Publicado en agosto de 2023

Los subsidios económicos, particularmente aquellos del sector energético, han sido un problema sin solución durante las últimas dos décadas. El estado de emergencia permanente en que se encuentra el sector –vigente en 20 de los últimos 22 años– ha derivado en congelamientos de tarifas prolongados que, en contextos de alta inflación, implican distorsiones notorias entre los precios que paga la demanda y los costos de prestación de los servicios públicos, que terminan siendo cubiertas por el Estado.

En 2022, los principales subsidios del sector energético alcanzaron los USD 12.427 millones (el 2% del PIB), cifra que representa el 82% del déficit fiscal primario del año. En ese mismo año el Estado cubrió el 79% del costo de la energía eléctrica y el 71% del costo del gas, lo que supuso un gran esfuerzo en términos de recursos públicos con implicancias distributivas regresivas, ya que este subsidio generalizado termina operando como una especie de tarifa social de cobertura universal.

Los subsidios pueden justificarse como un mecanismo que busca garantizar el acceso a los servicios a toda la población, en particular para que los sectores vulnerables tengan acceso a ellos aunque no puedan pagarlos. No obstante, que los servicios tengan precios demasiado bajos (que no cubren los costos) puede derivar en la falta de inversiones necesarias en mantenimiento y expansión que hacen a la sostenibilidad del sistema. De esta manera, puede empeorar la calidad del servicio y terminar perjudicando a quienes se quiere proteger con precios bajos: los hogares usuarios. Incluso, el problema se agrava si los subsidios son generalizados y los recursos, que son escasos, se destinan a financiar también a los hogares que sí pueden pagar los costos.

La complejidad para salir de este conflicto radica en que no se ha resuelto el trade off entre la accesibilidad y la sostenibilidad del sistema. Es por eso que las tarifas son una cuestión central de política pública dentro de cualquier modelo de desarrollo de una economía. El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre las diferentes demandas contrapuestas y los responsables de formular políticas están teniendo dificultades para lograrlo.

En Argentina, en general, primaron las soluciones que buscan garantizar accesibilidad por sobre la sostenibilidad, pero eso llevó a un nivel de subsidios generalizados que no es sostenible y que atenta contra la previsibilidad que necesita el sector. Esta es una dificultad relevante para el sector energético ya que sus inversiones se caracterizan por ser a largo plazo. Esto atenta contra el mantenimiento del sistema, la expansión de las redes y el desarrollo de nuevas inversiones, lo que en un deterioro sostenido de la calidad de servicio que perjudica más a los hogares vulnerables.

Por eso, es necesario reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal y focalizar los esfuerzos en asegurar el acceso a la energía a la población más vulnerable, al mismo tiempo que alcanzar la recomposición de tarifas en pos de la sostenibilidad del sector. En primer lugar, porque su nivel actual es insostenible para ser financiado fiscalmente y tiene repercusiones en los desequilibrios macroeconómicos. En segundo lugar, porque su dinámica afecta la previsibilidad que requiere el sector y atenta contra las inversiones necesarias para buscar la sostenibilidad. En tercer lugar, porque resultan ineficientes, ya que los recursos escasos se están destinando a financiar a todos los hogares sin una focalización en quienes más lo necesitan.

Con el propósito de reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal, este documento evalúa la implementación de una Tarifa Social (TS) como mecanismo de focalización de subsidios destinada a la población vulnerable. La literatura y las experiencias relevadas indican claramente que los regímenes de tarifa social son efectivos para mejorar el acceso de los usuarios vulnerables a los servicios energéticos, para reducir la carga fiscal y para contribuir a la eficiencia energética si su diseño incluye este objetivo.

La TS estudiada busca garantizar la universalización del acceso a la energía, focalizan-do los recursos públicos en los sectores vulnerables e incentivando el uso eficiente y racional de la energía mediante tarifas crecientes en segmentos de consumo superiores a las necesidades básicas. Para eso, la TS se implementa a través de un descuento en las facturas de energía eléctrica y de gas para los hogares identificados como vulnerables y establece umbrales de consumo. Así, alcanzaría al 30% de los hogares argentinos: aproximadamente 5 millones de hogares, de los cuales 4,9 millones tienen acceso a red de energía eléctrica y 1,1 millones tienen acceso a red de gas natural.

Su implementación permitiría un ahorro fiscal del 1,4% del PIB. Este resultado surge de estimar el costo de oportunidad de implementar la TS propuesta, para verificar que la implementación y los criterios propuestos aseguren el objetivo de reducción de la masa de subsidios y su peso en las cuentas públicas.

Con esta alternativa, se incentiva el uso eficiente de los recursos a partir de precios que den señales claras; se garantiza el acceso a la energía por parte de los hogares más vulnerables a través de subsidios focalizados y se garantiza la sostenibilidad del sistema de prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, se colabora con el ordenamiento de las cuentas fiscales necesario para un desarrollo sostenible.