Los subsidios económicos, particularmente aquellos del sector energético, son un problema sin solución de las últimas dos décadas. El estado de emergencia permanente en que se encuentra el sector –vigente en 20 de los últimos 22 años– deriva en congelamientos de tarifas prolongados que, en contextos de inflación alta, implican distorsiones notorias entre los precios que paga la demanda y los costos de prestación de los servicios públicos.  

Los subsidios pueden justificarse como un mecanismo que busca que los servicios sean accesibles para toda la población, en particular los sectores vulnerables. Sin embargo, en ocasiones pueden empeorar la calidad del servicio y terminar perjudicando a quienes se quiere proteger: usuarios y usuarias. Por caso, la gestión con dificultades financieras severas termina brindando servicios de baja calidad como consecuencia de la falta y/o retraso de inversiones de mantenimiento o de expansión de las redes a su cargo. 

Existe entonces una pugna entre la accesibilidad (el precio que usuarios/as están dispuestos/as a pagar) y la sostenibilidad del sistema (el nivel de falla del servicio que usuarios/as están dispuestos/as a tolerar), escenario que hace que las tarifas públicas se tornen una cuestión central de política pública dentro de cualquier modelo de desarrollo.  

En Argentina, esta situación permanece irresuelta desde la salida de la convertibilidad y, desde entonces, los recursos públicos destinados a cubrir la diferencia entre precios y costos fueron incrementando, que hoy significan una mochila pesada para las cuentas públicas. En 2022, los subsidios a la energía alcanzaron los USD 12.427 millones (el 1,9% del PIB), que explica el 82% del déficit fiscal primario del año, según datos de Presupuesto Abierto. Esta dinámica y magnitud hacen que la problemática de los subsidios a la energía trascienda los límites sectoriales y termine repercutiendo a nivel macroeconómico, fiscal y social.   

También en 2022, el congelamiento de tarifas en términos reales implicó que los/as usuarios/as asumiera el 21% del costo de la energía eléctrica y el 29% del costo del gas natural. Esta situación supone un gran esfuerzo en términos de recursos públicos con implicancias distributivas regresivas, ya que en contextos de inflación alta dicho congelamiento resulta en una especie de tarifa social de cobertura universal con un subsidio generalizado a la oferta, lo que pone en evidencia la necesidad de focalizarlos.  

La política de subsidios de los últimos años, en suma, carece de justificación distributiva y, por el contrario, opera en forma regresiva, es imposible de ser financiada fiscalmente y representa una asignación de recursos defectuosa dentro del sector energético.  

A partir de este escenario la propuesta aquí planteada busca incentivar el uso eficiente de los recursos, a partir de precios que den señales claras; garantizar el acceso a la energía por parte de los hogares más vulnerables, a través de subsidios focalizados, y garantizar la sostenibilidad del sistema, dado que se cubren los costos operativos. Al mismo tiempo, esto colabora al ordenamiento de las cuentas fiscales necesario para el desarrollo sostenible.   

Desde CIPPEC proponemos:  

• Una redefinición de tarifas y subsidios que focalice la asistencia en los sectores más vulnerables mediante un programa de tarifa social amplio. Si bien hoy existe una tarifa social existe, esta convive con un subsidio generalizado a la oferta que colisiona con el objetivo de focalización. Además, la tarifa social eléctrica, que hoy es competencia de las provincias, debería retornar a la Nación para una gestión centralizada que asegure trazabilidad de la medida. Para servicios de fuerte estacionalidad como el gas natural, la recomposición tarifaria debe contemplar un mecanismo de amortiguación como la tarifa plana que garantice al usuario/a un mismo precio del servicio durante todo el período de consumo sin picos ni valles por estación.   

• La utilización del fondo compensatorio que armonice y reduzca las asimetrías en las tarifas de electricidad entre regiones, debido a la descentralización de su gestión.   

• Avanzar en la normalización institucional del sistema que ponga fin a la intervención de los entes reguladores y normalizar su funcionamiento de acuerdo a las normas legales pertinentes.