Evaluación cualitativa del Plan Reasentamiento en sector Bajo Autopista, Barrio Mugica (CABA)

Publicado en julio de 2022

A partir de las leyes 3.343 y 6.129 y en el marco del Plan de Acción Integral (2016- 2019) para la transformación del Barrio Mugica, se estableció la necesidad de reasentamiento de la población que reside en el sector denominado Bajo Autopista. El objetivo del Programa de Reasentamiento fue restablecer –y, en la medida de lo posible, mejorar– las condiciones socioeconómicas y físicas de base de las personas residentes en este sector del Barrio Mugica. La reubicación se concentró en las familias residentes en el contorno de afectación, el cual fue redefinido a partir de los resultados del censo (2016) y del relevamiento social y técnico (2018). Bajo la órbita de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) – inicialmente dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la actualidad como parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat– este programa se enmarcó en los procedimientos y principios del Marco de Políticas de Reasentamiento.

Este trabajo presenta los resultados de una evaluación del Programa de Reasentamiento que recupera y busca contrastar la perspectiva de los equipos territoriales encargados de su ejecución y la de los y las personas destinatarias de las viviendas.

El informe se compone de dos apartados. La primera parte reconstruye los lineamientos y objetivos principales del programa mediante datos secundarios oficiales (principalmente los Planes de Reasentamiento para las etapas 1, 2, 3 y 4 de Bajo Autopista hacia las viviendas en YPF, elaborados por la Secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno de CABA en 2019), en pos de conocer, a partir de los testimonios de los y las integrantes del equipo territorial, en qué medida estos lineamientos proyectados pudieron ser desarrollados o se encontraron con obstáculos y desafíos en las instancias de implementación. La segunda parte propone una evaluación del programa a partir de una recuperación de la perspectiva de las personas destinatarias, reconstruyendo sus miradas –mediante entrevistas en profundidad y de dos entrevistas grupales Focus Group– en torno al acompañamiento gubernamental, el proceso de mudanza y la implementación del Programa. Asimismo, buscamos conocer la repercusión que las viviendas tuvieron sobre sus condiciones de vida, sus sensaciones de pertenencia y sus expectativas a futuro, con el propósito de comprender los impactos de la política a través de sus propias claves interpretativas.

Finalmente, a modo de conclusión, el informe señala los puntos de acuerdo y de tensión entre las miradas desarrolladas sobre la implementación del programa por los dos actores considerados: las personas destinatarias y el equipo territorial.

El voto informado y la participación electoral

Publicado en junio de 2022

Votar es la forma de participación más elemental en las democracias y, por lo tanto, su fuente de legitimación. A través de las elecciones, la ciudadanía elige a sus representantes para cargos públicos y también expresa sus intereses y demandas para que puedan ser traducidas en políticas públicas. Por eso, su importancia es evidente e innegable. Sin embargo, en contextos de desafección y baja confianza en las instituciones como el actual, se vuelve particularmente relevante cuidar los niveles de participación.

En muchas democracias del mundo la participación electoral declina elección tras elección. Entre las explicaciones más comunes a este fenómeno se encuentra el hecho de que cada vez menos personas están dispuestas a encarar la logística que implica votar. Esto involucra no sólo cuestiones relativas a identificar y trasladarse hacia el centro de votación, sino sobre todo una serie de costos cognitivos asociados a ejercer un voto informado tales como la información sobre la oferta electoral, las reglas electorales y las categorías en juego, entre otras.

Aquellas medidas que buscan reducir el impacto de los costos logísticos y operativos suelen ser más complejas de implementar ya que pueden implicar modificaciones en la legislación electoral y suelen involucrar una inversión de recursos importante (por ejemplo, incrementar la cantidad de centros de votación o incorporar métodos alternativos de emisión del voto como el voto anticipado). En cambio, en lo que respecta a los costos cognitivos, existe una gran cantidad de iniciativas en Argentina y otros países que buscan reducirlos a través de la generación de información confiable de fácil acceso y disponibilidad para las y los votantes. Estos proyectos, que pueden ser liderados por una multiplicidad de actores (organismos oficiales, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) ponen a disposición de las y los votantes información relevante sobre el proceso electoral, de manera fácil y centralizada en un único sitio. Las iniciativas de voto informado tienen como objetivo mejorar los niveles de participación electoral por un lado, pero también empoderar a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho al voto de manera independiente, con autonomía y de manera informada.

Desde 2017, CIPPEC y la Cámara Nacional Electoral, con el apoyo de META, llevan adelante el proyecto “Voto Informado”. Esta iniciativa busca producir y difundir información sistemática y clara sobre las elecciones a través de la realización de un micrositio, al que se puede acceder mediante Facebook e Instagram. Para el ciclo electoral del 2021, el sitio de Voto Informado recibió casi 3 millones de visitas totales entre PASO y generales. Más del 98% de estas visitas fueron realizadas a través de la plataforma de Facebook.

En este documento, luego de analizar los principales determinantes de la participación y el ejercicio del voto informado según la evidencia en la literatura especializada, presentamos información sobre algunas de las principales iniciativas de voto informado en la región durante el desarrollo de las elecciones más recientes, incluyendo el caso de Voto Informado en nuestro país.

A partir del análisis de las experiencias nacionales e internacionales, el documento presenta una serie de recomendaciones para aprovechar el potencial del impacto de los proyectos de voto informado. Entre otras, se recomienda segmentar el contenido de estas iniciativas para atender las distintas necesidades e intereses de grupos sociodemográficos particulares, así como también llevar a cabo instancias de colaboración con los organismos oficiales encargados del desarrollo de las elecciones. Además, se recomienda aprovechar años no electorales para evaluar empíricamente el impacto de las iniciativas de voto informado en el electorado. Finalmente, se propone como buena práctica publicar y transparentar la metodología utilizada, sobre todo en los proyectos que presentan información sobre la oferta electoral o posicionamientos de candidatos y candidatas.

La cuestión de género en el sistema previsional argentino

Publicado en junio de 2022

Los sistemas de previsión social tienen el objetivo de garantizar ingresos frente a la incapacidad de continuar con la actividad laboral en la vejez para todas las personas. Argentina ha avanzado considerablemente en la extensión de su cobertura, no obstante, su sistema presenta desafíos considerables en términos de adecuación y sustentabilidad. Entre ellos, se destaca como una de sus mayores deudas la persistencia de inequidades en las condiciones de acceso al sistema previsional y en los tipos de prestaciones que brinda a la población. Esto se torna particularmente evidente entre las mujeres, quienes presentan niveles de desigualdad mayores con respecto a sus pares varones en cuanto a las formas de acceder al sistema previsional.

Estas heterogeneidades encuentran su origen en dos fuentes: por un lado, las vinculadas con el diseño e implementación de normas y dispositivos previsionales, y, por el otro, las heredadas del mundo del trabajo, relacionadas con las trayectorias laborales de las personas durante su etapa económicamente activa.

Ambas fuentes, además, presentan aspectos intencionales y no intencionales en términos de diseño del sistema. Los primeros responden a definiciones explícitas sustentadas en una definición de género, como han sido las diferencias de acceso al sistema previsional entre varones y mujeres o la extensión de las moratorias para mujeres. En cambio, los no intencionales tienen consecuencias –no necesariamente deseadas– que se producen por las características sociales y económicas de la población. Tal es el caso de normas y reformas orientadas específicamente a sectores o tareas feminizadas, como son la docencia o las tareas de cuidado.

La experiencia latinoamericana –y en particular el caso de Argentina– de las reformas previsionales da cuenta de diversas medidas tomadas en los últimos años para equilibrar las inequidades entre varones y mujeres. Para el caso argentino, muestra de ello fue la introducción de prestaciones básicas y el reconocimiento de las tareas de cuidado al computar la cantidad de años de aportes, entre otras medidas: una iniciativa que se originó con el propósito de intentar compensar las desigualdades propias de las trayectorias laborales por medio del sistema previsional. Sin embargo, no es claro que el sistema previsional sea la mejor herramienta costo-efectiva para solucionar o compensar otras problemáticas.

La incorporación de normativas nuevas debería enmarcarse en un debate más general acerca del rol del sistema previsional como política pública y la necesidad de generar incentivos y oportunidades para aumentar la participación laboral y formalidad de las mujeres. Hoy persisten desigualdades por género en el sistema previsional, pero no son fácilmente eliminables: requieren de acción de política coordinada en el mercado de trabajo y el aspecto normativo.

Claves para pensar un cambio en el instrumento de votación a nivel nacional: hacia la boleta única papel en Argentina

Publicado en junio de 2022

En Argentina, el instrumento de votación en las elecciones nacionales y en casi todas las provinciales es la boleta partidaria de papel. Cada agrupación política o lista está representada en una boleta de categorías diferentes adheridas entre sí. Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Si un partido no puede distribuir las boletas en todo el territorio donde compite y garantizar su disponibilidad durante toda la jornada electoral, el electorado no encontrará la oferta electoral completa en el cuarto oscuro y sus candidaturas encontrarán límites para ser elegidas.

En muchas democracias del mundo, en cambio, se utiliza la boleta única de papel, un instrumento de votación que presenta las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos en una única boleta. Sus diseños son muy variados, pero comparten un elemento común: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Gracias a esto, garantiza una oferta electoral completa a través de los centros de votación. Por eso, si se lo compara con la boleta partidaria, un instrumento de votación oficial provisto por el Estado equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes.

Desde hace más de una década CIPPEC alienta la discusión sobre la manera en la que votamos en nuestro país, y apoya la adopción de la boleta única papel. A fin de continuar abonando a este debate y aprovechar la oportunidad que ofrece un año no electoral para discutir mejoras institucionales, este documento sistematiza los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de considerar una posible reforma del instrumento de votación para que no introduzca sesgos a favor de determinadas opciones en detrimento de otras y garantice una buena experiencia en el ejercicio del voto: su diseño o la manera en la que se presenta la información sobre oferta electoral, la mecánica o pasos a partir de los cuales se pueden transformar preferencias en votos y la administración del instrumento.

En la siguiente sección –y en el marco de la actual discusión sobre boleta única en la Cámara de Diputados de la Nación–, el documento plantea la importancia de analizar en detalle cómo un cambio en el instrumento de votación puede adecuarse a otros elementos del sistema electoral que permanecen inalterados. En particular, se aborda la manera en la que una posible reforma en el modo en que votamos debe contemplar un diseño técnicamente idóneo que permita sostener tanto la simultaneidad de las elecciones entre la nación y las provincias, así como el régimen de PASO en nuestro país, dos aspectos críticos para el buen funcionamiento de la elección a partir de este cambio. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante los debates sobre una posible reforma y para el periodo de implementación.

Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial. Edición 2021

Publicado en junio de 2022

La medición del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) en 2021 mostró signos de una recuperación homogénea que permitió alcanzar el valor promedio más alto en la historia de esta evaluación. El índice muestra una recuperación respecto al 2020, año signado por las adversidades y obstáculos que presentó la pandemia, en el que se observó un retroceso en los resultados.

El nivel de transparencia presupuestaria provincial se traduce en el ITPP en un puntaje del 0 al 10. En esta edición, las 24 provincias obtuvieron un 8,1 promedio, lo que significa un crecimiento interanual de 0,8 puntos en la escala. Además de mejorar el puntaje promedio, los resultados fueron más homogéneos: el desvío estándar de los resultados pasó de 2,2 puntos a 1,6 puntos. El 2021 significó el segundo mejor registro en cuanto a la dispersión entre jurisdicciones, detrás del 2019 (1,5 puntos), la más baja desde 2013 a la fecha.

Cada año, este índice evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su matriz intenta replicar el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que tenga interés en acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales. Lograr una mejora en la gestión de gobierno implica la búsqueda de una mayor transparencia, diagnóstico que parte de la certeza de que el avance en el acceso a la información lleva a mejores resultados económicos y sociales.

Respecto a 2020, en 2021 un total de dieciséis provincias mejoraron su nivel de transparencia y accesibilidad, cuatro de ellas se mantuvieron igual y las cuatro restantes mostraron una baja. La magnitud de las mejoras también fue más considerable que el movimiento de la baja: las que aumentaron sus puntajes lo hicieron en 1,14 puntos promedio, mientras que las que lo redujeron lo hicieron en 0,41 puntos promedio.

El hecho de que el nivel de transparencia presupuestaria provincial haya alcanzado su mejor puntuación desde que se realiza esta medición, no permite soslayar que aún hay asignaturas pendientes en distintos elementos que hacen a la accesibilidad de la información: nueve provincias no presentan el proyecto del presupuesto a sancionar para el ejercicio siguiente, diez provincias no publican el presupuesto plurianual, solo 13 publican su presupuesto ciudadano, al mismo tiempo que ocho de ellas no publican sus estimaciones de gastos tributarios.

Las mejoras en el resultado del índice se explican por la recuperación de provincias con resultados bajos en 2020, el crecimiento significativo de las provincias que crecieron y una desmejora marginal de las provincias que cayeron en sus índices. El retorno a una mayor presencialidad en la administración pública provincial acompañó a la recuperación de la publicación de la información presupuestaria en las jurisdicciones.