Uno de los grandes desafíos que enfrentan las ciudades argentinas es definir cómo van a crecer en los próximos años, articulando las necesidades de los diferentes actores urbanos, visualizando sus expectativas y promoviendo un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible.

La mayoría de las ciudades argentinas cuentan con documentos de planificación que analizan y regulan el crecimiento y desarrollo de los aglomerados. Pero estas planificaciones no siempre se traducen en acciones concretas o no se implementan efectivamente en el territorio.

Es necesario entonces pensar nuevas estrategias de planificación urbana y generar nuevos métodos de abordaje que superen la etapa de diseño y aseguren la implementación de los proyectos.

La planificACCIÓN

La planificACCIÓN es una propuesta metodológica de planificación urbana que busca ser superadora de la planificación urbana tradicional. Es una herramienta elaborada por CIPPEC para tomadores de decisiones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, que tiene como principal objetivo asociar la planificación a la acción.

La metodología de la planificACCIÓN está compuesta por cuatro etapas:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2016

La planificACCIÓN busca transformar la planificación en un proceso de desarrollo consensuado, con activa participación de los distintos actores locales. Para lograrlo, incorpora a la discusión a actores sociales que cuentan con diferentes grados de poder sobre la resolución de los problemas públicos, y promueve asociaciones público-privadas que mejoran la planificación y ejecución de políticas públicas en el largo plazo.

En los territorios en los que se ha comenzado a aplicar, los objetivos de esta metodología son:

• Ampliar el conocimiento sobre el aglomerado, generando evidencia empírica e identificando los desafíos institucionales, económicos, sociales y/o ambientales que se presentan para el desarrollo del área.
• Promover el diálogo y las redes de trabajo entre los principales referentes del aglomerado, consolidando la cooperación y el compromiso del ecosistema de líderes locales.
• Impulsar proyectos que generen impactos en el área metropolitana, basados en la innovación y el espíritu emprendedor.
• Potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia urbana, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana.

La experiencia de Bahía Blanca

La primera experiencia de aplicación de la planificACCIÓN se realizó durante 2016 y 2017 en Bahía Blanca donde se definieron dos proyectos:

• Gestión de riesgo para emergencias naturales, ligado a la resiliencia urbana.
• Construcción de un corredor verde entre el parque de las esculturas y el puerto en la zona de Ingeniero White, ligado al tema de hábitat.

Estos proyectos se encuentran actualmente en fase dos de la planificACCIÓN. La metodología de trabajo durante esta etapa es la de scrum management, que consiste en el desarrollo de espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, con el objetivo de poner en común saberes generados a partir de la experiencia, y potenciar a través de la participación, la apropiación y construcción colaborativa de los proyectos seleccionados para el área metropolitana.

Esta primera experiencia demuestra que empoderar a actores sociales, promover lógicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se traducen en acciones concretas en el corto y mediano plazo, y que pueden prolongarse en el largo plazo.

De esta manera, la planificACCIÓN permite superar las dificultades que la planificación tradicional puede acarrear en el desarrollo sustentable de los aglomerados urbanos, al mismo tiempo que empodera y compromete al colectivo social en la definición de las decisiones públicas.

Nuevas experiencias de planificACCIÓN

Actualmente la planificACCIÓN se está implementando en cinco áreas metropolitanas argentinas que fueron seleccionadas a través un concurso y con un criterio de representación regional: Puerto Madryn (Patagonia), el área metropolitana de Mendoza (Cuyo), el Gran Catamarca (NOA), el área metropolitana de Resistencia en Noreste (NEA) y Córdoba (Centro)

El proceso de aplicación tiene diferentes grados de avance en cada aglomerado y las características de cada uno han sido diferentes en términos de la participación sectorial, los componentes del diagnóstico y los proyectos seleccionados, entre otros.

Cronograma de implementación de la planificACCIÓN en cinco áreas metropolitanas argentinas (2017 – agosto 2018)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2018

¿Qué nos demuestran estas experiencias de planificACCIÓN?

La experiencia en la implementación de la planificACCIÓN en aglomerados de la Argentina con características diferentes permite comprender la importancia de llevar las ideas a la práctica en el marco de la planificación local.

Los cinco casos analizados, así como la experiencia previa en Bahía Blanca, demuestran que los actores locales están dispuestos a comprometerse, compartir sus conocimientos y participar en la toma de decisión pública.

Este acercamiento a la planificación impulsa a pensar a las ciudades en clave metropolitana, y permite advertir la creciente necesidad de innovar en la gestión y desarrollo del territorio. La urbanización de las ciudades produce impactos socio-espaciales y ambientales que exceden los límites tradicionales de los gobiernos locales y demandan dinámicas de coordinación interjurisdiccional e intersectorial.

Empoderar a los actores sociales, promover lógicas de coordinación y construir consensos sobre la base de conocimiento existente, genera dinámicas de planificación que se convierten en acciones. Estas tienen el potencial de traducirse en planes estratégicos de largo alcance, efectivos y exitosos, en el largo plazo.

El libro reúne documentos de política educativa publicados en el proceso del T20 Argentina durante el 2018. Realizados en el marco del Grupo de Trabajo “El Futuro del Trabajo y la Educación para la Era Digital”, esta producción propone recomendaciones orientadas a las prioridades educativas establecidas por el G20: el desarrollo de habilidades del siglo XXI y el financiamiento educativo.

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En 2018, la economía argentina habrá concluido otra década pérdida: el PIB per cápita a fines de este año será muy similar al que teníamos antes de que se iniciara la crisis financiera internacional en septiembre de 2008.

La contracción económica en curso se disparó a partir del “frenazo” del ingreso de capitales en mayo de este año. Si bien este respondió principalmente a factores externos, se manifestó con particular intensidad en países con mayor necesidad de financiamiento externo como el nuestro. La suba de tasas de interés en los Estados Unidos —desde niveles históricamente muy bajos— precipitó un cambio en las carteras de los inversores internacionales en detrimento de los activos de países en desarrollo y emergentes.

Evolución de las tasas de interés de Estados Unidos. Tasa objetivo de política monetaria (Fed Funds) y rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años (1985-2018)

Fuente: Elaboración propia en base a Federal Reserve Economic Data (FRED)

La retracción del financiamiento se reflejó en una rápida y fuerte suba del tipo de cambio, que llevó al  gobierno a negociar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar un overshooting cambiario –en que el tipo de cambio adquiriría un valor muy por encima del valor requerido para que la economía crezca sin que le falten dólares- y una potencial escalada de la crisis.

Crecimiento anual del PBI (2012 a 2023 proyectado)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, FMI, Ministerio de Hacienda y Finanzas, y REM (BCRA)

Evolución del tipo de cambio real mensual (1991-2018)

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE, FMI, INDEC, ECOLATINA, y BCRA

A partir del acuerdo con el FMI, el gobierno consiguió un volumen significativo de fondos a cambio de reformular su estrategia de política macroeconómica. Los ejes centrales de la nueva estrategia pasan por:

• acelerar el ritmo de corrección del déficit fiscal,
• fortalecer la hoja de balance del Banco Central y el régimen de metas de inflación, y
• dejar flotar al tipo de cambio, aunque reteniendo alguna capacidad de intervención.

Este conjunto de medidas y la disponibilidad de financiamiento a bajo costo no disiparán en el corto plazo el impacto del reciente cimbronazo cambiario. La retracción del financiamiento externo obligará a corregir el elevado déficit de cuenta corriente, que amenzaba con sobrepasar el 5% del PIB en 2018.

La corrección involucrará una caída del gasto agregado público y privado y, en consecuencia, una contracción en la actividad económica. El mecanismo principal será la aceleración de la inflación, la cual contraerá el poder adquisitivo de los ingresos privados, el consumo y la inversión.

La fase recesiva en la que nos sumergimos es una más de un prolongado ciclo de stop-and-go en el que se encuentra atrapada la economía argentina desde 2011. Las fases expansivas del ciclo ocurrieron en 2011, 2013, 2015, 2017 —coincidiendo con los años electorales— y las recesivas en 2012, 2014, 2016 y, probablemente, 2018.

Esta dinámica de crecimiento interrumpido es el síntoma de un desequilibrio persistente entre, por un lado, un alto nivel de gasto público y consumo privado y, por el otro, una limitada capacidad productiva de los sectores transables de la economía. En esta situación, cada intento por expandir el gasto deriva en un faltante de dólares que conduce a una crisis cambiaria que interrumpe el crecimiento.

Dejar atrás este ciclo y colocar a la economía en un sendero de crecimiento sostenido requiere potenciar a las actividades transables y así aumentar las exportaciones y la producción que compite con importaciones.

Esto demandará mantener al tipo de cambio real en valores, al menos, como el actual y diseñar políticas específicas de estímulo a sectores transables primarios, industriales y de servicios. Será necesario también corregir el sobredimensionamiento del gasto público y el déficit fiscal.

Para que estas correcciones sean justas, y social y políticamente sostenibles, es indispensable proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Cuatro de cada diez niños y adolescentes argentinos viven en situación de pobreza. La pobreza en la Argentina se concentra en las familias con niños y son estas las que están en situaciones más vulnerables.

En otras palabras, en la Argentina la pobreza está infantilizada: el porcentaje de niños que vive bajo la línea de pobreza es mayor que el porcentaje de población mayor de 18 años que vive en estas condiciones.

Pobreza e indigencia en niños y adultos. Aglomerados urbanos (1° trimestre 2018)

Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2018)

Distribución de grupos etarios por quintil de ingreso. Total aglomerados urbanos (1° trimestre 2018)

Fuente: CIPPEC, en base a EPH 2018, 1° trimestre

La infantilización de la pobreza, además, se está profundizando. Si bien en los últimos quince años la situación social promedio de la Argentina mejoró, este incremento fue mayor para los hogares sin niños que para los hogares con niños y adolescentes.

Evolución de la pobreza por grupo etario. Total aglomerados urbanos (2003-2018)

Fuente: CEDLAS-UNLP en base a EPH, INDEC

Los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida digno y revertir el escenario actual y garantizar este derecho exige que todas las familias con niños cuenten con ingresos suficientes para vivir dignamente.

¿Por qué son importantes las transferencias a la niñez?

La infancia y la adolescencia son períodos cruciales para el desarrollo de una persona. En la etapa prenatal y los primeros años de vida se forma gran parte de las habilidades mentales de las personas adultas, y en la infancia media se consolidan las neuronas responsables de la cognición, el lenguaje y las habilidades sensoriales.

La segunda infancia (5 a 12 años) y la adolescencia -período de transición entre la dependencia total y el desarrollo de la autonomía-, son cruciales también. En ese período, se producen transformaciones físicas y emocionales que permiten consolidar muchas habilidades y competencias necesarias para relacionarse y participar activamente en la escuela, el trabajo y las relaciones personales.

Cuando la pobreza está infantilizada, estas cuestiones contribuyen a que se repitan las condiciones de vida entre una generación y otra. Aquellos niños que crecen en un entorno empobrecido tienen mayores posibilidades de obtener resultados negativos durante la adolescencia y la adultez –en términos de su desarrollo cognitivo, desempeño académico, ingreso, salud, entre otras- y de ofrecerle, a su vez, menos oportunidades a la generación siguiente.

Las inversiones en capital humano tienen mayores tasas de retorno cuanto menor es la edad de la persona. Las políticas de desarrollo infantil temprano de calidad tienen una tasa de retorno a la inversión de hasta US$ 17 por cada US$ 1 invertido, según estimaciones del economista James Heckman publicadas por UNICEF en 2010.

Este argumento se sostiene tanto por los retornos de invertir como los costos de no hacerlo: algunas estimaciones muestran que el costo mundial que acarrea la falta de inversiones adecuadas en la primera infancia se encuentra en torno a un billón de dólares por año.

Invertir en la infancia es una crucial para aprovechar el bono demográfico. Dentro de la transición demográfica, Argentina se encuentra en una etapa denominada “bono demográfico”: es un periodo en el que hay un mayor número de personas en edad de trabajar por persona dependiente lo cual incrementa la capacidad económica y de generación de recursos de los países.

El fin de esta etapa –prevista en Argentina para 2040- implica que habrá una mayor proporción de adultos mayores en la población, lo cual reducirá sensiblemente la recaudación impositiva e incrementará los gastos asociados al sistema previsional.

Esta próxima fase trae consigo grandes desafíos.  El contexto en el cual se afronte esta etapa dependerá de si y cómo se logre aprovechar el actual bono demográfico para invertir en los más jóvenes e incrementar la potencial productividad de las cohortes futuras.

Tiene implicancias sobre la equidad de género. La manera en que una sociedad organiza las tareas de cuidado tiene implicancias significativas tanto para el ejercicio pleno de los derechos de los niños y adolescentes (muchas veces encargados del cuidado de los más pequeños), como para el logro de la equidad de género: aún hoy, las tareas de cuidado suelen quedar en manos de las mujeres.

Garantizar una vida digna a las familias con niños implica también ampliar el menú de posibilidades para satisfacer las necesidades del cuidado infantil y, eventualmente, reducir la sobrecarga actual que experimentan las mujeres. Esto podría contribuir a revertir la discriminación por género en el mercado laboral y, consecuentemente, generar ingresos adicionales en los hogares más vulnerables, en los cuales las tasas de actividad femenina son más bajas.

¿Qué transferencias hace el Estado a la niñez?

En Argentina, existen hoy tres vías por las cuales el Estado transfiere ingresos a las familias con niños y adolescentes, según la categoría ocupacional de sus padres.

Componentes del sistema de transferencias del Estado a niños y adolescentes (2018)

Fuente: CIPPEC en base a normativa vigente

En los últimos años, la Argentina logró importantes avances en las transferencias de ingresos a niños y adolescentes. Se buscó, desde un rol protagónico del Estado nacional, igualar derechos de los hijos de los trabajadores monotributistas, desocupados, o que se encuentran en la informalidad con aquellos de los trabajadores formales.

Entre las tres, se cubre casi al 90% de las familias argentinas que tienen niños. Sin embargo, el tipo de prestación y los requisitos que se deben cumplir para acceder y continuar recibiendo las transferencias son diferentes.

Las transferencias, ¿están dirigidas sólo a las familias más vulnerables?

Los ingresos percibidos por las familias no son una limitación para recibir transferencias del Estado. De hecho, la deducción del Impuesto a las Ganancias ha beneficiado históricamente esta medida a los sectores de ingresos medios-altos y altos, dado que no existe un tope al ingreso para realizar la deducción.  Actualmente el 92,6% de los individuos que pagan impuesto a las ganancias se concentran en los dos quintiles de ingresos más altos.

Así, los niños y adolescentes menores de 18 años cuyos padres se encuentran inscriptos como autónomos o trabajan en relación de dependencia y pagan impuesto a las ganancias por tener un ingreso superior a cierto monto pueden recibir una transferencia tácita del Estado mediante una deducción impositiva.

Esta transferencia es menos reconocida en el debate público porque se trata de un apoyo monetario indirecto: si bien no se transfiere dinero a los padres, la deducción permite pagar un menor impuesto, lo que conlleva a una disminución en la recaudación impositiva del Estado y así otorga un subsidio a estas familias en forma de reducción de la carga tributaria.

Cobertura de asignaciones monetarias a niños y adolescentes menores de 18 años y personas con discapacidad por tipo de asignación (2018)

Fuente: CIPPEC, en base a Boletín mensual de la AUH (abril 2018), ANSES

De los 13 millones de niños menores de 18 años, el 29% reciben AUH, el 39% AFH y un 5% reciben apoyo monetario a través de la deducción del Impuesto a las Ganancias. Del 27% restante, 13% se encuentra cubierto por AFH contributivas provinciales y 3% por pensiones no contributivas.

Pero todavía hay casi un millón y medio de niños (10% del total) que no reciben ningún tipo de transferencia, ya sea porque están excluidos por normativa u otros motivos (7%), o porque no tienen un adulto asociado en el registro y se desconoce su situación (3%). En su mayoría, estos últimos son niños de los sectores de menos ingresos.

¿Hay límites a la cantidad de niños cubiertos por las transferencias?

Mientras que para la deducción del Impuesto a las Ganancias, y para las Asignaciones Familiares por Hijo no hay un límite de niños por familia, la Asignación Universal por Hijo tiene un tope de cinco hijos por familia.

Este tope suele justificarse como un “desincentivo” a la fecundidad, aunque no hay evidencia concluyente que la apoye. Además, los datos administrativos muestran que el 51% de los titulares de la AUH solo tienen un hijo a cargo, mientras que solo un 2,3% del total tiene cinco hijos.

¿Qué le pide el Estado a las familias a cambio de las transferencias?

Los niños de padres que reciben asignaciones familiares o deducciones del impuesto a las ganancias no tienen que cumplir requisitos. La AUH, en cambio, está compuesta en 80% por una transferencia mensual y en 20% por un pago único a fin de año (la Ayuda Escolar Anual). Ese 20% se abona tras constatar que a los chicos de menos de cinco años se les hicieron los chequeos de salud y que los mayores de cinco asistieron a la escuela.

En este sentido y en pos de la equidad del esquema de transferencias, el cumplimiento de las corresponsabilidades debería ser exigido a todos los niños o procederse a la supresión de dicho requisito. La evidencia en nuestro país en favor de las condicionalidades en salud y educación no resulta contundente por lo que su eliminación sería el camino más acertado: en el plano educativo, si bien la implementación de la AUH habría contribuido a mejorar la tasa de asistencia escolar de los niños, este efecto resulta muy pequeño (debido a las elevadas tasas de asistencia previas al programa) y solo adquiere mayor relevancia para los varones de entre 15 y 17 años. Resultados similares se observan para la continuidad escolar y la tasa de graduación. Aunque el programa mostró efectos positivos sobre la retención, no habría logrado atraer al sistema educativo a aquellos niños más vulnerables que están fuera del mismo. Respecto a los efectos de la condicionalidad de salud, no se encuentran efectos sobre las consultas médicas ni en las razones por las que éstas no se realizaron.

Las corresponsabilidades también suponen una gran carga burocrática para las madres, dado que en el caso de la AUH alrededor del 98% de las titulares son mujeres. En este sentido, en caso de mantener la exigencia de cumplimiento, sería ideal avanzar en su automatización, en coordinación con los ministerios de Educación y Salud.