La ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a Jubilados creó la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, que tiene como misión analizar el proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo prepara por estos días.

La ley enumera una serie de principios que deberían regir el nuevo sistema impositivo: progresividad, equidad, simplificación, certidumbre y coordinación federal. La iniciativa está en la agenda de prioridades del Gobierno y se percibe un alto grado de consenso respecto de la necesidad de reformar el sistema actual, aunque no parece ocurrir lo mismo con relación a cómo hacerlo.

Si bien las condiciones políticas lucen razonables para garantizar un adecuado nivel de diálogo, la situación macroeconómica y específicamente fiscal plantea las mayores restricciones. La economía ha permanecido estancada en los últimos años y el producto per cápita de 2016 apenas iguala al de 2010. Por su parte, la presión tributaria de la Nación y las provincias se encuentra en máximos históricos (saltó de 22 a 34% del PBI entre 2004 y 2016), y, sin embargo, no alcanza para morigerar un desequilibrio fiscal consolidado que ronda el 7% del producto.

Pero si incorporamos en el análisis la dimensión federal de la reforma, el desafío se torna de mayor complejidad.