Hacia un abordaje de las políticas de embarazo en la adolescencia en la Provincia de Chaco

Publicado en marzo de 2019

El período comprendido entre los 10 y los 19 años es crítico en la vida de las personas. Durante esos pocos años cuando se cristalizan las capacidades humanas acumuladas desde la primera infancia y al mismo tiempo se comienzan a atravesar hitos fundamentales de transición a la edad adulta. La adolescencia es un período de enormes transformaciones biofísicas, sociales y psicológicas. A menudo está invisibilizada como fase, cuando en verdad su especificidad requiere, precisamente, de una atención particular.

Cada adolescente es una persona única que se desenvuelve en un contexto histórico-espacial particular, que a su vez incide sobre su condición social, económica, étnica, de género y cultural. Atender a esta diversidad y a sus implicancias en términos de política pública puede lograrse abordando eventos críticos en la vida de los adolescentes. La terminalidad educativa, la inserción en el mercado laboral, el inicio de la vida sexual y reproductiva y la salida del hogar de origen son situaciones interrelacionadas cuya secuencia temporal, momento de ocurrencia y calidad contextual tienen un enorme impacto en la posibilidad de ejercitar derechos y alcanzar umbrales de bienestar y desarrollo en la adolescencia y la juventud.

La inversión social a través de políticas públicas integrales es un factor clave para que los adolescentes transiten trayectorias de inclusión.

La tenencia del primer hijo durante la adolescencia es un hito particularmente importante.  El embarazo y maternidad o paternidad a edades tempranas expone a los adolescentes a un conjunto de responsabilidades de cuidado cuando todavía no han consolidado sus trayectorias escolares y laborales: el embarazo y la maternidad en la adolescencia refuerzan tendencias a la interrupción de la trayectoria escolar, y a inserciones precarias del padre adolescente en el mercado de trabajo (y mayor inactividad de parte de las madres). Además, favorecen la reproducción intergeneracional de la pobreza, dado que el fenómeno se presenta con mayor frecuencia en hogares de menores recursos: 9 de cada 10 madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos en la Argentina (EPH, 2017).

La maternidad a edades tempranas también refuerza inequidades y roles tradicionales de género. Esto se exacerba cuando la madre no estaba buscando quedar embarazada en ese momento.

La no intencionalidad es especialmente alta en la adolescencia: 7 de cada 10 adolescentes madres declaran no haber planificado su embarazo. La imposibilidad de planificar acertadamente su calendario reproductivo llama la atención sobre la falta de garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de los adolescentes a través de la provisión de servicios, insumos e información de calidad.

La interconexión de los hitos que atraviesan los adolescentes trae aparejada una enorme complejidad a la hora de identificar factores de protección. Pero también representa una oportunidad que puede ser aprovechada mediante una aproximación verdaderamente sistémica a la protección integral de derechos.

Abordar el fenómeno del embarazo no intencional en la adolescencia implica, necesariamente, una perspectiva transversal que involucre a las diversas áreas competentes. A su vez, es preciso garantizar la consistencia absoluta entre los niveles centrales de la administración y las burocracias de calle representadas por los efectores de salud, educación y desarrollo social.

¿Cómo escuchar al presidente? El informe sobre el estado de la Nación

Publicado en febrero de 2019

Una vez al año, el presidente debe informar sobre el estado de la Nación y sobre la marcha de los asuntos públicos ante la Asamblea Legislativa, según lo dicta la Constitución Nacional. Desde 1995, ese día es el 1 de marzo.

El viernes, el presidente Macri visitará el Congreso para realizar su cuarto informe sobre el estado de la Nación. En ese momento, hará públicos los resultados y prioridades de políticas, y rendirá cuentas del desempeño de su gestión.

¿Qué nos aporta el informe sobre el estado de la Nación?

El informe es un instrumento de rendición de cuentas. Esta es una instancia que permite medir la efectividad de las políticas y que contribuye a la transparencia y a la calidad democrática. Es un momento en el que el Poder Ejecutivo debe responder sobre los resultados que obtuvo y dar explicaciones sobre la marcha de las cuestiones de Estado.

La rendición de cuentas promueve que el gobierno cumpla con los objetivos previstos en sus iniciativas y responda a las necesidades de la comunidad a la que representa. Además, promover el compromiso político es una buena práctica institucional según la OCDE: hacer público el compromiso y los planes del gobierno en relación a objetivos y prioridades políticas es decisivo para lograr políticas coherentes de desarrollo.

A la hora de escuchar el informe del presidente sobre el estado de la Nación, es fundamental prestarle atención a tres cuestiones que hacen a un buen instrumento de rendición de cuentas:

  • El plan de gobierno de mediano plazo y las propuestas de políticas.
  • Los avances en el cumplimiento de resultados.
  • Los datos sobre la situación social, económica y política de la Nación que aporten evidencia sobre los resultados alcanzados en función del plan.

¿En qué grado cumplen con requisitos mínimos de una rendición de cuentas democrática y de calidad los informes del presidente entre 2016 y 2018?

¿De qué habló el presidente en los anteriores informes sobre el estado de la Nación?

Los informes de 2016, 2017 y 2018 fueron similares entre sí: tuvieron una duración de aproximadamente una hora y las palabras más mencionadas estuvieron vinculadas a la identificación con la ciudadanía.

Palabras más utilizadas en los informes (2016-2018)
Palabras más utilizadas en los informes del estado de la Nación durante los años 2016 y 2018

Fuente: CIPPEC en base a las versiones taquigráficas.

 

El informe de 2018 fue más corto que los dos anteriores (duró menos de una hora), contó con menos cantidad de pausas para aplausos y mencionó menos cantidad de datos y propuestas de políticas.

Avances, retrocesos y recomendaciones para mejorar el informe sobre el estado de la Nación

El análisis de los informes entre 2016 y 2018 muestra algunos patrones:

  • Hay una referencia a objetivos y metas aunque de forma desarticulada respecto a un plan integral que permita orientar la rendición de cuentas de la acción de gobierno con base en los resultados que se propone alcanzar.
  • Los avances expuestos están expresados en función de la gestión antes que en relación a marcos durables que reflejen el estado de la Nación.
  • El uso de datos para realizar el seguimiento de los objetivos y metas varía a lo largo del período y los datos siguen siendo de difícil acceso.
  • Hay una disminución en la cantidad de datos respecto al promedio histórico pero una leve mejoría en la calidad de los datos empleados.

Frente a esto, hay espacio para mejorar la calidad del informe y así fortalecer la rendición de cuentas. El documento describe algunas cuestiones concretas que permitirían avanzar por este camino.

El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década

Publicado en febrero de 2019

Hace más de una década, CIPPEC y el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo monitorean el financiamiento de la educación.  Entender cómo y por qué evoluciona la inversión educativa es un insumo crucial para mejorar las condiciones materiales y pedagógicas y lograr una mayor cobertura, permanencia y egreso de estudiantes con calidad educativa. En otras palabras, este trabajo parte de la preocupación por el cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina.

¿Qué pasó con el financiamiento de la educación entre 2005 y 2018?

La salida del gradualismo fiscal a partir de 2018 tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. Los datos presupuestarios consolidados de la Nación y las provincias entre 2005 y 2017 (último dato disponible), muestran que la inversión en educación no está protegida de los vaivenes macroeconómicos.

Entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales. A su vez, la inversión provincial cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 2018 por la caída real del salario docente, que representa el 90% del presupuesto educativo provincial. El poder adquisitivo del salario docente descendió 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales.

Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de $ constantes de 2018 (2012-2019)
Gráfico sobre la Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de pesos constantes de 2018 (2012-2019)

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación, serie de Índice de Precios al Consumidor IPC- INDEC y ECOLATINA.

 

La reducción de la inversión educativa nacional es preocupante especialmente por el escaso margen que tienen las provincias para implementar políticas con recursos propios más allá del mantenimiento del sistema educativo, es decir, el pago de salarios e infraestructura. La caída que se registra en 2018 podría profundizarse si el presupuesto 2019 se ejecuta tal como fue aprobado: en ese escenario la caída presupuestaria 2016-2019 alcanzaría el 19% en términos reales.

Agregado a esto, la Ley de Educación Nacional (2006) estipula que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Esta meta solo logró cumplirse en 2015: no fue alcanzada antes ni se sostuvo después de esa fecha. En 2016 el gasto educativo consolidado (que suma la inversión nacional y provincial) fue del 5,80% y en 2017, de 5,65% del PBI.

Disparidades provinciales

Además de haber caído en este periodo, la inversión provincial se caracteriza por ser desigual entre las jurisdicciones de la Argentina.

Inversión educativa del total de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en millones de $ constantes de 2018 (2005-2017)
Gráfico sobre la Inversión educativa del total de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en millones de pesos constantes de 2018 (2005-2017)

Fuente: elaboración propia de CIPPEC.

 

El poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Esta caída se registró en cada una de las 24 jurisdicciones, con la excepción de San Luis. Cayó con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente pagaron salarios más altos (ver evolución del salario docente por provincia).

Si bien parte de estas disparidades puede atribuirse a los costos de vida en cada provincia, hay una brecha de 2,1 veces entre la provincia que más pagó y la que menos pagó en 2018.  Los fondos nacionales que tienen como objetivo compensar estas diferencias no están logrando cumplirlo.

Proteger la inversión educativa

La inversión educativa no está protegida de los vaivenes de la coyuntura económica nacional.  Definir nuevas reglas que la protejan y favorezcan una lógica redistributiva solo puede lograrse con acuerdos de largo plazo y mediante una definición clara de las obligaciones del gobierno nacional y de las provincias. Un financiamiento suficiente, equitativo, eficaz y eficiente es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación.

Hacia el desarrollo urbano integral del área metropolitana de Córdoba

Publicado en febrero de 2019

El Programa de Ciudades de CIPPEC está llevando adelante junto con el BID- LAB y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación el proyecto “Desarrollo de la economía colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación”.

El proyecto fue lanzado a principios de 2017 y se extenderá hasta 2020. Su objetivo es potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia frente al cambio climático, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana. El fin último de esta iniciativa es impulsar el crecimiento y el desarrollo basado en la innovación y el espíritu emprendedor de las ciudades. En este contexto se están llevando adelante cinco Planes de Desarrollo Integral en cinco aglomerados urbanos de Argentina (uno por cada una de las cinco regiones del país).

Durante el primer año del proyecto, se llevaron adelante los “Foros Usina Ciudad Inteligente: potenciando la Economía Colaborativa” en las cinco regiones del país. A través de un concurso se seleccionó una ciudad por región para ser sede del evento que reunió durante dos días a líderes urbanos de toda la región. El objetivo del foro fue concientizar a los líderes sobre la importancia del hábitat, la resiliencia, la gobernanza metropolitana y la economía colaborativa en los aglomerados argentinos.

En la región Centro el foro se realizó en la ciudad de Córdoba, donde se reunieron especialistas de los sectores público, privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el ecosistema emprendedor de base digital de toda la región. El encuentro sirvió como disparador para generar interés en el proyecto y una gran participación en el concurso posterior.

El concurso “Plan ciudad inteligente y economía colaborativa en grandes aglomerados urbanos de la Argentina” convocó a todos los grandes aglomerados de la región Centro (ciudades de más de 100 mil habitantes) a postularse como aglomerado piloto del proyecto para el desarrollo de un plan de Desarrollo Integral de Ciudades (DeIC).

El concurso se lanzó en Centro en el mes de noviembre de 2017. Los requisitos para participar consistían en la presentación de diversas cartas de intención y compromiso que demostraran el interés de la ciudad o área metropolitana en participar del proyecto.

El comité de selección estuvo conformado por dos miembros del BID- LAB, dos miembros de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y dos miembros del Programa de Ciudades de CIPPEC. La selección respondió a las características de la postulación presentada por la ciudad y a la viabilidad del proyecto en el territorio.

El área metropolitana de Córdoba resultó ganadora con una postulación que incluía cartas de intención. Al mismo tiempo, la sociedad civil prestó su apoyo a través de numerosas cartas de intención provenientes de los sectores privado, académico y organizaciones de la sociedad civil. La postulación sumaba, además, un compromiso de los gobiernos intervinientes de compartir los datos que fueran necesarios para el desarrollo del proyecto.

También incluía una carta de compromiso en la que detalla la capacidad y disposición a brindar insumos e infraestructura durante los momentos clave del proyecto. El concurso solicitó a las ciudades la designación de un “enlace local”, es decir un equipo que oficie como nexo designado por la ciudad piloto para tareas de logística. El equipo conformado por Marcelo Cossar, secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico y Laura Massari, directora de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba mantiene comunicación regular con el Programa de Ciudades de CIPPEC en el desarrollo del proyecto.

A lo largo de los últimos siete meses, el área metropolitana de Córdoba junto con el Programa de Ciudades de CIPPEC, han llevado adelante un proceso de planificACCIÓN para el aglomerado. El documento a continuación presenta la experiencia de la región Centro en el desarrollo de las etapas I y II de la planificACCIÓN en el marco del DeIC. En una primera sección se introduce la metodología de trabajo. Luego se desarrolla el diagnóstico técnico y perceptivo realizado para el área
metropolitana en el marco de la etapa I de la planificACCIÓN. Finalmente se introducen los dos proyectos elaborados por las mesas de trabajo durante la etapa II.

 

Reglamentos comparados de Cámaras de Diputados de América del Sur

Publicado en febrero de 2019

En 2017 se realizó un diagnóstico de la situación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina (HCDN) y se encontró que existen algunas dificultades en su funcionamiento que las reglas de la Cámara no ayudan a resolver. Entre otras cosas, se observó la proliferación de agrupamientos legislativos, la dificultad para alcanzar consensos en la Comisión de Labor Parlamentaria, la multiplicación del número de comisiones, y la disminución del tiempo para el tratamiento legislativo en el recinto.

Este documento de trabajo compara el reglamento de la HCDN con los reglamentos de las Cámaras de Diputados de 8 países de América del Sur: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El foco está puesto en los reglamentos en sí mismos, particularmente en determinadas medidas reglamentarias que las Cámaras Bajas de la región adoptan para atacar los problemas que se identificaron en el caso de la Argentina.

El trabajo se estructura en cuatro secciones. En la primera, se comparan las reglas para reducir la fragmentación, es decir, aquellas que regulan la forma en que los resultados electorales se traducen en bloques. En la segunda, se contrastan las distintas medidas que alientan la agregación de los diputados con intereses comunes. En la tercera, se contraponen los diferentes mecanismos para mejorar la coordinación entre los legisladores. La última sección resume los hallazgos del documento.

Así, esta comparación de reglamentos identifica en qué países y con qué frecuencia se adoptan ciertas medidas reglamentarias que si se aplicaran a la Cámara de Diputados argentina podrían ayudar a enfrentar algunos de las dificultades que la Cámara encuentra en su funcionamiento.

Entre otras cosas, se encontró que el porcentaje de miembros de la HCDN requerido para formar un bloque está por debajo del porcentaje promedio de los países estudiados. Además, Argentina tiene el valor máximo de comisiones de la región y en 4 de las 8 cámaras estudiadas hay una diferenciación entre tiempo para legislar y tiempo para expresarse.