La incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial dejó de ser una discusión futura. Hoy estas herramientas ya se utilizan, o pueden utilizarse, para ordenar información, asistir búsquedas, apoyar la gestión documental, automatizar tareas administrativas, anonimizar documentos y colaborar en la redacción de piezas. Frente a este escenario, la pregunta ya no es si esta agenda debe abrirse, sino cómo ordenar su incorporación para que contribuya a mejorar el funcionamiento judicial sin debilitar garantías básicas.
El principal hallazgo de este documento es que, en justicia, la brecha más importante no es tecnológica sino institucional. Contar con herramientas, infraestructura o capacidades técnicas es fundamental, pero no alcanza. La evidencia comparada —basada en experiencias de países como Reino Unido, Brasil, Estonia o Finlandia— muestra que las implementaciones más sostenibles no dependen de una tecnología específica, sino de la existencia de reglas claras, supervisión humana efectiva, datos confiables, trazabilidad, criterios de responsabilidad y capacidad de corrección. En este campo, el problema no pasa solo por lo que una herramienta puede hacer, sino por la capacidad de las instituciones para gobernar su uso.
En Argentina, esta discusión se da sobre un sistema que presenta debilidades previas en aspectos básicos para encarar esta agenda de manera sostenible. Entre ellas se encuentran la baja publicidad y trazabilidad de la información judicial, la escasa estandarización de datos, los problemas de interoperabilidad, las capacidades organizacionales desiguales y la baja confianza pública en la justicia. En la práctica, la incorporación de inteligencia artificial ya avanza en este contexto, muchas veces más rápido que la capacidad institucional para supervisarla, evaluarla, asignar responsabilidades y establecer límites de uso. Cuando esto ocurre, la tecnología no resuelve por sí sola los problemas de base: tiende a volverlos más visibles y, en algunos casos, a profundizarlos.
A partir de este diagnóstico, el documento propone un marco orientador para ordenar la incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial argentino. No busca ofrecer una regulación exhaustiva ni un manual técnico cerrado.
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