Publicado el 31 de octubre de 2025
Argentina tiene un enorme potencial energético. Cuenta con una reserva estratégica de hidrocarburos en Vaca Muerta, y recursos valiosos para la generación de energías renovables, hidroeléctrica e hidrógeno verde. Este panorama configura un escenario potencial de producción y generación energética que no solo excede las necesidades de consumo interno, sino que también coloca al país en condiciones de convertirse en un actor estratégico en la transición energética global.
Sin embargo, entre el potencial y la realidad aparece una barrera crucial, hasta el momento sin solución: la infraestructura. Oleoductos, gasoductos y, sobre todo, líneas de transmisión eléctrica resultan insuficientes y en muchos tramos obsoletas, operando al límite de su capacidad. Esta situación opera como barrera para la incorporación de nueva oferta energética, genera desabastecimiento en picos de consumo, obstaculiza el desarrollo de hidrocarburos no convencionales destinados a la exportación, demora el desarrollo del potencial renovable y retrasa el proceso de electrificación.
Más allá de las limitaciones “hard”, vinculadas a la infraestructura, Argentina enfrenta desafíos críticos en la dimensión “soft”: ausencia de reglas claras y estables, falta de seguridad jurídica de largo plazo y capacidades institucionales limitadas. A esto se suman las tensiones macroeconómicas y financieras, la persistente incertidumbre sobre la inflación y el tipo de cambio, falta de recursos para obra pública, un mercado de capitales reducido y un costo de capital tan elevado que vuelve inviable el cierre financiero de proyectos energéticos sin trasladar tarifas excesivas a los usuarios.
En este contexto, Argentina se enfrenta a un trade-off: entre la urgencia de ejecutar obras críticas para aprovechar la ventana de oportunidad, y los tiempos que demanda la reconstrucción de la confianza inversora para viabilizar proyectos de gran escala, alto riesgo y largo plazo.
Superar estos desafíos requiere una articulación estratégica entre el sector privado como motor de la inversión y el Estado como coordinador y generador de las condiciones de factibilidad. Frente a este escenario, el gobierno nacional lanzó un plan de inversiones privadas por 6.600 millones de dólares para modernizar y expandir el sistema de transporte eléctrico, contemplando más de 5.600 km de nuevas líneas de alta tensión y 17 proyectos estratégicos en distintas regiones del país. A su vez, en el marco del RIGI se presentaron proyectos estratégicos para el desarrollo de energía solar, eólica e hidrocarburos, así como en litio, cobre y siderurgia, por más de 15.000 millones de dólares. Estos avances son importantes, pero las necesidades de infraestructura y financiamiento del sector energético van mucho más allá de estas iniciativas.
Desde CIPPEC creemos que es el momento de construir una estrategia realista, factible y sostenible para el desarrollo de infraestructura energética. Una hoja de ruta consensuada entre el Estado y el sector privado, que marque prioridades de inversión, ordene la toma de decisiones y trascienda los ciclos políticos, apoyándose en todos los mecanismos financieros disponibles. Solo así Argentina podrá desplegar su potencial energético, atraer inversiones estratégicas y aprovechar plenamente las oportunidades productivas y tecnológicas que ofrece la nueva economía global.
