La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidirá este martes, 26 de marzo, si es constitucional que las jubilaciones sean objeto del pago de impuesto a las Ganancias. Todo parecería indicar que el Máximo Tribunal se inclinará por avalar la sentencia que se dictó en Paraná, donde se consideró que los haberes no constituyen una ganancia y que, como el trabajador retirado ya tributó durante su vida activa, esto significaría una doble imposición. La decisión de la Corte interpelará el potencial distributivo del Estado y el diseño del sistema tributario argentino.

Según los últimos datos del INDEC, del primer semestre del año pasado, 41,4% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza, una proporción que supera en más de seis veces a la de personas mayores en esa situación. El bienestar tiene una clara distribución etaria: el país concentra las peores condiciones en los de menos edad.

Población por grupos de edad según condición de pobreza. Primer semestre de 2018

Fuente: CIPPEC sobre Encuesta Permanente de Hogares, INDEC (2018).

Esta foto es preocupante pero es aún peor la película. Respecto de la crisis de 2001-2002, si bien mejoró el escenario social del país en general (especialmente hasta 2008), la situación relativa de las niñas y los niños empeoró: se profundizó la infantilización de la pobreza. Probablemente esta situación ya haya empeorado en el segundo semestre del año pasado según los datos que publicará el INDEC este jueves. En contextos de crisis, los más afectados son los más vulnerables, especialmente las familias con niños y niñas.

Las niñas y los niños son quienes sufren más privaciones y también por más tiempo. Tienen más probabilidades de encontrarse en la indigencia y su peor situación relativa también se comprueba cuando se observan indicadores de bienestar no monetarios. Las niñas y los niños también tienen más probabilidades de nunca haber salido de la pobreza, es decir, encontrarse en una situación de pobreza crónica.

¿Por qué la pobreza se concentra en la infancia?

Que las familias con niños y niñas concentren peores condiciones es síntoma de la dificultad de compatibilizar las tareas de cuidado y crianza con la generación de ingresos. Como esta conciliación es dejada en manos de las familias, su resolución depende de los recursos económicos, sociales y simbólicos de cada hogar. Resolver esta situación requiere de la intervención del Estado. Potenciar el trabajo del Plan de Reducción del Embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA); reformar el esquema de transferencias a las familias (mejorar la cobertura de la AUH y asegurar que los trabajadores autónomos también las reciban); expandir el acceso y los horarios de los espacios educativos y de cuidado; y modificar el régimen de licencias por maternidad, paternidad y familiares son las principales políticas públicas que deberían implementarse.

El Estado tiene un rol central en propiciar estas políticas y en garantizar que todas las niñas y los niños tengan un pleno acceso a sus derechos y oportunidades de desarrollo. El fallo de la Corte limitaría el rol redistributivo e igualador del Estado.

Un problema ético, social pero también económico

Esto representa un gran problema, no sólo porque niños y adolescentes cuentan con el derecho a un nivel de vida digno, sino también porque este período es crucial para el desarrollo de las personas. En comparación con otras etapas, lo que ocurre en la infancia y la adolescencia tiene mayores implicancias en cómo se transita el resto de la vida. Por ello, con más razón, deberíamos asegurarles las mejores condiciones posibles. Es un imperativo ético y jurídico, pero también estratégico: el país hipoteca su futuro. Revertir esta situación debe ser la prioridad número uno del país.