oferta energética.
• Promover que la producción sea eficiente (mínimo costo) y el consumo pague solo ese costo mínimo.
• Tender hacia un sistema energético limpio (en transición a la “descarbonización”).

Estos objetivos están también claramente normados en las leyes del sector en Argentina. Las leyes de electricidad (24.065) y gas (24.076), es sus artículos 40 y 38 respectivamente, se refieren a tarifas que aseguraren el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento. Por su parte, la ley 27.191 explicita el compromiso de “descarbonizar” la producción de electricidad al cual se arriba en forma gradual: en 2025 un 25% de la capacidad de generación deberá provenir de fuentes renovables (actualmente es 4%).

La Argentina viene de una experiencia entre 2002 y 2015 en la cual no se cumplió ninguno de estos tres objetivos. Por ejemplo, el cuasi congelamiento tarifario generó una fuerte restricción de la inversión en la producción de gas natural (combustible que ocupa un 57% de la matriz energética). Como consecuencia la sostenibilidad de la oferta se vio seriamente afectada, viéndose el sistema en la necesidad de importar combustibles líquidos altamente contaminantes, por ende afectando el medio ambiente. Esta falta de inversión también se verificó en otros eslabones del sector como la generación y la distribución eléctrica. En este último caso, los recurrentes apagones también incentivaron la autogeneración con combustibles líquidos, afectando nuevamente el tercer postulado de política.

A fin de 2015, el costo de producción de electricidad en Argentina era entre 50% mayor a los países vecinos y 100% a los de sistemas maduros como Alemania y Estados Unidos. Tampoco en ese período se cumplió el objetivo de que el consumo fuese sustentable ya que los consumidores nunca pagaron el costo real, y el mismo fue cubierto por el “velo de los subsidios”.

El cambio de paradigma energético luego de 15 años de tarifas congeladas ha significado un proceso arduo y difícil de transitar en el cual el consumidor se enfrentó gradualmente con el costo real. El “gradualismo” instaurado por la nueva administración intentó que los consumidores no asuman en forma drástica uno de los costos más altos del mundo.

Aún resta, sin embargo, desarrollar un programa consistente que logre los tres objetivos arriba mencionados. En el corto plazo, las necesidades macroeconómicas, llevaron al gobierno de Cambiemos a poner el foco en “asegurar la sostenibilidad de la oferta y reducir los subsidios”. Sin embargo, es necesario desarrollar un programa que logre que se produzca con costos internacionales, dado que el sistema tiene uno de los costos más altos del mundo derivados de políticas intervencionistas y de facto expropiatorias.

El objetivo del trabajo del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC es el de contribuir a plantear un plan consistente que esté disponible para los candidatos para la próxima cita electoral. Con este fin el trabajo se enfocará en los siguientes temas:

• Revisión histórica del sector en función de mostrar los costos del populismo energético. Históricamente en Argentina los gobiernos utilizaron las tarifas para redistribuir ingresos a expensas de expropiar a inversores y deteriorar la infraestructura, violando los derechos de propiedad.
• Análisis de las mejores prácticas para el sector energético a fin de promover una regulación eficiente y estable. El estudio de las mejores prácticas internacionales resulta fundamental para garantizar los derechos de propiedad y proteger a los consumidores de potenciales abusos de poder de mercado de las empresas.
• Formulación de un plan para revitalizar e incrementar la eficiencia de los entes y marcos regulatorios. Si bien el nuevo gobierno le introdujo racionalidad económica al sector, principalmente mediante incentivos de precios, el proyecto considera que Argentina debe avanzar en materia regulatoria. En la actualidad, los entes reguladores no ejercen una regulación plena del sistema y el marco regulatorio actualmente es sub-óptimo. A su vez, se evaluará el rol de la regulación provincial y presentará recomendaciones para reducir la dispersión geográfica de precios, y así mejorar la eficiencia y la equidad.
• Análisis de la estrategia de gobierno actual con relación a las energías renovables y realizar recomendaciones para favorecer el desarrollo del sector. El proyecto estudiará la interacción entre el sector de energías renovables y el de gas natural (Vaca Muerta), el impuesto al carbón aprobado en 2017 (evaluando la potencial extensión del mismo) y la plena implementación de la ley de Generación Distribuida.
• Finalmente, el proyecto realizará una evaluación de la tarifa social con el objeto de identificar sus deficiencias y proponer mecanismos alternativos para subsidiar a los sectores de mejores recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.

Con la cobertura de estos tópicos, entendemos que CIPPEC colaborará en plantear y elaborar un plan consistente que abarque los tres objetivos de política planteados.