El sistema previsional y su rol en el ciclo económico y fiscal

Publicado en octubre de 2021

Los recursos que las sociedades destinan a financiar sus sistemas previsionales representan, en países de desarrollo medio y alto, una alta proporción del gasto público total. Por ello, es fundamental pensar a la política previsional como parte central de la política fiscal de un país para evaluar su sostenibilidad y su impacto sobre la sociedad.

Sería útil que el diseño agregado de la política fiscal apunte a políticas de ingresos y gastos públicos que lleven a una reducción de la variabilidad cíclica que tiene cualquier economía. Al incorporar elementos anticíclicos a la política fiscal es posible suavizar el impacto de períodos recesivos sobre el desarrollo económico de un país y el bienestar de su población, utilizando recursos o espacio fiscal generados en períodos de expansión económica. Por supuesto, no todos los componentes de la política fiscal pueden tener un comportamiento anticíclico, dado que algunos de ellos están inevitablemente asociados a la dinámica macroeconómica y/o persiguen objetivos distintos a la suavización del ciclo económico.

Los sistemas previsionales buscan suavizar el ingreso de las personas frente a la salida del mercado laboral por envejecimiento y en la medida que estén estar guiados por los patrones demográficos y del mercado laboral de mediano-largo plazo podrían responder mejor a este objetivo de manera equitativa, eficiente y sostenible. Por ende, se espera que tenga un comportamiento más neutral respecto al ciclo económico. La evidencia muestra que el gasto previsional tiende a ser acíclico (o incluso anticíclico) en la mayoría de los países avanzados, de la mano de mecanismos automáticos de actualización de haberes atados a la evolución de la inflación y/o salarios.

La correlación cíclica entre el gasto previsional real y el PBI en Argentina es la más alta entre los países de la OCDE y los de desarrollo medio en la región. Esto se debe en parte a sucesivos cambios de reglas respecto al ingreso de nuevos beneficiarios al sistema, que fue flexibilizado en épocas de bonanza y sufrió restricciones en épocas de recesión. Sin embargo, su principal causa es el modo en que se determina la evolución del valor real de las prestaciones. La combinación de mecanismos discrecionales y, especialmente, la utilización de una regla de movilidad de los haberes del régimen general administrado por ANSES con fuertes componentes procíclicos ha caracterizado esta problemática. En particular, la regla de movilidad vigente en la actualidad vincula al gasto previsional con la recaudación tributaria, induciendo así a un rápido crecimiento cuando aumenta el PBI (y, habitualmente, la recaudación en términos reales) y a un deterioro de los haberes en épocas de recesión.

No parece ni deseable ni posible adoptar un esquema que genere un efecto anticíclico sobre el gasto previsional. Sin embargo, es importante adoptar normas que reduzcan su carácter procíclico. Esto incluye, por ejemplo, reglas de movilidad vinculadas a indicadores menos volátiles que logren preservar el valor real del haber con independencia de la fase del ciclo económico, y evitar mecanismos de excepción para nuevos/as beneficiarios/as.

Gobernanza e institucionalidad del financiamiento de infraestructura en Argentina

Publicado en septiembre de 2021

La inversión en infraestructura pública es importante para el desarrollo del país y sus capacidades tanto de energía, como de logística y otras actividades comerciales que influyen en la productividad de la economía. En 2020 el Estado invirtió cerca del 1,3% del PBI y en 2021 se planteó como una importante actividad económica de la reactivación subiendo a 2,2% del PBI según las proyecciones para este año. Sin embargo, las necesidades de infraestructura en Argentina requieren de mayor presupuesto y alternativas de financiamiento que la obra pública tradicional que financia el Estado. Es aquí donde se ven involucrados varios actores, instituciones y mecanismos con distintos grados de institucionalidad y robustez financiera.

La elección de los mecanismos de financiamiento para nuevas obras es fundamental, ya que determina de qué manera las cuentas públicas van a repartir el esfuerzo fiscal en el tiempo y la posibilidad de realizar los desembolsos de manera eficiente.

El presente documento analiza tres mecanismos de financiamiento de la obra pública: el sistema tradicional del Estado a través del presupuesto nacional, los préstamos blandos bilaterales con países que financian de forma directa obras en el país y los programas de Participación Público-Privada (PPP). Si bien este último abarca una amplia gama de modalidades, el análisis limita su alcance a la luz de los contratos previstos en la ley 27.328 del 2016. Cada uno de estos mecanismos tiene observables ventajas y desventajas, que serán abordadas en el documento para su comparación sistemática.

Los instrumentos de financiamiento conviven con diversos problemas que los condicionan. Estos inconvenientes son la coexistencia de un déficit crónico de cuentas públicas, constante inestabilidad económica e institucional, que incluye crisis de deuda de recurrentes, depreciación de la moneda y la interrupción de contratos en el marco de la emergencia pública, que eleva los riesgos que enfrenta la inversión del sector privado en el país. Estas variables conducen a un desempeño económico bajo de los préstamos blandos y de las PPP.

Además de estas barreras a la inversión, se agregan otras como por ejemplo la falta de planes sectoriales en los gobiernos que orienten las inversiones, la escaza implementación de buenas prácticas internacionales en los contratos y legislaciones locales, la dificultad para alocar correctamente los riesgos de los proyectos entre el Estado y el financiador y la ausencia de políticas públicas eficientes para el desarrollo de la infraestructura.

La experiencia internacional y los puntos débiles de los mecanismos de financiamiento disponibles descubiertos en la comparación realizada en el presente documento, arrojan algunos puntos clave. En primer lugar, la necesidad de fortalecer marcos normativos e institucionales para canalizar el financiamiento internacional y local destinado a infraestructura. En segundo lugar, robustecer iniciativas de transparencia que nivelen la información a lo largo de los tres mecanismos analizados. Finalmente, todos los mecanismos requieren de condiciones macroeconómicas estables y previsibles, además de una planificación sectorial a lo largo de todos los ministerios que ejecuten planes de inversión en infraestructura.

La “otra” política previsional. El ahorro previsional voluntario y los seguros de retiro.

Publicado en septiembre de 2021

La política previsional tiene como principal objetivo proteger a las personas cuando salen del mercado laboral por haber alcanzado una edad determinada (vejez), por sufrir un menoscabo transitorio o permanente en la posibilidad de trabajar (invalidez) o a los derechohabientes en caso de muerte del trabajador o del beneficiario de una prestación previsional (sobrevivencia). Las herramientas posibles para alcanzar este objetivo son múltiples y las decisiones que las autoridades tomen al respecto tendrán impactos directos en dimensiones tales como la cobertura del sistema, la suficiencia de los beneficios, la sustentabilidad de sus finanzas, la equidad entre los participantes y la eficiencia institucional con que se implementan.

Dado que se trata de una política que busca ofrecer protección al conjunto de la población y que su diseño sigue principios cercanos a los de los esquemas de aseguramiento colectivo, es razonable buscar que las condiciones en las que los distintos ciudadanos participan del sistema sean razonablemente uniformes, así como minimizar la fragmentación institucional o financiera. Sin embargo, también parece legítimo que, por distintas razones, algunos individuos o grupos de estos aspiren a percibir, una vez retirados del mercado de trabajo, beneficios superiores a los determinados por los esquemas previsionales públicos. Para satisfacer esta demanda y, a la vez, mantener condiciones institucionales, de sustentabilidad y equidad razonables, el ahorro previsional voluntario puede tener un rol relevante. Este es un mecanismo que permite a las personas ahorrar por sobre lo cotizado obligatoriamente, aumentando así el monto de la pensión.

El interés por acumular ahorro voluntario no solo es legítimo sino que, desde el punto de vista de la sociedad, es deseable por sus efectos macroeconómicos. Por ello, es necesario que el Estado facilite y promueva el desarrollo de instrumentos de este tipo, asegurando la confiabilidad de los mismos mediante esquemas de regulación y supervisión adecuados.

Tanto la literatura como la experiencia internacional muestran que incorporar este tipo de esquemas en los sistemas previsionales es posible. Las experiencias de esquemas de ahorro voluntario en Argentina han tenido resultados poco alentadores, en buena parte debido a problemas macroecónómicos y a esquemas de supervisión insuficientes.

Sin embargo, es posible promover el desarrollo de estos instrumentos para responder a demandas específicas individuales, así como una alternativa a las demandas por regímenes de excepción que periódicamente se formulan ante las autoridades correspondientes. El documento presenta algunos principios que deberían guiar a esquemas de este tipo, para ser exitosos en sus objetivos.

Sistemas de alerta temprana en la educación secundaria: prevenir el abandono escolar en la era del COVID-19

Publicado en septiembre de 2021

Una de las medidas centrales de los gobiernos para reducir la circulación del COVID-19 fue la suspensión de la presencialidad educativa durante 2020 y parte de 2021. Esta respuesta fue casi universal, pero se proyecta que su prolongación en el tiempo, junto con el deterioro social y económico provocado por la crisis sanitaria, tendrán efectos adversos muy importantes en América Latina y el Caribe sobre la escolarización de los niños, niñas y adolescentes.

Uno de los efectos más preocupantes es el aumento del abandono escolar: en 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe podrían abandonar sus estudios como consecuencia directa de la pandemia. El 90% de ellos son estudiantes de la educación secundaria, lo que significaría un retroceso en el acceso a ese nivel educativo de casi una década en el grupo de jóvenes de 15 a 17 años. El aumento del abandono escolar se explicaría principalmente a partir de la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes, especialmente de los grupos más vulnerables, y por un deterioro de la situación socioeconómica de las familias que podría resultar en una mayor participación de los adolescentes en el mercado de trabajo en detrimento de la asistencia a la escuela.

Esta proyección también concierne a la Argentina, donde incluso en 2021 hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistieron a la escuela de manera presencial. En 2020, 4 de cada 10 estudiantes del nivel secundario tuvieron una vinculación débil con la escuela, caracterizada por, como máximo, dos actividades por semana sin devolución del docente, o una sola actividad semanal con supervisión docente. Sumado a esto, el tiempo que los adolescentes dedican al trabajo aumentó desde el inicio de la pandemia, ya sea en el hogar o fuera de él, debido a la pérdida de ingresos de los hogares, y se ha deteriorado la salud psicológica de los adolescentes en la pandemia. Este escenario refuerza la necesidad de implementar acciones para apoyar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, reinsertar a aquellos que hayan abandonado sus estudios y garantizar la terminalidad del nivel secundario.

Los sistemas de alerta temprana (SAT) para la prevención del abandono escolar son una de las acciones más recomendadas por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares. Un SAT es una herramienta vinculada a los sistemas de información educativa para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Se basa en la presencia de factores específicos que contribuyen o anticipan al abandono. Esta identificación permite organizar acciones para apoyar la permanencia en la escuela mediante estrategias e intervenciones para atender problemáticas específicas.

En Argentina hay algunos desarrollos incipientes de modelos de SAT. Sin embargo, su implementación requiere acelerar la consolidación de los sistemas de información para la gestión educativa a nivel nacional y de las jurisdicciones, para que reporten datos de calidad a nivel del estudiante, con registros individualizados y digitalizados. El desarrollo de estos sistemas demanda, de manera paralela, el diseño y acuerdo sobre un marco sólido de protección de los datos personales y estrategias de interconexión y aprovechamiento de otros sistemas de información, por fuera del sector educativo.

El estado del Estado en Argentina. ¿Qué hace, cuánto mide y cómo gasta el sector público nacional?

Publicado en septiembre de 2021

Parte de la expectativa del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015 estuvo centrada en las decisiones que tomaría la nueva administración sobre el sector público. Luego de haber experimentado, como veremos, varios años de crecimiento en su estructura, el Estado volvía a estar bajo la lupa.

A lo largo de este documento analizaremos los cambios y continuidades experimentados por el Sector Público Nacional entre 2015 y 2016. Bajo diferentes perspectivas –estructura organizacional del aparato estatal, empresas públicas, empleo público, alta dirección pública, género, y presupuesto– analizaremos cómo se transformó el Estado con el cambio de gobierno.

GPS del Estado, el monitor del Estado desarrollado por CIPPEC y ASAP, encontró las siguientes particularidades en esta transición:

  • La estructura del sector público nacional creció, especialmente a nivel de la administración centralizada con su consecuente expansión de cargos políticos.
  • Se mantuvieron las estructuras de organismos descentralizados, hubo un leve ascenso en cantidad de empresas estatales y se incrementaron los fondos fiduciarios.
  • Después de 8 años de crecimiento a una tasa promedio del 4% anual (aproximadamente 20 mil nuevos puestos por año), el empleo público nacional detuvo su crecimiento y se contrajo levemente (-0,4%) . Sin embargo, en provincias y municipios el empleo público continúa la marcha ascendente registrada en los últimos años.
  • En 2016 continuó la tendencia de nombrar miembros de la Alta Dirección Pública bajo el formato de “asignación transitoria de funciones superiores”, exceptuando a los designados de someterse a los procesos de concurso y por ende de los requisitos formales para acceder a estos cargos.
  • Se produjo un descenso en la designación de mujeres en cargos ministeriales y de alta dirección pública y un leve ascenso en su designación a cargo de secretarías y subsecretarías, conservando una tendencia de segregación horizontal que refuerza su presencia en áreas feminizadas del Poder Ejecutivo.