Publicado en mayo de 2024

Esta publicación sistematiza el estado de situación sobre la disponibilidad de sistemas nominales de información en las distintas jurisdicciones de Argentina, los desarrollos de sistemas de alerta temprana en algunas provincias y el grado de avance en iniciativas que permitan hacer uso de los sistemas de información para el diseño de intervenciones acordes a las necesidades de los distintos estudiantes.  

El presente documento integra la serie SABER LOCAL, un conjunto de publicaciones impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sistematizar y visibilizar experiencias subnacionales y nacionales que enriquezcan el diálogo regional. Creemos que identificar problemáticas comunes en distintos países de la región es una oportunidad para hacer circular el conocimiento y diseñar políticas educativas territoriales en base a la socialización de las lecciones aprendidas.  

La compleja articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones demanda construir una visión común que garantice el derecho a la educaci6n de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto supone que el Estado nacional asuma el rol de coordinar las políticas educativas nacionales de apoyo a las jurisdicciones, respetando lo particular y promoviendo el desarrollo de políticas educativas ajustadas a las necesidades específicas de cada territorio, alentando a su vez el desarrollo de experiencias pedagógicas singulares. En este sentido, las desigualdades sociales, de origen territorial, de distancias y de ruralidad se suman a las disparidades regionales en los niveles de inversión educativa y gasto por alumno, desafíos inherentes al federalismo educativo que demandan apoyos diferenciados según las jurisdicciones, y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Un modo de contribuir a la consolidación del federalismo educativo supone ampliar la mirada, darle visibilidad a las producciones y estudios de las diversas jurisdicciones, propiciando la circulación de experiencias para estimular una construcción colectiva que involucre dinámicas a nivel global, regional, nacional, provincial y local. 

Ante estos desafíos compartidos y la urgencia de actuar, es crucial establecer un espacio para el intercambio de experiencias: SABER LOCAL es una serie de publicaciones impulsadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca sistematizar y visibilizar experiencias subnacionales y nacionales, enriqueciendo el dialogo regional. La identificación de problemáticas comunes en distintos países de la región es una oportunidad para hacer circular el conocimiento y diseñar políticas educativas territoriales en base a la socialización de las lecciones aprendidas. En este sentido, el BID reconoce, entre sus líneas de acción prioritarias, el fortalecimiento de los sistemas de gestión e información educativa (SIGED) que permiten mejorar la eficiencia en la gestión del sistema educativo en términos de: (i) disponibilidad de información oportuna y de calidad, (ii) fortalecimiento de las trayectorias de los y las estudiantes, y (iii) gasto inteligente. 

En los sistemas educativos de la región se identifican desafíos compartidos con relación a dos condiciones estructurales. La primera, respecto de la infraestructura tecnológica, muestra mejoras en la conectividad y equipamiento, aunque persisten problemas asociados a la falta de interoperabilidad entre los sistemas, que en muchos casos fueron creados en forma fragmentada como respuesta a problemas parciales. 

Además, la ausencia de protocolos y estándares de seguridad genera falta de confianza y, en ocasiones, limita el uso de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, en términos de la gobernanza e institucionalidad, hay una limitada disponibilidad de recursos humanos y financieros destinados al fortalecimiento de los SIGED, a la vez que se identifica una falta de visión estratégica acerca del modo en que debieran integrarse los sistemas informáticos en una plataforma de gestión del sistema educativo. Finalmente, todavía sigue siendo limitada la explotación y uso de la información generada por los SIGED. A lo largo de 2023, el BID ha impulsado –juntamente con la Sociedad Argentina de Investigaci6n en Educaci6n (SAIE) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)– cuatro encuentros de intercambio sobre esta temática, que revelaron que muchos de estos desafíos identificados a nivel regional también están presentes en Argentina. 

Las enormes disparidades a nivel territorial y al interior de cada jurisdicci6n en relación a los resultados de las evaluaciones de los aprendizajes en todos los niveles educativos -y, en particular, la permanencia y fnalizaci6n del nivel secundario-, evidencian la necesidad de contar con sistemas de protección de trayectorias educativas que permitan identificar las necesidades singulares de cada estudiante, para poder ofrecer los apoyos diferenciados que garanticen una educación de calidad para todos. La presente publicación sistematiza el estado de situación en la disponibilidad de sistemas nominales de información en las distintas jurisdicciones de Argentina, los desarrollos de sistemas de alerta temprana en algunas de las provincias y el grado de avance en iniciativas que permitan hacer uso de los sistemas de información para el diseño de intervenciones acordes a las necesidades de los distintos estudiantes. 

Publicado en abril de 2024

Producto del cambio climático, la región de Cuyo en Argentina atraviesa un agravamiento del déficit hídrico, variaciones en las precipitaciones y aumento en la frecuencia, duración e intensidad de olas de calor. Estas tendencias climáticas presentan desafíos significativos para la salud y la calidad de vida de las personas, a la vez que amenazan la sostenibilidad urbana en el mediano y largo plazo. Especialmente al tener en consideración que se espera que en el futuro estos cambios en el clima se profundicen y que sus impactos se agraven.  

Un contexto tan apremiante como este obliga a las ciudades a establecer planes locales de acción climática ambiciosos, redoblar esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental, mejorar la articulación interna entre políticas climáticas y la planificación territorial local, y establecer mecanismos que garanticen el financiamiento de la agenda climática de la ciudad. También resulta indispensable establecer alianzas que permitan generar sinergia con otras instituciones. Y por supuesto, revisar los esfuerzos realizados, robustecer las fortalezas y perfeccionar aquellas áreas con oportunidades de mejora. 

Con el espíritu de asistir gobiernos locales en analizar y mejorar los esfuerzos climáticos locales, el programa de Ciudades de CIPPEC desarrolló una ‘Matriz de Análisis de la Acción Climática Urbana’ basada en 100 acciones clave en aras de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental. Esta matriz está compuesta por 100 indicadores distribuidos en tres pilares: (a) Adaptación (40 indicadores), (b) Mitigación (42 indicadores) y (c) Gobernanza y Financiamiento del Cambio Climático (18 indicadores) donde cada indicador hace referencia a una acción clave en cada uno de los pilares. La Matriz tiene por objetivo revisar los esfuerzos municipales realizados en materia de acción climática y cuantificar la cantidad de acciones estratégicas que efectivamente se ha logrado implementar. A partir del análisis de los resultados, es posible identificar áreas de mejora y proponer líneas de acción que fortalezcan la resiliencia climática y posibiliten un futuro más seguro y sostenible. 

Al aplicar la matriz de análisis a los esfuerzos realizados por Godoy Cruz, se observa que la municipalidad ha logrado impulsar e implementar 74 acciones clave. Este resultado estriba en el amplio rango de iniciativas implementadas y la variedad de temáticas trabajadas a lo largo de los últimos años por el municipio. Hay, sin embargo, espacio para la mejora, ya que se identifican otras 26 acciones clave pendientes de implementación. Concretar esto redundaría en niveles de sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana aún más altos para la ciudad y sus habitantes.  

Se observa, además, diferencias entre los tres pilares analizados. En el pilar de Adaptación Climática se implementaron 25 acciones clave sobre 40 posibles, una efectividad relativa de 62%. Este resultado se explica por buenos resultados en las categorías de sensibilización ante riesgos, gestión de la respuesta ante amenazas y esfuerzos en materia de mejorar el diseño urbano. En el pilar de Mitigación Climática se identificaron 35 acciones clave sobre 42 posibles, una efectividad relativa de 83%. Este puntaje tan alto se da principalmente gracias al amplio rango de iniciativas orientadas a la medición anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la reducción de emisiones derivadas de energía estacionaria en distintos sectores. El último pilar, de Gobernanza y Financiamiento Climática, muestra 14 acciones clave sobre 18 posibles, una efectividad de 78%. Este resultado se explica por logros en materia de financiamiento, articulación interinstitucional y comunicación de la acción climática.  

Si bien existen diferencias con respecto a efectividad relativa entre los diferentes pilares, es notable que en todos los sectores analizados existen acciones clave implementadas. Entre los puntos sobresalientes se pueden mencionar esfuerzos sostenidos orientados a bajar la huella de carbono, el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento, acciones relacionadas a la sensibilización frente a desastres y al abordaje integral de problemáticas relacionadas a la gestión de residuos sólidos urbanos. También hay áreas con oportunidad de mejora, como en el desarrollo de herramientas para la gestión del calor urbano, generar más y mejor información para la toma de decisiones o la realización de esfuerzos orientados a reducir la movilidad en transporte privado.  

A partir de esta evaluación y del análisis sobre las principales fortalezas y oportunidades de acción para el municipio, hacia el final del documento se formulan 34 acciones concretas agrupadas en ocho grandes recomendaciones, orientadas a diseñar nuevas iniciativas y fortalecer las ya implementadas. Las recomendaciones son las siguientes: 1) Fortalecer la resiliencia al calor extremo; 2) Consolidar la estrategia de generación y utilización de datos para informar los procesos de toma de decisiones; 3) Desarrollar una estrategia integral para la gestión de riesgos; 4) Potenciar el trabajo en conjunto con el sector privado para el desarrollo de cadenas productivas sostenibles; 5) Fortalecer las alianzas con la sociedad civil, academia y gobiernos para aumentar el alcance de la agenda climática; 6) Explorar nuevas iniciativas de financiamiento y transversalización de la acción climática; 7) Fomentar las estrategias de economía circular y de valorización económica de materiales recuperados; 8) Consolidar los esfuerzos hacia una movilidad activa y baja en carbono.  

Finalmente, se presenta un análisis costo-impacto de las acciones que ordena y prioriza las intervenciones, con el objetivo de sugerir una hoja de ruta hacia mayor sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana para el municipio de Godoy Cruz y sus habitantes. 

Publicado en enero de 2024

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) promueve la transparencia fiscal de las provincias argentinas desde hace 10 años. En forma anual, este índice evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. En este aniversario y en el marco de los 40 años de democracia, este documento busca destacar logros alcanzados en materia de transparencia presupuestaria provincial durante este período y reflexionar sobre las oportunidades de mejora a futuro. En este tiempo, el contexto en el que se evalúa la transparencia fiscal ha ido cambiando y el ITPP se ha ido adaptando al mismo.  

A lo largo de estos 10 años, la transparencia presupuestaria de las provincias argentinas ha mejorado, en promedio, en todas las provincias. Además, si bien persisten algunas diferencias de desempeño, la mejora es cada vez más generalizada y con menor dispersión entre las provincias, lo que significa una mejora en el acceso a la información en todas jurisdicciones.  

Específicamente, se registraron mejoras destacadas como un menor rezago temporal en la publicación de información, más provincias publican la Cuenta de Inversión y el impacto de institucionalizar los procesos de transparencia, como se observa en la publicación de la Cuenta de Inversión o del detalle de la deuda por acreedor. Sin embargo, aún hay procedimientos que no se cumplen mayoritariamente, como la publicación de presupuesto o proyecto de presupuesto del año entrante, la publicación del detalle de las transferencias a los municipios de su jurisdicción o el hecho de que aún hay provincias que no publican un Presupuesto Ciudadano a pesar de la importancia que este tiene para la ciudadanía.  

Estos hallazgos son posibles gracias al relevamiento sistemático de la transparencia presupuestaria provincial que CIPPEC hizo durante diez años y continúa haciendo al día de hoy. El hecho de que un gobierno transparente las cuentas públicas habilita a que tanto la ciudadanía como los otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se llevan adelante con los fondos que provienen de los impuestos y endeudamiento público. Por esa razón, la transparencia presupuestaria de un gobierno es fundamental para fortalecer la toma de decisiones, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la asignación de fondos. 

Con este informe aniversario, buscamos resaltar los logros y aprendizajes, de modo de seguir incentivando a los gobiernos provinciales a adoptar prácticas de transparencia fiscal con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía de todo el país a acceder a información pública confiable y oportuna y así consolidar a futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia. 

Publicado en diciembre de 2023

La infraestructura pública es la inversión en distintas estructuras que permiten sostener bienes y servicios públicos. Durante las últimas décadas, el sector pasó por varias reformas que mejoraron su control, su transparencia de cara a la ciudadanía y su gestión por resultados. 

Entre 2015 y 2022, el promedio de inversiones en obras como porcentaje del PBI fue de 1,74%. Alcanzó el punto más alto en 2015 de 2,57% y el más bajo en 2019 con 1,19%. Tomando las inversiones a nivel regional durante la última década, específicamente en infraestructura económica descendieron en casi un punto, de 2,5 a 1,8 promedio en América Latina en 2019. Ese año, las tres principales economías de la región –Argentina, Brasil y México– destinaron en promedio un 1% del PBI a estas inversiones. En Argentina, el sector responde a las tendencias de la economía, que se vio atada a ciclos de crecimiento y recesión en los últimos años, así como a una fuerte restricción externa. 

En este contexto, la planificación y el financiamiento de infraestructura pública tienen un rol clave para la dinámica del sector. Mientras que las herramientas para planificar son varias, la práctica a menudo difiere de los objetivos propuestos en cada plan de inversión. Influyen en este proceso el seguimiento de proyectos, el contexto económico de cada año y las prioridades de gestión. Sin embargo, otro elemento clave es el financiamiento, es decir cómo se obtienen los fondos para esas inversiones.  

El financiamiento externo de organismos multilaterales y de países a través de convenios bilaterales viene asumiendo un rol creciente: mientras que en 2015 representaban el 9% de la masa de inversiones, en 2023 representan el 24%. La gestión de fuentes alternativas a los fondos nacionales permite una respuesta a las restricciones presupuestarias y externas del país, pero también representa desafíos de planificación. Es fundamental que los fondos externos se implementen en iniciativas estratégicas y críticas para la Argentina. 

En este documento se analiza la dinámica de la inversión en infraestructura, las herramientas y prácticas de planificación, así como las fuentes de financiamiento externas como organismos multilaterales o instituciones bilaterales. La dinámica de los últimos años brinda un panorama de cómo aprovechar y hacer eficiente las inversiones que reduzcan las brechas de infraestructura en Argentina. 

Los principales hallazgos del documento señalan que las fuentes de financiamiento son diversas y pueden aprovecharse para complementar fondos públicos, pero deben encontrar una planificación clara y realizable. Durante los últimos años esta planificación se propuso objetivos que cambiaron en la ejecución y el financiamiento se destinó a varios sectores. El análisis de brechas –tanto sociales como estratégicas–, así como una gestión coordinada de fuentes de financiamiento, contribuyen a una mejor gestión de la infraestructura pública.