La competencia electoral legislativa suele crear la expectativa en la opinión pública de que podremos identificar un claro ganador de la contienda. Puede ser el presidente porque consolida su poder en el Congreso o un líder de la oposición que se anticipa como el challenger de las presidenciales. Sin embargo, es muy improbable que las elecciones 2017 consagren un único ganador nacional.

En primer lugar, porque la legislativa de mitad de mandato es una elección eminentemente provincial que tendrá ganadores y perdedores distritales. Es verdad que el oficialismo nacional puede utilizar recursos de poder de la presidencia para influenciar el armado de listas de candidatos provinciales, pero no existe el arrastre del nivel nacional al provincial que suele producir las presidenciales. Podría haber más arrastre allí donde los gobernadores deciden hacer las elecciones provinciales en simultáneo con las nacionales. Pero hay más incentivos para que los partidos ajusten su estrategia electoral en base a las oportunidades y riesgos que les dan los territorios políticos donde efectivamente compiten: el nivel local. Puede haber alianzas electorales con combinaciones similares en algunas provincias pero hay un grado importante de variación y alianzas cruzadas en distintas provincias que vuelve poco verosímil sumar votos a nivel nacional.

Segundo, porque es muy probable que la composición del Congreso de la Nación no se modifique sustancialmente: el oficialismo seguirá ostentando la primera minoría en Diputados y el Senado continuará dominado por el peronismo. De modo que, no parece estar en juego un fortalecimiento o debilitamiento legislativo del Presidente. Pero además, la configuración institucional actual del federalismo argentino podría generar mayores incentivos a la cooperación parlamentaria. Si los nuevos legisladores serán más cercanos y leales a los gobernadores que quienes terminan su mandato las delegaciones provinciales nuevas podrían ser más propensas a colaborar con la presidencia para lograr acuerdos e iniciativas conjuntas que beneficien la gestión de su gobernador.

En tercer lugar, es posible que los candidatos de la provincia de Buenos Aires y la CABA intenten nacionalizar las campañas. Sin embargo, suele ser un fenómeno porteño no aplicable al resto de los distritos cuyas campañas se limitan mayormente a temas locales. Además, la fragmentación y desnacionalización de la política argentina redujeron el poder de instalación de liderazgos nacionales de provincias como Buenos Aires, con mucho peso electoral e institucional. La división en tercios del electorado de la provincia de Buenos Aires muy difícilmente genere un ganador lo suficientemente claro como para presentarse de un modo convincente como el líder que podrá aglutinar el voto opositor en 2019.

Cuarto, las legislativas de medio término diluyen el peso del electorado de los centros urbanos (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) que suelen decidir las presidenciales y limita su influencia a cada distrito.

En suma, hay razones para sostener que los resultados electorales brindarán oportunidades a muchos candidatos distritales para considerarse ganadores de la elección y es muy probable que esos triunfos no modifiquen sustancialmente la configuración institucional y que se repartan entre los candidatos oficialistas y opositores. En ese contexto de fragmentación y paridad de fuerzas difícilmente las elecciones 2017 contribuyan a consolidar un liderazgo nacional.

Las elecciones 2017 serán, entonces, un fascinante laboratorio para el análisis político. Se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 diputados) y un tercio del Senado (24 senadores). Las 24 provincias elegirán diputados; 8 de ellas también escogerán senadores. En 13 provincias se escoge diputados provinciales. En 6 provincias también se elige senadores. Los electores de Corrientes y Santiago del Estero, provincias que modificaron sus calendarios electorales luego de las intervenciones federales de 1999 y 2005, votan para gobernador. El panorama de elecciones provinciales es heterogéneo: se elige distintos cargos, se utilizará diversas tecnologías de emisión y recuento de votos y se votará en distintas fechas.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se aplicarán por cuarta vez y se llevarán a cabo el 13 de agosto. Podremos observar si pueden contener y reducir la fragmentación, e investigar cuando las PASO estimulan la competencia interna y frente a qué contextos obstaculizan la competencia o empeoran tensiones internas dificultando su resolución. Una hipótesis a probar con nueva evidencia de las elecciones 2017 sugiere las PASO son más frecuentemente utilizadas para la formación de coaliciones que agregan liderazgos partidarios dispersos (suma positiva). Y que son eludidas o pueden volverse muy conflictivas para la disputa del liderazgo interno de un partido (suma cero). En este segundo caso, el líder que domina el partido enfrenta con las PASO mucho más riesgo que el challenger porque pierde el control del padrón de la elección.

En las provincias argentinas hay además diferencias en las reglas electorales y las formas de votación que invitan la observación de las diferencias. Como hemos argumentado desde CIPPEC, la forma de votar importa. El instrumento de votación tiene efectos sobre el comportamiento del elector debido a que cambia la presentación de las opciones electorales. En las elecciones 2017 para la elección de cargos representativos a nivel nación se utiliza el mismo instrumento de votación (boletas partidarias) pero para los cargos provinciales hay grupos de provincias que utilizan instrumentos de distintos tipos. Los ciudadanos de Santa Fe utilizan la boleta única por categoría. Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han implementado el voto electrónico. La Rioja vota con boletas partidarias. De modo que se puede dar el caso en Salta de que el ciudadano deba votar en la misma fecha para cargos nacionales con boletas partidarias y para provinciales con voto electrónico.

A poco más de un siglo de la creación del primer jardín de infantes del país, la oferta de educación inicial sigue siendo insuficiente y dispar.

La sala de cinco es obligatoria hace más de 20 años, la sala de cuatro hace dos años y se está debatiendo en el Congreso que la de tres años también lo sea. Sin embargo, garantizar la oferta es todavía un desafío, especialmente en los primeros años del jardín.

La cobertura de la sala de cinco es casi universal pero la de niños de cuatro años es muy dispar: en provincias como Tierra del Fuego y La Rioja asiste más del 90% de los chicos; mientras que en Tucumán o Formosa asiste poco más que la mitad. Para la sala de tres las diferencias son más marcadas: mientras la Ciudad de Buenos Aires posee una cobertura de más del 65%; en provincias como San Juan, Salta o Misiones no supera el 10%.

Las tres salas que integran el jardín maternal (45 días, un año y dos años) conforman una oferta educativa marginal en la mayoría de las jurisdicciones: en muchas (como Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca, San Luis y Córdoba), la participación de los niños no supera el 1%.

El déficit en la oferta es claro y contundente. A su vez, si se contempla que la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% —la más alta en el sistema educativo argentino— la ausencia estatal es aún más notoria. Pero, como las políticas para la primera infancia están atravesadas por tradiciones y posicionamientos socioculturales, religiosos, políticos y pedagógicos, las disparidades señaladas no son solo un reflejo de las políticas públicas sino también de las decisiones de las familias.

Hay que tener en cuenta, además, que el mapa de instituciones que se ocupa de los más chicos trasciende al nivel Inicial. Existen otras ofertas menos formalizadas y sobre la que hay menos información. Las iniciativas comunitarias (movimientos barriales, eclesiásticos o gremiales), jardines de gestión privada no incorporados a la enseñanza oficial y los Espacios de Primera Infancia (dependientes del Ministerio de Desarrollo Social) son algunos ejemplos.

En este escenario, ante todo, se necesita un diagnóstico certero de la distribución y las  características de la oferta de crianza, enseñanza y cuidado, especialmente para los niños menores de tres años, donde se encuentran los mayores déficits. Solo así podrá realizarse un plan para garantizar la oferta de vacantes y superación de las diferencias de acceso.

Pero no basta con garantizar el acceso y las cuestiones materiales (infraestructura, mobiliario y recursos didácticos). Para reducir las desigualdades y que la experiencia de los niños sea significativa, hace falta además establecer acuerdos respecto de qué debe aprender un niño a esta edad y cómo deben formarse y capacitarse los profesionales que trabajan con ellos.

Con posterioridad a la ola de privatizaciones de fines del siglo pasado, el Estado comenzó a incrementar gradualmente su participación en la actividad económica empresarial y, en consecuencia, recuperó su rol como productor de bienes y servicios a través de la creación y reestatización de empresas públicas. Este incremento no se produjo como un fenómeno aislado, sino en un contexto de metamorfosis del Sector Público Nacional (GPS del Estado, CIPPEC, ASAP).

Evolución de la estructura organizacional del Sector Público Nacional

Fuente: GPS del Estado, 2016

El Sector Público Nacional cuenta actualmente con 52 empresas públicas que se vuelcan a diversas actividades económicas. La Ley de Administración financiera (Nº 24.156) detalla en su artículo 8 que las empresas que forman parte del Sector Público Nacional son: “todas aquellas Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Si bien existe una multiplicidad de criterios para identificar y caracterizar a las organizaciones estatales empresariales, a los fines de este trabajo, entenderemos como empresas públicas a todas aquellas que cumplen con las siguientes características:

• Son de propiedad estatal (el Estado posee más del 50% de la participación accionaria, o más) o están de facto controladas por el Estado Nacional ,
• Producen bienes y servicios de manera directa, ya sea en el marco de un mercado liberalizado o en una situación de monopolio, y
• Tienen una misión pública explícita.

 Universo de empresas públicas nacionales por clasificación de actividad económica

Fuente: GPS del Estado, 2016

Las 13 incorporaciones de empresas públicas que se registraron en el período 2003-2015 reconfiguraron el universo de empresas públicas con un fuerte énfasis en la provisión de servicios de transporte, energía y comunicaciones.

Los regímenes jurídicos que puede adoptar una empresa pública configuran un mosaico muy heterogéneo.

Empresas públicas nacionales por clasificación jurídica

Fuente: GPS del Estado, 2016

Las diferentes formas jurídicas tienen diferentes implicancias sobre la composición del capital societario, accionistas y rendición de cuentas. Entre las formas jurídicas existentes, prevalecen las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades del estado, sociedades de economía mixta, empresas en liquidación, empresas binacionales, y empresas interestaduales.

Durante los gobiernos comprendidos entre 2003-2015 se incorporaron 13 nuevas empresas públicas a la órbita del Estado Nacional. 9 de ellas se instituyeron como sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 3 como sociedades del estado y 1 como empresa binacional. El impulso de la administración gubernamental hacia un mayor control sobre determinadas actividades económicas mediante la adquisición de paquetes accionarios mayoritarios, o creando sociedades anónimas (S.A.) y sociedades del estado (S.E.), y liquidando de manera definitiva algunas empresas residuales, alteró la composición jurídica de este universo. Si bien para diciembre de 2015, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria continuaban representando el 40% de las empresas públicas, las compañías en liquidación cayeron a un 13% y las sociedades del estado ascendieron a un 15%. La continuidad de la figura de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria como instrumento de gestión estatal empresarial predominante encuentra su fundamento en una serie de características que las vuelven particularmente atractivas:

• Las ventajas en cuanto a la participación de dividendos,
• Mayor poder de control sobre la dirección de la empresa
• Responsabilidad limitada (no recae exclusivamente sobre el Estado el costo de la inversión)
• Flexibilidad en la participación societaria y la dinámica de gerenciamiento (no se exige la realización de compras mediante licitación), entre otros.

No obstante, cabe señalar que la forma societaria que el Estado elija estará también vinculada al tipo de actividad económica en el que se busca participar.

El gobierno corporativo en las empresas públicas

En toda empresa no gestionada directamente por sus dueños, la cuestión central es cómo alinear el comportamiento de quienes la administran al mejor interés de los propietarios. Los estándares que fija la OCDE en este sentido son los principios de gobierno corporativo.

En el caso de las empresas públicas, estos incentivos y mecanismos de control cobran aún mayor relevancia, ya que la propiedad corresponde total o parcialmente al conjunto de la ciudadanía, y son empresas que desempeñan un rol primordial en el desarrollo de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Argentina inició recientemente el proceso de revisión de los estándares de gobierno corporativo en empresas públicas, cuyos resultados serán incluidos en el siguiente informe de la OCDE, el próximo octubre. ¿Qué se está revisando?

Para este tipo de empresas, que incorporan la dimensión del Estado como propietario, la OCDE desarrolló directrices complementarias a sus principios de gobierno corporativo. Estas son: las razones que justifican la propiedad pública en interés de los ciudadanos, el papel del Estado como propietario informado y activo, el marco jurídico y regulatorio que garantice la igualdad de condiciones y la competencia leal en los mercados, un tratamiento equitativo de los accionistas, las relaciones con partes interesadas y responsabilidad empresarial, la publicidad y transparencia, y las responsabilidades de los consejos de administración.

En nuestro país, los desafíos en esta materia son importantes. Si bien la mayoría de las empresas públicas realiza una planificación estratégica, sólo en uno de cada siete casos publican sus metas estratégicas, y en uno de cada cinco casos se encuentran accesibles los informes de gestión.

Empresas que publican sus metas estratégicas  |  Empresas que publican informes de gestión

Fuente: GPS del Estado, 2016

Por otra parte, muchas empresas estatales tienen directores calificados, con trayectoria pública y en su sector económico; sin embargo, la mitad no publica sus estatutos. Dentro de las que lo hacen, sólo el 16% establece requisitos para integrar sus directorios, y únicamente el 2% detalla cómo evalúa su desempeño.

Empresas que publican sus estatutos

Dentro del 44% de las empresas que publican sus estatutos:

Empresas con requisitos para sus directorios | Empresas con evaluación de desempeño

Fuente: GPS del Estado, 2016

Las empresas públicas pueden establecer reglamentos propios de compras y contrataciones, con las condiciones, requerimientos y controles, pero solo una de cada cinco lo publica. Por otra parte, tres de cada cuatro de las empresas que deberían ser inspeccionadas por la Auditoría General de la Nación fueron auditadas por última vez en 2013.

Empresas que publican sus reglamentos de compras y contrataciones

Fuente: GPS del Estado, 2016

Empresas inspeccionadas por la Auditoría General de la Nación con posterioridad a 2013

Fuente: GPS del Estado, 2016

A diferencia de la Argentina, hay países latinoamericanos que poseen leyes o decretos que regulan el gobierno corporativo en empresas públicas, tales como Chile y Brasil. Sin embargo, tal como acreditan otras experiencias en la región, como los casos de México, Perú y Paraguay,  un buen paso intermedio radica en consensuar un código de buen gobierno corporativo, que agrupe las mejoras prácticas en el tema, y que las empresas suscriban. Dado que los cambios culturales son tan importantes como los normativos, y a menudo más complejos, se recomienda que la realización del código sea un ejercicio participativo con los diferentes actores involucrados, tener en cuenta las experiencias internacionales y brindar participación a las propias empresas públicas, así como la realización de pruebas piloto. Después de todo, no se trata sólo de cumplir los estándares: incrementar la calidad de gobierno en las empresas públicas impacta directamente en la vida de todos los argentinos.

El ya clásico libro de Christian Baudelot publicado en 1994 se tituló “El nivel educativo sube”, y fue un estandarte científico para contradecir los constantes argumentos catastróficos sobre la educación. En base a numerosas evidencias el libro mostraba que el nivel educativo en Francia estaba en alza, no en baja. Señalaba también que esa mejora era heterogénea y que no reducía las desigualdades. Quedaba mucho por hacer.

El argumento central de esta nota sigue ese espíritu: es necesario usar el método científico para diagnosticar el estado de la educación argentina. Las evidencias muestran un diagnóstico donde el nivel educativo no empeora (incluso mejora), pero también que la educación está mal distribuida y, en términos generales, es de baja calidad. Para cambiar esto se requieren reformas profundas.

El Ministerio de Educación de la Nación publicó recientemente el primer informe de resultados de la prueba Aprender. Este dispositivo, tomado en 2016, continúa con los Operativos Nacionales de Evaluación de la calidad educativa (ONE) inaugurados en 1993. La prueba mantiene el carácter censal en el último año de secundaria y se distingue de las evaluaciones anteriores porque la cobertura es censal también para el 6° de primaria.

El carácter censal de la prueba Aprender es fundamental para devolver a cada escuela sus propios resultados contextualizados, permitiendo construir procesos de mejora a nivel institucional.

Los resultados del Aprender muestran una situación preocupante, en particular en matemática en el último año de la educación secundaria, donde apenas el 5% de los alumnos alcanzó un nivel avanzado y el 41% se situó por debajo del nivel básico.

En lengua el 9% de los alumnos alcanzó el nivel avanzado y el 23% estuvo por debajo del nivel básico, mientras en ciencias naturales fueron el 10% y el 17% respectivamente. Los mayores logros se alcanzaron en ciencias sociales, donde el 34% de los alumnos muestra un nivel avanzado.

La situación educativa de los alumnos del último año de secundaria es grave. Muchos de ellos egresarán sin las capacidades básicas para crear un proyecto de vida autónomo, se verán obligados a reproducir la profunda desigualdad y la intemperie social de los más vulnerables. Esto no puede ser naturalizado. Se trata de un proceso estructural de vulneración de derechos educativos que debe problematizarse en todas sus fuentes: desde las políticas sociales y económicas hasta las variables menos visibles del sistema educativo que nos llevan a las prácticas de enseñanza en las aulas, pasando por la formación y la carreras docente así como por el financiamiento educativo.

En la educación primaria los resultados son también preocupantes pero menos críticos. El 32% de los alumnos alcanzó el nivel avanzado en lengua y el 18% en matemática, mientras el 15% no alcanzó el nivel básico en lengua y el 18% en matemática.

Nivel de desempeño por área disciplinar evaluada – Secundaria 5°/6° año

Fuente: Aprender. Primer informe de resultados (click sobre la imagen para ampliar el gráfico).

Nivel de desempeño por área disciplinar evaluada – Primaria 6 grado

Fuente: Aprender. Primer informe de resultados (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

Sin embargo, más alla de estos resultados, las pruebas también corroboran lo que otras evaluaciones venían mostrando: el nivel educativo en Argentina no está bajando. Al contrario, hay evidencias de mejora, especialmente en la educación primaria.

Las pruebas Aprender realizaron una comparación equiparada de sus resultados con las pruebas ONE de 2013. Entre 2013 y 2016 las mejoras en los aprendizajes en el nivel primario fueron muy importantes. Como se observa en el siguiente gráfico, el porcentaje de los alumnos de sexto grado con nivel avanzado en lengua aumentó de un 23% a un 32%, mientras que los de nivel bajo pasaron del 18% al 15%. En matemáticas los alumnos de nivel avanzado pasaron de representar el 12% del total en 2013 al 20% en 2016 y los de nivel bajo pasaron del 22% al 18%.

Nivel de desempeño comparado ONE 2013/Aprender 2016 – Primaria 6° grado

Fuente: Aprender 2016. Primer informe de resultados (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

Estos resultados parecen concordantes con las mediciones internacionales. La evaluación del LLECE de la UNESCO para América Latina mostró una mejora importante en matemática para Argentina entre 2006 y 2013 (pruebas SERCE y TERCE), muy cercana al promedio de la mejora observada en toda América Latina a partir de los 15 países participantes en la medición. En cambio, en lectura no hubo una mejora en los años evaluados.

Variación de los resultados SERCE 2006 y TERCE 2013 en matemática – Primaria 6°grado

Fuente: CIPPEC en base a SERCE y TERCE (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

Variación de los resultados SERCE 2006 y TERCE 2013 en lectura- Primaria 6° grado

Fuente: CIPPEC en base a SERCE y TERCE (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

En constraste, en el nivel secundario parece observarse una tendencia de estancamiento en los resultados. Las pruebas PISA no muestran cambios importantes entre 2000 y 2012. Argentina participó en 2000, 2006, 2009, 2012 y 2015. Los resultados de 2015 mostraban una mejora en los aprendizajes, pero no son considerados válidos por la propia OECD (organismo que toma la prueba) dado que el marco muestral incumplió los estándares oficiales. Quitando esa prueba, entre 2000 y 2012 Argentina no mejoró ni empeoró en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

Evolución del puntaje PISA en matemática, lectura y ciencias (promedio de las 3 áreas)

Fuente: CIPPEC en base a PISA (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

En la comparación de los resultados de la prueba Aprender 2016 con el ONE 2013 en el nivel secundario se observa una leve mejora en lengua y ciencias naturales, aunque no en matemática y ciencias sociales. Esto parece también seguir un patrón similar al observado en las pruebas PISA más tendiente al estancamiento que a la mejora.

Nivel de desempeño comparado ONE 2013/Aprender 2016 – Secundaria 5°año/6°año

Fuente: Aprender 2016. Primer informe de resultados (click sobre la imagen para ampliar el gráfico)

¿Qué conclusiones pueden extraerse de estos datos? Al menos cinco grandes puntos merecen la atención para el debate educativo:

1. Las pruebas que miden la calidad educativa evidencian que los alumnos en la Argentina no sólo no empeoran sus aprendizajes sino que han mejorado en el nivel primario. Esto debería considerse como un avance importante. Refleja la reunión de incontables esfuerzos de alumnos, docentes y escuelas así como de articulaciones de política educativa y social que lo han hecho posible. En el nivel secundario se observan más problemas ya que en los últimos años no parece haber mejorado en las pruebas. Los resultados son especialmente preocupantes en matemáticas. Este nivel tiene, además, indicadores altos de repitencia y abandono. En suma, Argentina mejoró en primaria y se mantuvo estable en secundaria.
2. En relación a la situación de otros países de América Latina, se observa el recorrido de trayectorias similares, aunque en promedio lograron mejoras levemente superiores a la Argentina. Países como México y Colombia muestran mejoras parecidas a la Argentina. Uruguay evidencia más estancamiento, aunque desde un piso de resultados más altos. Chile y Brasil mejoraron un poco más en primaria; y en PISA sólo entre 2000 y 2009. Perú tuvo una trayectoria de mejora muy clara desde un punto de partida más bajo. Argentina no aparece como un caso extraordinario, al menos en los años desde los cuales contamos con pruebas internacionales. Sin embargo, si se considera el PBI por habitante y la inversión educativa que realiza, se observan resultados educativos más bajos que en otros países de la región.
3. Los diagnósticos educativos deben estar basados en evidencia científica. Por eso es tan importante contar con evaluaciones serias y rigurosas sobre los aprendizajes de los alumnos. Estas pruebas son un recorte parcial de la educación de un país, pero son un instrumento clave para estudiar la complejidad de la realidad. Deben ser complementadas con otros indicadores educativos y estudios cualitativos para no dar la idea falsa que es la imagen en un “espejo” de un sistema educativo. También deben considerarse los contextos sociales, económicos y culturales de aplicación de las pruebas para entender mejor qué puede compararse y qué merece tener otras consideraciones interpretativas. Se debe evitar su uso político o mediático.
4. Nada de lo anterior debe ser tomado como señal de “conservadurismo educativo”. Las mediciones muestran el incumplimiento masivo del derecho a la educación de calidad. Gran parte de los alumnos, especialmente los más pobres, aprenden poco, repiten y no terminan la escuela secundaria. El problema es grave: necesitamos mejorar y cambiar la educación al mismo tiempo. Se requieren debates profundos para lograr crear un rumbo compartido de las reformas educativas que podrán crear una revisión del sistema educativo tradicional para evitar cualquier conformismo.

CIPPEC ha elaborado varios documentos de propuestas para seguir este camino:

Carriego, C., Mezzadra, F., y Sanchez, B. (2017). Aprender de las escuelas. Una caja de herramientas para directivos y docentes. Buenos Aires: CIPPEC y Natura.

Mezzadra, F., y Veleda, C. (2014). Apostar a la docencia. Desafíos y posibilidades para la política educativa argentina. Buenos Aires: CIPPEC, Embajada de Finlandia y UNICEF.

Rivas, A. (2015). América Latina después de PISA. Lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-2015). Buenos Aires: CIPPEC, Natura, Instituto Natura.

Rivas, A., Veleda, C., y Mezzadra, F. (2013). Caminos para la educación. Bases, esencias e ideas de política educativa. Buenos Aires: Granica.

Veleda, C., Mezzadra, F., & Rivas, A. (2015). 10 propuestas para mejorar la educación en la Argentina. En Documento de Trabajo. Buenos Aires: CIPPEC.