Este tercer punto muchas veces no recibe la atención que merece. El año pasado fueron galardonados dos economistas con el premio Nobel (Acemoglu y Robinson) por haber demostrado, justamente, que las instituciones son instrumentales para el desarrollo económico. Su trabajo está sintetizado en un libro fabuloso, Por qué fracasan los países.

En la Argentina podríamos construir un caso práctico demostrando lo contrario: cómo la debilidad institucional constituye un obstáculo concreto para el desarrollo. En los últimos 40 años, desde el regreso de la democracia hemos tenido tantos cambios de rumbo que no logramos consolidar una visión compartida sobre el modelo de desarrollo que deberíamos seguir.

Esta pendularidad se acentúa aún más por el uso de instrumentos que, lejos de consolidar una estrategia de desarrollo sostenible, terminan por entorpecerla. Es cierto que cumplir con los procesos institucionales suele resultar costoso políticamente y lleva también mucho tiempo. Pero si buscamos que ciertas políticas se mantengan en el tiempo, es necesario realizar esas inversiones. Porque todo aquello que no logre los consensos necesarios para darle la solidez que tiene, por ejemplo, una ley, podrá ser fácilmente revertido, metiéndonos nuevamente en la trampa del péndulo.

Una de las características más nodales de una institucionalidad sólida y fértil para el desarrollo es la legitimidad del Poder Judicial. Resulta central que podamos restaurar la confianza en la justicia para poder atraer las inversiones que nuestro país tanto necesita y para generar un marco de estado de derecho que blinde nuestro desarrollo. Para eso, es central que los procesos sean legítimos. Si pretendemos, por ejemplo, que las designaciones sean estables, es necesario poder lograr los acuerdos interpartidarios que ordena la Constitución.

También es necesario que quienes vayan a ocupar esas vacantes contribuyan con sus propios atributos, personales y profesionales, a la confiabilidad y eficacia de órganos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es fundamental mejorar la diversidad de miradas representadas en la Corte Suprema, asegurando la presencia de mujeres en su conformación.

Un sistema institucional fuerte no solo protege la democracia, sino que es fundamental para que las políticas públicas que tengan el potencial de llevar al desarrollo se sostengan en el tiempo. Argentina necesita recuperar la confianza en sus instituciones para poder alcanzar un desarrollo genuino y sostenido en el tiempo.

Desde Cippec llevamos 25 años interpretando la evidencia, generando conversaciones y llevando cambios a la práctica. Sabemos que contar con instituciones democráticas sólidas es esencial para construir la Argentina del 2050 que deseamos. Si queremos un país previsible, tenemos que concentrarnos en que nuestras instituciones sean profundamente democráticas y sólidas.