Publicado en marzo de 2019

El suicidio se encuentra entre las principales causas de muerte entre la población joven argentina. Se ha convertido en la segunda causa de defunción en adolescentes de 10 a 19 años a nivel nacional, y en el grupo entre 15 a 19 años se observa una mortalidad más elevada, incluso superior a la registrada en la población total (UNICEF/PNSIA, 2016). Mientras que las diferencias de género no son tan marcadas entre los 10 y los 14, a partir de los 15 los varones triplican la cantidad de casos en relación con las mujeres.

Las conductas suicidas abracan un amplio espectro de actividades: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. La tasa de suicidio en la Argentina ha aumentado significativamente para la población joven comprendida entre los 15 y los 24 años, mientras que ha disminuido entre los mayores de 55, quienes históricamente fueron más propensos.

Debido a su característica compleja y multicausal, es preciso abordar el fenómeno desde la identificación de los factores asociados a su ocurrencia. Un gran espectro de factores de riesgo asociados al suicidio han sido identificados, es decir, características que hacen más probable que una persona piense sobre el suicidio o se involucre en acciones suicidas. Entre estos factores se puede mencionar algunos relacionados con el sistema de salud, particularmente el de atención a la salud mental; otros en el nivel societal (como accesibilidad a medios); factores comunitarios (entornos violentos), factores relacionales (familias, noviazgos) y factores individuales (enfermedades mentales).

Es necesario considerar estas múltiples dimensiones a la hora de diseñar e implementar intervenciones que protejan a los adolescentes de las conductas suicidas. Esta nota técnica presenta un breve diagnóstico sobre suicidio en la adolescencia en la Provincia de Chaco y define algunas recomendaciones de política pública basadas en un abordaje de promoción comunitaria de la salud y de articulación intersectorial.

Publicado en marzo de 2019

El período comprendido entre los 10 y los 19 años es crítico en la vida de las personas. Durante esos pocos años cuando se cristalizan las capacidades humanas acumuladas desde la primera infancia y al mismo tiempo se comienzan a atravesar hitos fundamentales de transición a la edad adulta. La adolescencia es un período de enormes transformaciones biofísicas, sociales y psicológicas. A menudo está invisibilizada como fase, cuando en verdad su especificidad requiere, precisamente, de una atención particular.

Cada adolescente es una persona única que se desenvuelve en un contexto histórico-espacial particular, que a su vez incide sobre su condición social, económica, étnica, de género y cultural. Atender a esta diversidad y a sus implicancias en términos de política pública puede lograrse abordando eventos críticos en la vida de los adolescentes. La terminalidad educativa, la inserción en el mercado laboral, el inicio de la vida sexual y reproductiva y la salida del hogar de origen son situaciones interrelacionadas cuya secuencia temporal, momento de ocurrencia y calidad contextual tienen un enorme impacto en la posibilidad de ejercitar derechos y alcanzar umbrales de bienestar y desarrollo en la adolescencia y la juventud.

La inversión social a través de políticas públicas integrales es un factor clave para que los adolescentes transiten trayectorias de inclusión.

La tenencia del primer hijo durante la adolescencia es un hito particularmente importante.  El embarazo y maternidad o paternidad a edades tempranas expone a los adolescentes a un conjunto de responsabilidades de cuidado cuando todavía no han consolidado sus trayectorias escolares y laborales: el embarazo y la maternidad en la adolescencia refuerzan tendencias a la interrupción de la trayectoria escolar, y a inserciones precarias del padre adolescente en el mercado de trabajo (y mayor inactividad de parte de las madres). Además, favorecen la reproducción intergeneracional de la pobreza, dado que el fenómeno se presenta con mayor frecuencia en hogares de menores recursos: 9 de cada 10 madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos en la Argentina (EPH, 2017).

La maternidad a edades tempranas también refuerza inequidades y roles tradicionales de género. Esto se exacerba cuando la madre no estaba buscando quedar embarazada en ese momento.

La no intencionalidad es especialmente alta en la adolescencia: 7 de cada 10 adolescentes madres declaran no haber planificado su embarazo. La imposibilidad de planificar acertadamente su calendario reproductivo llama la atención sobre la falta de garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de los adolescentes a través de la provisión de servicios, insumos e información de calidad.

La interconexión de los hitos que atraviesan los adolescentes trae aparejada una enorme complejidad a la hora de identificar factores de protección. Pero también representa una oportunidad que puede ser aprovechada mediante una aproximación verdaderamente sistémica a la protección integral de derechos.

Abordar el fenómeno del embarazo no intencional en la adolescencia implica, necesariamente, una perspectiva transversal que involucre a las diversas áreas competentes. A su vez, es preciso garantizar la consistencia absoluta entre los niveles centrales de la administración y las burocracias de calle representadas por los efectores de salud, educación y desarrollo social.

Publicado en febrero de 2019

Una vez al año, el presidente debe informar sobre el estado de la Nación y sobre la marcha de los asuntos públicos ante la Asamblea Legislativa, según lo dicta la Constitución Nacional. Desde 1995, ese día es el 1 de marzo.

El viernes, el presidente Macri visitará el Congreso para realizar su cuarto informe sobre el estado de la Nación. En ese momento, hará públicos los resultados y prioridades de políticas, y rendirá cuentas del desempeño de su gestión.

¿Qué nos aporta el informe sobre el estado de la Nación?

El informe es un instrumento de rendición de cuentas. Esta es una instancia que permite medir la efectividad de las políticas y que contribuye a la transparencia y a la calidad democrática. Es un momento en el que el Poder Ejecutivo debe responder sobre los resultados que obtuvo y dar explicaciones sobre la marcha de las cuestiones de Estado.

La rendición de cuentas promueve que el gobierno cumpla con los objetivos previstos en sus iniciativas y responda a las necesidades de la comunidad a la que representa. Además, promover el compromiso político es una buena práctica institucional según la OCDE: hacer público el compromiso y los planes del gobierno en relación a objetivos y prioridades políticas es decisivo para lograr políticas coherentes de desarrollo.

A la hora de escuchar el informe del presidente sobre el estado de la Nación, es fundamental prestarle atención a tres cuestiones que hacen a un buen instrumento de rendición de cuentas:

• El plan de gobierno de mediano plazo y las propuestas de políticas.
• Los avances en el cumplimiento de resultados.
• Los datos sobre la situación social, económica y política de la Nación que aporten evidencia sobre los resultados alcanzados en función del plan.

¿En qué grado cumplen con requisitos mínimos de una rendición de cuentas democrática y de calidad los informes del presidente entre 2016 y 2018?

¿De qué habló el presidente en los anteriores informes sobre el estado de la Nación?

Los informes de 2016, 2017 y 2018 fueron similares entre sí: tuvieron una duración de aproximadamente una hora y las palabras más mencionadas estuvieron vinculadas a la identificación con la ciudadanía.

Palabras más utilizadas en los informes (2016-2018)

Fuente: CIPPEC en base a las versiones taquigráficas.

El informe de 2018 fue más corto que los dos anteriores (duró menos de una hora), contó con menos cantidad de pausas para aplausos y mencionó menos cantidad de datos y propuestas de políticas.

Avances, retrocesos y recomendaciones para mejorar el informe sobre el estado de la Nación

El análisis de los informes entre 2016 y 2018 muestra algunos patrones:

• Hay una referencia a objetivos y metas aunque de forma desarticulada respecto a un plan integral que permita orientar la rendición de cuentas de la acción de gobierno con base en los resultados que se propone alcanzar.
• Los avances expuestos están expresados en función de la gestión antes que en relación a marcos durables que reflejen el estado de la Nación.
• El uso de datos para realizar el seguimiento de los objetivos y metas varía a lo largo del período y los datos siguen siendo de difícil acceso.
• Hay una disminución en la cantidad de datos respecto al promedio histórico pero una leve mejoría en la calidad de los datos empleados.

Frente a esto, hay espacio para mejorar la calidad del informe y así fortalecer la rendición de cuentas. El documento describe algunas cuestiones concretas que permitirían avanzar por este camino.

Publicado en febrero de 2019

Hace más de una década, CIPPEC y el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo monitorean el financiamiento de la educación.  Entender cómo y por qué evoluciona la inversión educativa es un insumo crucial para mejorar las condiciones materiales y pedagógicas y lograr una mayor cobertura, permanencia y egreso de estudiantes con calidad educativa. En otras palabras, este trabajo parte de la preocupación por el cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina.

¿Qué pasó con el financiamiento de la educación entre 2005 y 2018?

La salida del gradualismo fiscal a partir de 2018 tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. Los datos presupuestarios consolidados de la Nación y las provincias entre 2005 y 2017 (último dato disponible), muestran que la inversión en educación no está protegida de los vaivenes macroeconómicos.

Entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales. A su vez, la inversión provincial cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 2018 por la caída real del salario docente, que representa el 90% del presupuesto educativo provincial. El poder adquisitivo del salario docente descendió 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales.

Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de $ constantes de 2018 (2012-2019)

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación, serie de Índice de Precios al Consumidor IPC- INDEC y ECOLATINA.

La reducción de la inversión educativa nacional es preocupante especialmente por el escaso margen que tienen las provincias para implementar políticas con recursos propios más allá del mantenimiento del sistema educativo, es decir, el pago de salarios e infraestructura. La caída que se registra en 2018 podría profundizarse si el presupuesto 2019 se ejecuta tal como fue aprobado: en ese escenario la caída presupuestaria 2016-2019 alcanzaría el 19% en términos reales.

Agregado a esto, la Ley de Educación Nacional (2006) estipula que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Esta meta solo logró cumplirse en 2015: no fue alcanzada antes ni se sostuvo después de esa fecha. En 2016 el gasto educativo consolidado (que suma la inversión nacional y provincial) fue del 5,80% y en 2017, de 5,65% del PBI.

Disparidades provinciales

Además de haber caído en este periodo, la inversión provincial se caracteriza por ser desigual entre las jurisdicciones de la Argentina.

Inversión educativa del total de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en millones de $ constantes de 2018 (2005-2017)

Fuente: elaboración propia de CIPPEC.

El poder adquisitivo del salario docente cayó 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Esta caída se registró en cada una de las 24 jurisdicciones, con la excepción de San Luis. Cayó con mayor fuerza en Tierra del Fuego y Santa Cruz, las que históricamente pagaron salarios más altos (ver evolución del salario docente por provincia).

Si bien parte de estas disparidades puede atribuirse a los costos de vida en cada provincia, hay una brecha de 2,1 veces entre la provincia que más pagó y la que menos pagó en 2018.  Los fondos nacionales que tienen como objetivo compensar estas diferencias no están logrando cumplirlo.

Proteger la inversión educativa

La inversión educativa no está protegida de los vaivenes de la coyuntura económica nacional.  Definir nuevas reglas que la protejan y favorezcan una lógica redistributiva solo puede lograrse con acuerdos de largo plazo y mediante una definición clara de las obligaciones del gobierno nacional y de las provincias. Un financiamiento suficiente, equitativo, eficaz y eficiente es una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación.