El sector agroindustrial argentino cumple un rol fundamental en la alimentación global al ser uno de los principales proveedores de materias primas de origen agropecuario. Principal exportador mundial de harina y aceite de soja y el segundo exportador mundial de maíz, el agropecuario es el sector que aporta la mayor cantidad de divisas a la economía argentina: según datos del INDEC, en 2022, el 65% de las exportaciones nacionales de bienes correspondieron a este sector. A su vez, la cadena agroindustrial cumple un rol central en la generación de empleo, innovación y contribución al desarrollo regional. 

No obstante, las próximas décadas presentarán una serie de desafíos para el sector en Argentina de la mano de una agenda global que gana cada vez más terreno y pone el foco en dos realidades acuciantes como son la ambiental y la climática. Por un lado, el cambio climático está demostrando tener un papel significativo en el desempeño del sector, cuya productividad depende fuertemente del clima y su variabilidad. Muestra de ello fue la sequía que afectó buena parte de Argentina en 2018, que ocasionó una caída del 2,5% del PIB anual debido a una contracción de la producción agrícola y su saldo exportable o la sequía 2022/2023, que se estima en USD 20.000 millones de pérdida en exportaciones, según datos de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). 

Hoy existe una tendencia creciente a la adopción de medidas paraarancelarias en los mercados globales para productos que no logren demostrar inocuidad al ambiente y al clima en sus cadenas de producción. Iniciativas como la de la Unión Europea para limitar la importación de alimentos que provengan de cadenas productivas con deforestación, o la imposición de impuestos al carbono en frontera –que gravan los productos con alto impacto en emisiones de gases de efecto invernadero en algunos sectores– son ejemplos concretos que ya se encuentran en la discusión global.  

Como parte de este debate, el cuestionamiento al accionar del sector ha crecido a raíz de su rol en las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y la pérdida de biodiversidad por conversión de áreas naturales y bosques en zonas de producción: las emisiones GEI del sector agropecuario representan el 39% de las emisiones nacionales, mientras que en la región chaqueña –área que contiene el 67,6% de los bosques nativos de Argentina– el 60% de la pérdida de bosques nativos es atribuible a la expansión ganadera, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Dado este contexto, Argentina debe diseñar e implementar políticas activas y consistentes para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que tiene de cara a un mundo que reorienta sus prácticas de producción y consumo, en el paradigma de la sostenibilidad ambiental. 

Para eso, la política pública deberá promover el análisis detallado y con base en evidencia científica de las contribuciones de distintos sistemas productivos agroindustriales y la identificación de las prácticas más beneficiosas en términos de mitigación de emisiones, impacto sobre la deforestación, la biodiversidad y el uso del suelo. Dicha directriz deberá darse en sintonía con la política exterior, cuyos esfuerzos deben destinarse al posicionamiento de la producción argentina con estándares de calidad. 

Teniendo en cuenta este marco, desde CIPPEC proponemos tres ejes de trabajo: 

• El diseño de una estrategia de posicionamiento de la producción agropecuaria sostenible y el desarrollo de mercados, que busque posicionar a Argentina en las negociaciones internacionales y otros ámbitos multilaterales (UE-Mercosur), así como también posibilite el financiamiento multilateral hacia modelos productivos más sostenibles. 

• La promoción de buenas prácticas y sistemas productivos estratégicos para el posicionamiento de Argentina como proveedor de bienes y servicios agropecuarios sostenibles. Para ello, se buscará desarrollar incentivos para acelerar la incorporación de tecnologías en los sistemas productivos, además de la expansión de esquemas I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) público-privados que fortalezcan el vínculo con el sector científico-tecnológico. 

• La creación de un gabinete científico-técnico permanente integrado por referentes y especialistas del sector científico y tecnológico (INTA), cuya función central será analizar y consolidar mejoras en estándares ambientales y aportar evidencia para sostener la posición argentina en las negociaciones climáticas internacionales.