Desde hace varios años, la Argentina atraviesa breves períodos de crecimiento, seguidos de recesiones, también breves pero cada vez más profundas. Hoy, casi un tercio de las argentinas y argentinos viven en la pobreza y esperan condiciones más propicias. Las políticas impulsadas desde el Congreso y desde el gabinete se definen con bajo consenso entre las fuerzas políticas, y los procesos de toma de decisión no incluyen a quienes son afectados por esos cambios.

La constitución y las leyes en la Argentina permiten la formación de gabinetes amplios y los procesos de decisión participativos. Sin embargo, desde 1983, la mayoría de los presidentes concentró las decisiones en un grupo pequeño de allegados, repartió los ministerios entre políticos de su confianza y negoció la aprobación de las leyes más controvertidas con un grupo de gobernadores. Las ideologías y las políticas cambiaron con los gobiernos, pero los estilos de decisión que excluyen a las minorías permanecen.

La prevalencia de este modo de decidir no es un error: existe un contexto institucional que incentiva a evadir la construcción de consensos y concentrar las decisiones en un grupo de pequeño de allegados a la fuerza política mayoritaria para evitar obstáculos y oposiciones.

Hay tres factores centrales que contribuyen a esta forma de tomar decisiones. El primero es la fragmentación de los partidos políticos y su correlato en los bloques legislativos. En una legislatura con muchos bloques es más difícil construir consensos y la alternativa de legislar unilateralmente o construir consensos caso por caso, se vuelve más atractiva, pero es también más costosa en tanto las políticas tienden a ser más inestables y las decisiones más imprevisibles.

Otro factor que contribuye a que las decisiones sean unilaterales es la fluidez de las reglas. En un entorno político incierto, las y los representantes suelen elegir no constreñirse a ataduras institucionales y adoptar compromisos de largo plazo. En la Argentina, es muy sencillo formar partidos políticos o bloques legislativos. Es igual de sencillo armar y desarmar coaliciones electorales. En las provincias, los oficialismos aprueban cambios en las constituciones, reforman las leyes electorales, alteran los calendarios de votación y modifican reglas de acuerdo con lo que creen que los va a favorecer. Muchas veces, los gobiernos que los suceden, aun cuando sean del mismo partido, aprueban nuevos cambios. Lo único previsible del entorno de competencia electoral y de actividad legislativa es la imprevisibilidad. Los partidos y los bloques legislativos chicos son más simples y ofrecen un refugio muchas veces preferible a la inestabilidad de las coaliciones grandes pero inestables. La fluidez de las reglas ayuda a reproducir la fragmentación y la toma de decisiones unilaterales.

En tercer lugar, las coaliciones inestables tienen menos capacidad para procesar las demandas de los actores sociales. La vitalidad del amplio mundo de la sociedad civil no encuentra en las coaliciones frágiles un vehículo confiable para darles voz y traducir sus demandas en políticas. No es sorprendente que los procesos de gobierno protagonizados por partidos con raíces sociales endebles produzcan políticas ineficaces e inestables.

Estos modos de decisión no llevan a políticas exitosas. No hay soluciones singulares para salir de este sendero pero hay principios que pueden guiar la construcción de un sistema político más amplio y más robusto: repartir espacios y recursos de poder entre un grupo más amplio de sectores partidarios, promover la formación de bloques legislativos más amplios, adoptar reglas electorales más ecuánimes y más previsibles.

Coaliciones más amplias y estables, procesos de decisión más participativos y políticas consensuadas

Es evidente que en los ámbitos de decisión, tanto en el Congreso como en el gabinete y en cada uno de los ministerios, faltan voces y procesos que permitan acordar cambios.

Para hacer que la competencia política sea más previsible y ecuánime se pueden prohibir las prácticas destinada a reunir apoyos múltiples, inestables y circunstanciales – como las listas de adhesión, colectoras, acoples y listas espejo-, jerarquizar a los partidos nacionales -exigiendo mayor presencia territorial para obtener el reconocimiento como partido nacional y asignarles más recursos del financiamiento público-, y también mantener las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo de renovación de las dirigencias.

Desincentivar la fragmentación en el Congreso y alentar la construcción de coaliciones más amplias y estables requiere fortalecer los mecanismos de coordinación entre fuerzas políticas, como la Comisión de Labor Parlamentaria -que define la agenda de las sesiones plenarias de la Cámara-, establecer requisitos más exigentes para la formación de bloques y elevar el costo de separarse de la bancada de la agrupación por la que fueron electos los legisladores.

Por último, para alentar la formación de gabinetes que amplíen los apoyos de los gobiernos y adoptar mecanismos que sumen voces a los procesos de decisión es fundamental incorporar instituciones que le den previsibilidad a la distribución de cargos ejecutivos entre los socios de la coalición de gobierno. También es necesario adoptar protocolos para la toma de decisiones que incorporen mecanismos de consulta como las audiencias públicas, las mesas sectoriales, y oficinas técnicas.

Si no se revisa la forma en la que se toman las decisiones de política pública y la distribución de sus costos y beneficios, las probabilidades de salir de esta dinámica de péndulo entre modelos económicos y de desarrollo contrapuestos, entre crisis recurrentes, entre la ilusión y el desencanto van a ser muy malas. Salir de esta dinámica es tan importante como fijar propuestas de política claras y medibles.