La política habitacional en Argentina. Una mirada a través de los institutos provinciales de vivienda

Publicado en junio de 2019

En Argentina, tres millones y medio de familias –alrededor de un tercio de la población del país- no tienen una vivienda adecuada. Frente a este panorama, tanto el diseño como la implementación de la política de vivienda son instancias clave para revertir las desigualdades estructurales.

En las últimas décadas, para afrontar el creciente déficit habitacional, las provincias han adaptado las políticas de vivienda a sus presupuestos locales. El desarrollo ha concluido en la provisión de menos respuestas habitacionales y de menor calidad. Este fenómeno tuvo a su vez como resultado procesos de urbanización poco sostenibles en el largo plazo, por un lado, y el aumento de las desigualdades entre los distritos ricos y pobres, por el otro.

Por este motivo resulta fundamental estudiar cuál es la situación actual de cada una de las provincias argentinas y qué aspectos de la gestión de la política de vivienda pueden mejorarse para afrontar el déficit habitacional.

Entre los resultados del presente documento se destaca que entre 2017 y 2018, los fondos disponibles para los institutos de vivienda provinciales se redujeron un 24%. Esta situación supone un verdadero desafío, puesto que los organismos subnacionales dependen fuertemente de los recursos que el Estado nacional les transfiere. De hecho, en la mayoría de los casos, dichos fondos representan más del 50% de sus ingresos. Este dato cobra aún más relevancia cuando se considera que se necesitan alrededor de 400.00 millones de pesos para revertir los déficits de sólo seis provincias del país.

Gráfico sobre el déficit habitacional. Provincias de Mendoza, San Juan, Chaco, Misiones,, La Rioja y Neuquén

 

Este trabajo ofrece un diagnóstico preciso sobre la situación habitacional actual de las provincias argentinas a partir del análisis de información cualitativa y cuantitativa. Representa un aporte para mejorar la gestión de la política de vivienda, fundamentalmente a través de la definición de las principales problemáticas de acceso en las provincias, así como de procesos de gestión de los institutos, de la revisión de las relaciones institucionales dentro del sistema federal, y del relevamiento de las condiciones presupuestarias y de producción.

A partir del análisis se concluye que es necesario poner el énfasis en solucionar el desequilibrio que presentan las provincias a la hora de garantizar el acceso masivo a la vivienda. Con ese fin, es necesario proveer soluciones que respondan a las necesidades de los distintos sectores sociales, con foco en aquellos más vulnerables.

Al mismo tiempo, resulta fundamental definir herramientas para la regulación del territorio y la producción del espacio urbano disponible, formar y capacitar recursos humanos para impulsar actividades acordes a las necesidades y procesos de cada distrito, como también generar más instancias colaborativas de debate y construcción de políticas de vivienda que reúnan a los actores involucrados desde un enfoque metropolitano.

Argentina: Informe de progreso de políticas de primera infancia

Publicado en junio de 2019

La primera infancia constituye un período crítico en el desarrollo de una persona. Hallazgos recientes de diferentes campos de estudio dan cuenta de la relevancia que tienen estos pocos años en la posibilidad de las personas para ejercer plenamente sus derechos, lograr una inserción social y laboral de calidad y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (Repetto, Díaz Langou, Aulicino, De Achával, y Acuña, 2016). Desde la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a la estructura normativa nacional, Argentina avanzó en la readecuación de sus regulaciones para dar cuenta de los niños y niñas como sujetos plenos de derecho. Su garantía es responsabilidad conjunta de todos los sectores de la sociedad pero reside, en última instancia, dentro del mandato del Estado.

La Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia fue firmada en noviembre de 2017 en Bogotá por representantes gubernamentales de 11 países, organismos de cooperación multilateral, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Supone un marco único para avanzar en el fortalecimiento de las políticas destinadas a la primera infancia en Argentina. La agenda se organiza en cuatro acuerdos de áreas a priorizar: (1) intersectorialidad y financiamiento; (2) calidad de los servicios de desarrollo infantil; (3) medición del desarrollo infantil; y (4) colaboración y alianzas. La intención es fomentar la colaboración y el intercambio en los procesos de reformas institucionales para el fortalecimiento de las políticas de primera infancia de los estados de la región.

Este informe de monitoreo se propone dar cuenta de los avances de Argentina en las cuatro dimensiones que propone la Agenda e identificar los problemas y desafíos pendientes que es necesario abordar de manera urgente. Se utilizaron como insumo los resultados de un taller de discusión en el que 40 organizaciones que trabajan en distintas jurisdicciones con niños y niñas debatieron y compartieron su visión acerca de la situación de la primera infancia en Argentina.

Aunque recientemente el Estado argentino avanzó en una agenda de políticas destinadas a este grupo poblacional, persisten enormes desafíos para alcanzar políticas integrales. Las políticas públicas reproducen la lógica sectorial que organiza al Estado en compartimientos estancos, con poca articulación entre niveles y sectores de gobierno, lo que atenta contra una atención verdaderamente integral y basada en la perspectiva del niño y la niña como sujetos de derecho (Cardini, Díaz Langou, Guevara, y De Achával, 2017).

Situación de la Primera Infancia en Argentina

A pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la situación de las niñas y los niños de cero a cinco años evidencia grandes desafíos en términos de pobreza, salud, nutrición y acceso a servicios de crianza, enseñanza y cuidado. Estos desafíos tienen un origen estructural y no han podido ser resueltas en las gestiones de los gobiernos recientes. En consecuencia, el cambio institucional en las dimensiones que se verán reflejadas en el informe deberá, necesariamente, ser transformador.

A pesar de que la pobreza medida por ingresos bajó para todos los grupos poblacionales desde la recuperación de la crisis económica y político-institucional de 2001, la relación entre la proporción de adultos pobres y de niños pobres aumentó desde 2003, fenómeno conocido como infantilización de la pobreza. En el primer trimestre de 2003, la ratio de infantilización de la pobreza era de 1,42 y creció hasta alcanzar 1,73 en el segundo semestre de 2018 (Encuesta Permanente de Hogares, INDEC).

En cuanto a la situación de la salud, Argentina muestra una tasa de mortalidad infantil de 9,7 cada 1000 nacidos vivos, muy por debajo de la mayor parte de los países de América Latina, con la excepción de Uruguay (8) y Chile (7) (DEIS, 2018). Sin embargo, Argentina no se desempeña tan bien cuando se exploran otras dimensiones. Según la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2005), 1,3% de los niños entre 6 meses y 5 años padecía emaciación (también llamada desnutrición aguda), 2,1% presentaba bajo peso y 8% baja talla. A su vez, en este rango etario, 10,4% de los niños eran obesos.

Respecto a la cobertura de los servicios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC), el último dato disponible informa que apenas 32% de los niños de cero a cuatro años asiste a algún tipo de oferta (MDS-UNICEF, 2012). Este porcentaje esconde grandes disparidades. En el quintil de menores ingresos, solo el 21% de los niños asiste, mientras que en el de mayores ingresos la cifra llega a 52%. A su vez, existen disparidades a nivel regional: en la Ciudad de Buenos Aires 62% de los niños asiste a un espacio CEC, mientras que en el nordeste argentino lo hace apenas 16%. A lo anterior se agrega la franja etaria: mientras más pequeños son los niños, menor es su acceso a la oferta CEC.

Este breve repaso de la situación de la primera infancia en Argentina da cuenta de la importancia de avanzar en el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a este grupo etario, con particular énfasis en cuestiones vinculadas con la integralidad y la calidad de las prestaciones.

 

 

¿Cómo diseñar metas e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas públicas?

Publicado en junio de 2019

Una gestión pública de calidad necesita desarrollar políticas basadas en evidencia. La producción y el uso de evidencia y conocimiento como insumos para tomar decisiones son un rasgo crítico de las políticas públicas. Desde la identificación de los problemas, la planificación de las intervenciones, su seguimiento periódico, el reconocimiento de buenas prácticas y la sistematización de lecciones, la política pública usa y produce conocimiento. Así, la incorporación del monitoreo y la evaluación (M&E) y el manejo del conocimiento a las prácticas cotidianas de la Administración Pública puede generar muchos beneficios para estas organizaciones.

1. ¿Qué es la gestión por resultados?

Guía n°1: gráfico explicativo sobre qué es la gestión por resultados
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2. Monitoreo y evaluación 

Guía n° 2: explicación sobre qué es el Monitoreo y Evaluación
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3. Teoría de cambio

Guía n° 3: explicación sobre la Teoría de cambio
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4. Objetivos y metas. Elementos claves de una carta de navegación 

Guía n° 4: sobre los objetivos y metas - elementos claves de una carta de navegación
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5. Cómo construir indicadores 

Guía n° 5: sobre la construcción de indicadores
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Empleo, crecimiento y equidad. Impactos económicos de tres políticas que reducen las brechas de género

Publicado en mayo de 2019

Este trabajo fue elaborado por Gala Díaz Langou, Florencia Caro Sachetti, Matilde Karczmarczyk, Belén Bentivegna,y Santiago Capobianco

La equidad económica de género es indispensable para el efectivo goce de los derechos de las mujeres y también para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Este documento plantea, costea y analiza los impactos económicos sobre empleo, Producto Bruto Interno  y recaudación fiscal de tres políticas que pueden promover la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Así, busca reafirmar lo que ya demuestra la experiencia internacional y la literatura especializada de que existe una relación positiva entre la equidad económica de género y el desarrollo a nivel micro y macro.

En primer lugar, propone la ampliación de la oferta de espacios de crianza, enseñanza y cuidado, y pondera tres escenarios distintos que pueden pensarse en una secuencia gradual. El escenario de mínima inversión en esta política permitiría alcanzar una tasa de asistencia del 53% de los niños menores de 4 años, incrementando 20 puntos la cobertura actual. En el escenario de inversión media, la cobertura ascendería a 60%; y en el de máxima, a un 67%.

En segundo lugar, plantea la implementación de la jornada extendida en escuelas primarias hasta llegar al 30% de matrícula en el nivel estatal, de acuerdo al objetivo de que la Ley de Financiamiento Educativo (2005) definió para 2010 y permanece incumplido. Por último, propone la modificación del régimen de transferencias a las familias con niños y adolescentes hasta alcanzar la universalización de la cobertura y un incremento de los montos para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares por Hijo del sistema contributivo.

Cada una de estas políticas podría generar un aumento del empleo total de entre 0,7% y 6,4% – es decir, entre 132.700 y 1.285.000 puestos de trabajo nuevos- y alrededor de la mitad de los puestos creados serían ocupados por mujeres. Este porcentaje superaría el 60% en el escenario de máxima de la ampliación de la oferta CEC. Además, estas tres políticas tendrían un fuerte impacto sobre el crecimiento económico: el aumento total del PBI asociado a su implementación oscila entre 0,7% y 5,3%. La inversión bruta para implementar cada una de estas políticas va desde un 0,6% a un 3,6% del PBI. Sin embargo, las tres tienen una alta capacidad de repago: cerca de 60% de la inversión inicial se puede recuperar mediante la recaudación de impuestos.

Invertir en estas políticas permitiría avanzar en los objetivos de dos agendas estratégicas para el país: la de los derechos de la infancia y la de la equidad de género. Priorizar la expansión de los espacios CEC, la ampliación de la jornada extendida y la universalización de las transferencias puede parecer costoso y complejo, especialmente en épocas de inestabilidad económica. Sin embargo, son de las mejores inversiones que un país puede realizar para lograr una mayor equidad y garantizar un mejor futuro.