Publicado el 12 de junio de 2025 en Newsweek
Hace pocos días, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley vinculados al tema previsional. El primero impacta sobre los jubilados actuales, mejorando sus haberes; y el segundo busca beneficiar a potenciales jubilados futuros, al habilitar una nueva moratoria previsional por los próximos dos años.
Estas iniciativas parten de un diagnóstico correcto: los haberes de los jubilados han sufrido importantes pérdidas en su valor real en los últimos años y el requisito de tener 30 años de aportes para jubilarse no es razonable ya que excluye a cerca del 75% de la población; pero repiten un error de las últimas décadas al proponer soluciones parciales que actúan como parches, resolviendo algunos problemas y creando otros. Esta dinámica ha regido los debates sobre temas previsionales en nuestro país en los últimos 30 años y resultó en un sistema que tiene importantes virtudes -como la amplia cobertura de los adultos mayores-, pero que es caro, injusto e ineficiente.
“El sistema es caro porque gasta demasiado. Dedicamos cerca del 10% de nuestro PIB a pagar jubilaciones y pensiones, una cifra similar a la de países mucho más envejecidos que el nuestro. Es injusto porque la enorme cantidad de parches y la proliferación de regímenes de excepción (¡más de 200!) hace que tratemos de forma muy diferente a personas similares y de forma similar a personas muy diferentes. Finalmente, es ineficiente porque hemos logrado gastar mucho, pero los jubilados cobran poco.” Rofman.
Gastamos mucho, pero mal: cerca de 2,8 millones de personas menores de 65 años cobran un beneficio; y más de 1 millón recibe dos o más beneficios y algunos reciben beneficios obscenamente altos gracias a pertenecer a algún régimen de excepción.
Resolver estos problemas requiere avanzar en un reordenamiento integral del sistema. Desde CIPPEC estamos trabajando en una propuesta que combina la integración de los regímenes de excepción al régimen general, con modificaciones a este.
Respetando los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados, es necesario terminar con esquemas que permiten jubilaciones a los 45 o 50 años sin justificación legítima; eliminar el requisito de 30 años de aportes para jubilarse (que motivó las moratorias aprobadas en las últimas dos décadas), asegurando que todos los adultos mayores tengan derecho a una prestación básica más una proporcional a todos los aportes que hayan realizado durante su vida; limitar las duplicaciones de beneficios que genera el régimen actual de pensiones por fallecimiento y hacer más transparente y confiable el régimen de pensiones por invalidez, entre otros aspectos. Avanzar en una reforma con estos lineamientos permitiría mejorar la sostenibilidad del sistema y, al mismo tiempo, pagar mejores haberes a la mayoría de los futuros jubilados.
Las dificultades para avanzar en este proceso de reforma son fundamentalmente políticas. Si los distintos sectores no logran generar un espacio donde, con iniciativa y participación activa del Poder Ejecutivo, se discutan las opciones de política en forma responsable y racional, y se genere una propuesta para un reordenamiento integral del sistema, será muy difícil lograr que el sistema previsional argentino brinde protección de calidad a nuestros adultos mayores en las próximas décadas en forma sostenible y equitativa. El debate en Diputados no genera mucho optimismo, pero el futuro de millones de argentinos depende de asumir este desafío.
