Publicado el 4 de septiembre de 2025

La agroindustria es uno de los motores más importantes de la economía argentina. Aporta más del 15% del PBI, genera más de dos millones de puestos de trabajo y explica alrededor del 65% de las exportaciones del país. Nuestro país es líder global en productos como harina y aceite de soja, y uno de los principales exportadores de maíz. Sin embargo, su peso relativo en la economía se reducido desde comienzos del nuevo milenio. Entre los factores que explican esta dinámica se destacan la inestabilidad macroeconómica, el estancamiento de la productividad total de los factores, rezagada frente a competidores como Brasil, Estados Unidos o Australia, y un marco de políticas sectoriales cambiante, que condicionó las decisiones de inversión privada. 

En los últimos 30 años, las políticas nacionales para el agro oscilaron entre etapas de apertura y períodos más restrictivos, con impuestos a las exportaciones, cuotas y controles de precios. Para medir cómo impactaron esas políticas en el sector, la OCDE desarrolló una herramienta —el Estimado de Apoyo al Productor (EAP)— que cuantifica cuánto apoyo (o desincentivo) reciben los productores a través de políticas públicas. Las estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina muestran que el país registró un apoyo negativo al agro durante las últimas dos décadas, que llegó a representar más del 30% de los ingresos brutos del productor a nivel de finca. Es decir, los productores locales enfrentaron condiciones menos favorables que sus pares en otros países competidores.  

Ahora bien, más allá de las estadísticas nacionales, hay dos cuestiones que no podemos dejar de lado. Por un lado, el agro argentino es heterogéneo: conviven grandes sistemas agrícolas de producción de commodities con producciones regionales con potencial de diferenciación y agregado de valor. Por otro lado, a nivel subnacional también se despliega un set de políticas diverso. Los gobiernos provinciales cuentan con instrumentos y presupuestos propios que les permiten diseñar medidas adaptadas a las particularidades del entramado productivo local, y responder con mayor rapidez a las necesidades y demandas de su territorio. 

En este contexto, contar con evidencia sobre las políticas agropecuarias subnacionales es fundamental para tener una visión integral del marco en que se desenvuelve el sector. Con esta motivación, el BID impulsó una serie de estudios para estimar el Apoyo al Productor Agropecuario a nivel subnacional en 13 provincias argentinas, aplicando la metodología EAP de la OCDE. CIPPEC contribuyó en este esfuerzo a través del análisis y la cuantificación de las políticas agropecuarias implementadas en Misiones y Río Negro, dos territorios con estructuras productivas diferentes y necesidades particulares. 

Como parte de este proceso, el 26 de agosto, el programa de Desarrollo Económico de CIPPEC presentó los resultados de los estudios en la Jornada de Análisis y Diálogo sobre Políticas Agropecuarias en Argentina, organizada por el BID. Este encuentro reunió a representantes del Gobierno Nacional y Gobiernos Provinciales, especialistas del sector agropecuario y actores clave del ámbito académico y productivo, que, a través de diferentes paneles, dialogaron sobre el apoyo público al sector agropecuario y exploraron oportunidades para fortalecer la eficiencia y la sostenibilidad de las políticas sectoriales. 

El debate dejó en claro la necesidad de avanzar hacia políticas agropecuarias más estables y efectivas, que reconozcan la diversidad productiva del país y fortalezcan la articulación entre la Nación y las provincias. Contar con evidencia rigurosa resulta esencial para orientar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia del apoyo público y garantizar que el desarrollo del agro contribuya a un crecimiento federal y equitativo.