La reforma electoral de San Juan

Esta semana la legislatura de San Juan sancionó una ley que adopta el viejo sistema de lemas para sus elecciones provinciales. La llamaron Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD). Para avanzar en este sendero, en primer lugar eliminó las PASO y habilitó cambios en las reglas electorales en los 18 meses previos a una elección.

Ahora bien, retrocedamos un instante: ¿qué es la ley de lemas o el doble voto simultáneo? Es un mecanismo electoral que permite a las agrupaciones políticas (lemas) presentar más de una lista de candidaturas (sublemas) para el mismo cargo en la misma elección. Luego, se asigna a la lista más votada dentro de la agrupación los votos que recibieron todas las otras listas. Así explicada, pareciera una simple elección de internas partidarias el mismo día que la elección general. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que es un sistema que no cumple la función de las PASO en el día de la elección y que, en cambio, opaca la oferta electoral para la ciudadanía y empeora la experiencia de las y los votantes.

La ley de lemas en nuestro país encontró su máxima popularidad durante la década del 90. Más precisamente, entre 1991 y 1995, al menos 12 provincias aplicaron este sistema para elecciones provinciales o locales. Actualmente se encuentra vigente solamente en Santa Cruz tanto para los cargos provinciales y locales, mientras que en Formosa y Misiones tiene vigencia sólo para cargos municipales.

Entre los efectos señalados por los estudiosos del tema, se encuentran, por ejemplo, que la aparición de algunos/as candidatos/as en varias boletas genera sesgos en favor de algunas agrupaciones. A su vez, puede incentivar la fragmentación al interior de las agrupaciones, lo que genera confusión entre los votantes.

Sin embargo, el efecto más nocivo es la falta de certeza que tienen los y las votantes sobre cuál lista se beneficiará con su voto. Es decir, con la ley de lemas la lista más votada puede no ser la que gane la elección. Así ocurrió en 2003 en Santa Fe, cuando el candidato más votado obtuvo 600 mil votos pero resultó electo gobernador otro candidato que había obtenido 345 mil. También en 2015, en Santa Cruz, el candidato más votado obtuvo 71 mil votos pero la candidata que obtuvo 59 mil votos resultó electa gobernadora.

En definitiva, es un sistema que enturbia la información con la que las personas deciden su voto, y con ello empeora la experiencia de los y las votantes y atenta contra el derecho de ejercer un voto informado.

Para resolver las internas entre los partidos políticos existen las PASO, un mecanismo institucional que, aunque perfectible como cualquier regla, democratiza la selección de candidaturas, alienta la formación de alianzas y ordena la oferta electoral. Veamos algunos datos de orden nacional que ejemplifican el aporte de las primarias.

En primer lugar, si bien algunas agrupaciones son capaces de alinear a sus líneas internas antes de las primarias, desde su creación, su utilización para dirimir internas fue en aumento: en su primera implementación en 2011, el 11,3% de las agrupaciones presentó listas internas para la categoría diputados/as nacionales, mientras que en 2021 fue de 28%. En segundo lugar, las PASO reducen la fragmentación y ordenan la oferta electoral de cara a la elección general, ofreciendo opciones claramente discernibles entre sí y contribuyendo al ejercicio de un voto más y mejor informado. Prueba de ello fue el escenario que se dio en 2021: de 280 listas para diputados/as nacionales sólo 48% pasó a las generales. Al mismo tiempo, esta instancia electoral ofrece información adicional por partida doble: a la ciudadanía le permite repensar el voto y a los partidos, ajustar sus estrategias de campaña de cara a las elecciones generales.

Eliminar las PASO y adoptar la ley de lemas significa un retroceso institucional para votantes y partidos. Nuestro compromiso con la democracia es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de elegir y ser elegidos/as, fortalecer la experiencia de votar y contar con reglas claras para la competencia entre las agrupaciones políticas. Para garantizarlo, se debe evitar volver a las prácticas que demostraron ir en contra de todo eso.

Autores


Carolina Tchintian

Investigadora principal de Dirección Ejecutiva

Álvaro Fernández Castex

Coordinador de Asuntos Públicos

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