¿Cómo crecen las ciudades Argentinas? Estudio de la expansión urbana de los 33 grandes aglomerados

Las ciudades se han convertido en las últimas décadas en el escenario de los grandes desafíos del siglo XXI: el cambio climático, las nuevas tecnologías, la gobernanza metropolitana y la desigualdad, son aspectos que tienen consecuencias palpables en los espacios urbanos. La expansión acelerada de los grandes aglomerados urbanos es una problemática de escala mundial que acentúa esos desafíos y a la cual las ciudades argentinas no escapan. En este contexto, el Programa de Ciudades de CIPPEC se ha propuesto estudiar el modo en que crecen las ciudades con el fin de evidenciar de la manera más simple posible sus potenciales consecuencias e intentar guiar nuevas formas de planificación urbana que incentiven un crecimiento más deseable de los grandes aglomerados urbanos argentinos.

El diagnóstico general que puede hacerse a partir de los resultados que se presentan en este libro es contundente: las ciudades argentinas no están creciendo de manera sustentable, consumiendo mucho suelo en relación con sus propios incrementos poblacionales. Si bien este enunciado goza de un consenso bastante amplio -sobre todo en los ámbitos académicos- en este caso se lo sostiene con la evidencia empírica proporcionada por los datos obtenidos en base a un extenso trabajo realizado desde el Laboratorio Urbano Digital (LUD) de CIPPEC. Se trata de un puntilloso método, el cual, a través de la lectura de imágenes satelitales, procura identificar el ritmo y el tipo de crecimiento en la expansión de los grandes aglomerados urbanos del país. Dicho trabajo es acompañado de un análisis de la dinámica poblacional, que surge de los datos proporcionados por los Censos de Población, Hogares y Vivienda del Indec correspondientes con los años 1991, 2001 y 2010.

Cabe destacar que, al tratarse de un estudio que abarca una década (2006-2016) y áreas metropolitanas que trascienden fronteras jurisdiccionales, los resultados del análisis así como también las recomendaciones volcadas en este documento abarcan a más de una gestión nacional, en todas las provincias e incluyendo a todos los municipios dentro de los 33 grandes aglomerados urbanos argentinos. Se trata entonces más de una radiografía de cómo crecen las ciudades que de una o varias gestiones en particular.

Las consecuencias de las formas de crecimiento que propugnan patrones de alto consumo de suelo y replican ocupaciones de baja densidad, afectan negativamente a las dinámicas urbanas, dado que, en tanto la ciudad no densifica sus tejidos, la consecuencia directa de ello es la expansión con bajas densidades, la segregación social y la proliferación de vacíos urbanos, hecho que conlleva costos más altos debido al incremento de las inversiones que hacen al funcionamiento de la ciudad, la provisión de servicios en territorios cada vez más amplios y los traslados de la población hacia los centros urbanos mediante transporte público que tienden a la ineficiencia o, peor aún, por medio del automóvil particular, con su impacto nocivo sobre los sistemas de movilidad y las emisiones de CO2 que promueve. Además, mientras la ciudad no es plausible de consolidarse debido a la inviabilidad y los costos excesivos, la única forma que tiene de crecer ante la ausencia de lógicas de densificación es mediante el derrame por expansión, lo cual que genera nuevos enclaves de urbanización, tanto privados (barrios cerrados), públicos (vivienda planificada) como autogestivos (asentamientos informales).

Por el contrario, tal como señala la Nueva Agenda Urbana, firmada en Quito durante la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat y Desarrollo Sostenible dos años atrás, los beneficios de una ciudad compacta se centran en las posibilidades de accesibilidad y proximidad entre las actividades urbanas que la comunidad lleva a cabo. Cuantas mayores sean las alternativas de los vínculos productivos e intercambios sociales, más eficiente resultará el funcionamiento de ese espacio urbano, y mayores serán los desafíos desde la gestión pública para alcanzar y mantener dichos estándares.

Una ciudad extensa tiene también consecuencias severas en los aspectos socioambientales ya que afecta al cinturón agrícola que la rodea y le provee sus alimentos a un costo más bajo, dada su proximidad a los mercados de consumo. La expansión urbana se realiza además sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, como humedales, recargas de acuíferos y reservas de biodiversidad ecológica.

Es primordial entonces modificar este patrón de expansión también para reducir los efectos del cambio climático en las ciudades, principalmente las inundaciones, y cumplir con las recomendaciones del Acuerdo de París acerca de reducir las emisiones de CO2 y generar espacios urbanos más resilientes. No menos importante es el impacto que la expansión acelerada acarrea en el manejo de los vínculos entre jurisdicciones. Las áreas urbanas que surgen durante el proceso de expansión forman un continuo con la mancha urbana original que trasciende los límites administrativos y que conlleva nuevos desafíos en torno a la gobernanza metropolitana. A la vez, la poca viabilidad de concretar obras de consolidación como consecuencia del crecimiento por derrame produce suburbios sin infraestructuras, con escasos servicios y equipamientos.

En suma, para alcanzar el desarrollo de ciudades más equitativas, resilientes y con una gestión del territorio inteligente y eficaz, se deben implementar estrategias para mitigar el impacto de la expansión de los tejidos de baja densidad. Transformar los dispositivos de la planificación urbana y el alcance de las políticas públicas en las ciudades resulta fundamental para confluir en marcos que promuevan el desarrollo urbano equilibrado e integral.

Inteligencia artificial y crecimiento económico. Oportunidades y desafíos para Argentina

El mundo está comenzando a transitar una nueva revolución industrial —la cuarta— en la que la inteligencia artificial (IA) se destaca como una tecnología de propósito general (TPG) que lo cambia todo: la forma en que producimos, consumimos, comerciamos y trabajamos. La irrupción de IA y otras tecnologías asociadas no se circunscribe a un conjunto reducido de sectores y actividades sino que es masiva.

La experiencia de las revoluciones industriales previas sugiere que aquellas firmas y países que más rápido adoptan las nuevas tecnologías son quienes obtienen más oportunidades de crecimiento. Estos episodios fueron unos de gran divergencia en los ingresos, la productividad y el bienestar entre los países. La cuarta revolución industrial abre una oportunidad de crecimiento para muchos países en desarrollo, incluyendo a Argentina.

Para entender cómo puede impactar la cuarta revolución industrial y más precisamente la irrupción de la IA en la economía argentina, se desarrolla en este documento un ejercicio de simulación de escenarios alternativos de adopción y difusión de la IA y su impacto sobre el crecimiento de la economía y varios sectores en particular en los próximos 10 años. El ejercicio sugiere que el ritmo de crecimiento económico potencial podría acelerarse en más de un punto porcentual por año durante la próxima década, alcanzando el 4,4% si Argentina logra romper con la tendencia histórica y acelerar la tasa de adopción de tecnologías asociadas a la IA. Los ejercicios muestran también que la aceleración del crecimiento no se restringiría a un pequeño puñado de sectores de alta tecnología sino que sería un fenómeno de carácter general.

Una rápida e intensa adopción tecnológica no es automática: requiere de empresas dinámicas que puedan absorber las tecnologías asociadas con IA y, sobre todo, de una fuerza de trabajo con habilidades, capacidades y conocimientos compatibles y complementarios a esas tecnologías. Es allí donde Argentina enfrenta un gran desafío: apenas un 16% de sus trabajadores cuenta con las habilidades que se potenciarán con la revolución de IA. Así, el papel del Estado es central para promover y facilitar el proceso de adopción tecnológica por parte de las firmas y para readaptar las habilidades de los trabajadores.

Hacia una legislación del hábitat en Argentina

La Nueva Agenda Urbana, firmada por 167 países durante la cumbre de Hábitat III de Naciones Unidas en 2016, reconoce la cuestión de la legislación urbana como uno de los cinco pilares para lograr ciudades más sustentables e inclusivas, a la vez que convoca a los gobiernos nacionales a liderar los procesos de diseño e implementación de estas normativas.

La legislación urbana es un instrumento clave para conducir los procesos de urbanización: allí se definen las reglas para planificar y decidir sobre el espacio público y la construcción. Desarrollar y explicitar la capacidad regulatoria territorial en una ley deja en mejor posición al Estado para implementar políticas de suelo inclusivas, equitativas y promotoras de la resiliencia urbana en todo el territorio que esté alineada con los principios constitucionales.

A lo largo de las últimas décadas, diferentes gobiernos nacionales en el mundo, tales como España, Gran Bretaña, Brasil y Ecuador, han implementado normativas que establecen lineamientos de desarrollo urbano y conducen los procesos territoriales desde la administración central.

Argentina no cuenta actualmente con una legislación urbana nacional. La red de normativas que abordan cuestiones relacionadas con el acceso al hábitat que se despliegan en los niveles sub-nacionales constituye una base importante para la implementación de políticas urbanas, así como también para empezar a diagramar una ley nacional.

La regulación territorial en las provincias argentinas

A pesar de que la Constitución Nacional promueve el desarrollo territorialmente equilibrado, aún no existe una ley de ordenamiento territorial que lo materialice. Al faltar una ley nacional que exprese los alcances de la delegación constitucional, las provincias terminan por ser las principales responsables del ordenamiento territorial.

Pero sólo cinco de las veinticuatro jurisdicciones –Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, cuentan con normativa de ordenamiento territorial. Al no tener limitaciones en el ejercicio de su capacidad territorial, adoptan criterios y contenidos disímiles y fragmentados.

Mientras que la provincia de Buenos Aires ejerce una alta regulación sobre los municipios por medio del Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8.912/1977), Córdoba permite mayor autonomía municipal, e interviene sólo en la zonificación. Salta, en el proyecto de Ley de Suele, procede de forma similar.

En relación a los lineamientos propuestos en la NAU, la adhesión de las provincias varía. En la provincia de Buenos Aires la Ley de Suelo no cumple con la mayoría de los principios orientados a la buena urbanización, pero la Ley de Acceso Justo al Hábitat afirma cuál es el camino para que la provincia avance con un desarrollo urbano más justo.

De la misma forma, Mendoza cuenta también con una ley de ordenamiento territorial que se alinea con la NAU.

En Santa Fe, el proyecto de Ley de Suelos de la Provincia de Santa Fe tiene una confección similar a la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, y se propone actualizar el decreto 7217 en todas las temáticas de la NAU, salvo en la temática de género e infancia.

A pesar no desarrollar muchos de los principios de la NAU, Córdoba sí incorpora uno de los grandes temas urbanos del siglo XXI: el desarrollo metropolitano.

Por su parte, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla casi todos los elementos que indica la NAU. El Código de Planeamiento Urbano de 1977 –aún vigente como instrumento de regulación del espacio urbano- contradice la implementación efectiva de esos principios pero se encuentra en discusión un nuevo Código Urbanístico, que es una oportunidad para resolver ese conflicto y adecuar los instrumentos necesarios para implementar el plan.

¿Por qué necesitamos una legislación nacional de hábitat?

La Constitución Nacional promueve un desarrollo territorialmente equilibrado: garantiza tanto el derecho al desarrollo como el derecho ambiental en una visión constitucional donde el medio ambiente no antagoniza con el desarrollo económico. En otras palabras, promueve un desarrollo sustentable. Sin embargo, no existe una ley que materialice este principio orientador.

La diversidad de situaciones entre las provincias acentúa aún más la necesidad de pensar en desarrollos normativos a nivel nacional.

Así, es necesario promover el debate para sancionar una ley nacional de hábitat que oriente las normativas provinciales hacia el marco planteado en la NAU, y fortalezca la capacidad estatal de concretar ciudades más justas, sustentables y equitativas. Una ley nacional de hábitat puede contribuir a estos objetivos de distintas formas:

  • Promover que todas las provincias que aún no cuentan con ley de ordenamiento territorial comiencen el proceso hacia la generación de marcos normativos adecuados.
  • Unificar criterios de desarrollo territorial en el marco del esquema federal y contribuir a que estos desarrollos se den en forma coordinada a nivel nacional.
  • Establecer presupuestos mínimos comunes incorporar incentivos que premien con mayores recursos provinciales a los municipios que apliquen los instrumentos definidos en la ley.

Una ley nacional es la única forma de garantizar un crecimiento urbano ordenado y planificado, que articule las acciones de las jurisdicciones y de lugar a una buena urbanización, es decir, aquella que garantiza inclusión social, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental.  Fortalecer la capacidad estatal de crear ciudades más justas, sustentables y equitativas requiere una legislación del hábitat para la Argentina.

Transparencia activa en las empresas estatales

Mejorar cómo se reporta y divulga la información financiera y no financiera de las empresas públicas es una de las principales recomendaciones de la OECD en materia de gobernanza corporativa (OECD, 2010; 2015). El marco legal que regula la transparencia de las empresas públicas en Argentina desde 2017 está alineado con esta prioridad. Por un lado, la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública que entró en vigencia en septiembre de 2017 (Decreto N° 206/2017) considera la transparencia activa de los organismos del sector público nacional – incluidas las empresas y sociedades del Estado- como una dimensión del derecho de acceso a la información pública. Por el otro, los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria establecidos por la Jefatura de Gabinete de Ministros en febrero de 2018 (Decisión Administrativa N° 85) establecen la necesidad de que las empresas de participación estatal mayoritaria publiquen en sus páginas web información financiera y no financiera sobre su actividad.

Mejorar la transparencia de las empresas públicas es importante por al menos tres motivos. En primer lugar, porque estas empresas tienen una fuerte participación en sectores estratégicos para la provisión de servicios públicos tales como agua y saneamiento, transporte, energía, y telecomunicaciones (Bernal et al., 2012). En segundo lugar, porque suelen enfrentar problemas vinculados con la naturaleza discrecional de la relación financiera con el gobierno que se expresa tanto en las transferencias que reciben del Tesoro para resolver sus déficits como en la extracción de recursos de las empresas por parte del gobierno (Musacchio et al., 2015). En tercer lugar, porque conforman un espacio especialmente sensible para la ocurrencia de hechos de corrupción pública debido a la gran cantidad de recursos públicos que manejan, la fuerte injerencia política sobre sus órganos de gobierno y la deficiente gestión de los conflictos de intereses (Transparency International, 2017).

En este documento se analizan los niveles actuales de transparencia en las empresas de participación estatal mayoritaria del Sector Público Nacional. Para ello se parte de los requerimientos de información definidos por los Lineamientos de Buen Gobierno (Lineamiento 1) y por la Ley 27.275 (Art. 32) que son relevantes para el universo de empresas públicas. A su vez, se compara los niveles actuales con aquellos previos a la entrada en vigencia de estas normas. De este modo, se busca identificar los avances que lograron las empresas en algunas de estas dimensiones.

Finalmente, se realizan algunas recomendaciones respecto a qué tipo de información adicional debería ser publicada y no está contemplada en las normas vigentes. También se plantean algunas consideraciones para fortalecer los mecanismos institucionales que favorecen el cumplimiento de los requerimientos de información establecidos en la normativa.

 1. Cumplimiento de los requerimientos de información de transparencia activa

La ley 27.275 y los Lineamientos de Buen Gobierno establecen una serie de requerimientos para las empresas públicas en materia de transparencia activa (Anexo I).  ¿En qué medida cumplen las empresas del sector público nacional con estos requerimientos?

Para analizar el nivel de cumplimiento se consideraron 38 empresas que tienen participación mayoritaria del Estado Nacional y se encuentran actualmente en actividad.

El análisis se realizó a partir de los datos relevados en las páginas web de las empresas durante el mes de septiembre de 2018 (ver Anexo II). De las 38 empresas relevadas, 5 de ellas no cuentan con página web (Vehículo Espacial de Nueva Generación, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Nuevos Aires del Sur, Playas Ferroviarias de Buenos Aires). No se consideraron para este análisis otros sitios en los cuales pudiera publicarse dicha información bajo el supuesto que la Ley 27.275 busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Los distintos aspectos relevados fueron agrupados en cinco dimensiones: desempeño, gobernanza corporativa, información económica, compras y contrataciones y recursos humanos.

1.1. Desempeño

Los requerimientos de información sobre desempeño incluyen los siguientes aspectos: i) objetivos establecidos en sus planes estratégicos o de negocios (Lineamientos de Buen Gobierno), ii) informe anual de gestión que evidencie las acciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos (Lineamientos de Buen Gobierno), iii) indicadores de calidad, estratégicos y operativos (Lineamientos de Buen Gobierno) y, iv) informes de auditoría o evaluaciones internas o externas (Ley 27.275).

El relevamiento realizado pone en evidencia que menos de un cuarto de las empresas proveen información que permite valorar su desempeño. Los informes de gestión publicados suelen incluir información financiera, la estructura de gobernanza y actividades y proyectos de inversión realizados así como también en algunos casos indicadores de desempeño para medir dimensiones tanto económicas como operativas de la actividad de la empresa. Sin embargo, la vinculación con la planificación es escasa. La información  encontrada es de carácter general sobre la misión y función de las empresas pero no es posible conocer cuáles son sus objetivos y metas de gestión específicas los cual permitiría valorar sus acciones. Finalmente, los informes de auditoría publicados están centrados en el análisis de los estados contables que realizan tanto los auditores externos como la comisión fiscalizadora pero no se publican auditorías sobre aspectos de gestión de las empresas.

Gráfico 1. Porcentaje de empresas que publican información sobre su desempeño
(septiembre de 2018)
Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre su desempeño. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

 

1.2. Gobernanza corporativa

Los requerimientos de información sobre gobernanza corporativa pueden dividirse en dos dimensiones: aquellos referidos a la estructura de gobierno y aquellos vinculados con las normas internas y resoluciones de las empresas.

La dimensión sobre estructura de gobierno incluye los siguientes aspectos: i) estructura orgánica y funciones (Lineamientos de Buen Gobierno y Ley 27.275) y ii) responsabilidades de los miembros del directorio y de los gerentes (Lineamientos de Buen Gobierno). Menos de la mitad de las empresas relevadas publican información sobre su estructura orgánica. A su vez, existe un bajo nivel de información sobre las responsabilidades y funciones de los cargos ejecutivos, tanto de los miembros del directorio como de los gerentes. En los casos en que esta información existe es posible encontrarla en los estatutos de las empresas. De acuerdo a las buenas prácticas en materia de gobernanza es importante que las funciones del directorio estén claramente definidas a fin de separar y evitar superposiciones entre el papel de los órganos de gobierno de las empresas y el papel de los ministerios y organismos públicos que ejercen la función de propiedad de ellas.

Gráfico 2. Porcentaje de empresas que publican información sobre su estructura de gobierno (septiembre de 2018)
Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre su estructura de gobierno. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

 

Por su parte, la dimensión sobre las normas internas y actos/resoluciones incluye los siguientes aspectos: i) las actas de deliberación de un cuerpo colegiado (Ley 27.275), ii) política de transparencia, iii) política de integridad y iv) política de compras y contrataciones (Lineamientos de Buen Gobierno). Mientras que más de un tercio de las empresas publican información sobre sus políticas de compras y contrataciones y transparencia, solo un 18% de ellas publica información sobre sus políticas de integridad. Por su parte, ninguna de las empresas tiene información sobre las actas de las reuniones de sus directorios.

Gráfico 3. Porcentaje de empresas que publican información sobre sus normas internas y resoluciones (septiembre de 2018)
Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre sus normas internas y resoluciones. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

 

 

1.3. Información económica

Los requerimientos de información sobre recursos económicos incluyen los siguientes aspectos: i) presupuesto asignado a cada área, programa y función y estado de ejecución actualizado trimestralmente (Ley 27.275) y, ii) transferencia de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios (Ley 27.275).

Las empresas relevadas no suelen publicar información sobre su presupuesto. En los pocos casos en que la información sobre transferencias de fondos (en particular las transferencias realizadas por el Estado Nacional) está publicada, se encuentra en los informes sobre ejecución presupuestaria y en otros casos en los estados contables de las empresas.  En otras palabras, el nivel de cumplimiento es bajo en este aspecto. En los casos en que esta información se publica, no siempre no se encuentra en un apartado específico y claramente identificable de presupuesto sino que hay que buscarlo en otros documentos. En ocasiones, esto dificulta el fácil acceso a la información.

Gráfico 4. Porcentaje de empresas que publican información sobre sus recursos económicos (septiembre de 2018)Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre sus recursos económicos. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

1.4. Compras y contrataciones

Los requerimientos de información sobre compras y contrataciones incluyen los siguientes aspectos: i) objeto y monto de las adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas (Ley 27.275) y, ii) participantes, antecedentes y resultados de la adjudicación (Lineamientos de Buen Gobierno).

La mitad de las empresas incluidas en el relevamiento dispone de portales donde publican el listado de adquisiciones de bienes y servicios consignando el tipo y estado de cada una de las compras y licitaciones. Sin embargo, el nivel de publicación de información sobre el resultado de la adjudicación (objeto, monto, adjudicatario) y el listado de proveedores de la empresa y sus antecedentes es mucho menor.

Gráfico 5. Porcentaje de empresas que publican información sobre sus compras y contrataciones (septiembre de 2018)Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre sus compras y contrataciones. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

1.5. Recursos humanos

Los requerimientos de información sobre recursos humanos incluyen los siguientes aspectos: i) nómina de miembros del directorio (Ley 27.275 y Lineamientos de Buen Gobierno), ii) antecedentes de los miembros del directorio (Lineamientos de Buen Gobierno), iii) nómina de gerentes y antecedentes de los gerentes (Lineamientos de Buen Gobierno), iv) escalas salariales correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados (Ley 27.275).

El nivel de información sobre quiénes integran los directorios de las empresas es alto entre las empresas relevadas, pero no así la información sobre sus antecedentes laborales. Este tipo de información es relevante para facilitar el control de posibles conflictos de intereses. Se vincula también con lo estipulado en la Ley 25.188 de Ética referido al ejercicio de la función pública, donde se establece que aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea resultado directo del sufragio universal debe incluir en la declaración jurada sus antecedentes laborales.

Por su parte, la información provista sobre quiénes son los gerentes de las empresas y sus antecedentes laborales es muy baja así como también la información sobre las escalas salariales.

Gráfico 6. Porcentaje de empresas que publican información sobre sus recursos humanos (septiembre de 2018)Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información sobre sus recursos humanos. Septiembre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 38

2. Monitoreo de los avances 2017-2018

Para monitorear el grado de avance en materia de transparencia activa por parte de las empresas públicas se realizó una comparación entre el nivel de información que proveían antes de que entrara en vigencia la normativa que regula aspectos de transparencia activa y un momento posterior a su entrada en vigencia. Los datos del momento previo corresponden al relevamiento realizado en agosto de 2017 (Andía et al., 2017). Los datos del momento posterior corresponden al relevamiento realizado en septiembre de 2018.

El universo de análisis para realizar esta comparación se reduce a las 32 empresas de participación estatal mayoritaria que están actualmente en actividad y que también fueron incluidas en el relevamiento en 2017. Para hacer esta comparación se consideraron sólo los aspectos que fueron relevados en 2017 y que son incluidos como requerimientos de información en las normas actualmente vigentes.

Este análisis refleja avances en al menos cuatro aspectos. Hubo incrementos en el nivel de publicación de información sobre los miembros del directorio (en 2017 el 69% de las empresas públicas relevadas publicaban esta información y en 2018 este porcentaje ascendió a 75%), la estructura orgánica (de 41% en 2017 a 53% en 2018), los informes de auditoría (de 6% en 2017 a 28% en 2018) y los informes de gestión (de 9% en 2017 a 22% en 2018).

El nivel de información sobre las funciones de las áreas de la estructura orgánica, las adquisiciones de bienes y servicios y resultados de estos procesos no evidencia avances significativos.

Gráfico 7. Porcentaje de empresas que publican información requerida por la normativa (2017-2018)
Gráfico sobre el porcentaje de empresas que publican información requerida por la normativa. Años 2017 y 2018

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las empresas públicas. N = 32

 

3. Algunas recomendaciones para fortalecer la transparencia de las empresas públicas

La Ley de Acceso a la Información y los Lineamientos de Buen Gobierno representan un avance importante en el camino de transparentar la actividad de las empresas públicas. Para que este camino iniciado pueda consolidarse sería deseable fortalecer algunos aspectos a fin de disponer de un marco legal e institucional más robusto.

En primer lugar, el marco regulatorio existente está compuesto por dos normas con distinto grado de especificidad y rango jurídico: la Ley de Acceso a la Información Pública regula cuestiones de transparencia para todos los organismos del sector público nacional y la Resolución sobre Lineamientos de Buen Gobierno regula cuestiones de gobierno corporativo sólo para las empresas públicas. En este contexto, sería beneficioso que la Agencia de Acceso a la Información Pública emitiera una resolución específica en materia de transparencia que contemple las particularidades que tienen las empresas públicas tanto por su actividad como por su naturaleza jurídica tomando en consideración lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información, los Lineamientos de Buen Gobierno de Jefatura de Gabinete y los estándares internacionales en la materia.

En segundo lugar, deberían considerarse algunos requerimientos de información que se encuentran ausentes en el marco legal vigente y que son de particular importancia para las empresas públicas. Si bien la lista de requerimientos no es taxativa y contempla la posibilidad de agregar nuevos puntos, sería relevante incluir el requerimiento de transparencia activa para los siguientes aspectos en particular:

  • Estatutos societarios
  • Composición societaria
  • Filiales y todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención
  • Estados financieros del año anterior aprobados y publicados dentro de un período de tiempo estipulado a fin de garantizar que la información tenga actualidad
  • Listado de proyectos de inversión en ejecución con su correspondiente presupuesto
  • Transacciones entre partes relacionadas (operaciones con personas físicas o jurídicas con las que se tiene relación estrecha) lo cual contribuiría a atacar uno de los problemas más graves en temas de conflictos de interés y fraudes en las compras y contrataciones dentro de las EPE

En tercer lugar, al momento de implementar el marco normativo sobre transparencia activa deberían considerarse algunos aspectos que resultan especialmente sensibles para las empresas públicas. Por ejemplo, en cuanto a la publicación de información sobre compras y contrataciones es importante tomar en cuenta criterios de mercado y competitividad en relación a información que es comercialmente sensible o cláusulas de confidencialidad establecidas por los proveedores que pueden afectar el desarrollo estratégico de las empresas. A tal fin, la Ley de Acceso a la Información prevé la utilización de las tachas como mecanismo de resguardo ante la existencia de información sensible, confidencial o secreta que haya sido clasificada por alguna norma propia como tal antes del pedido de acceso a la información.

Finalmente, es necesario establecer mecanismos adecuados que aseguren el cumplimiento de los requerimientos de información. Para ello, sería recomendable el trabajo en conjunto entre la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de Gabinete de Ministros para monitorear los avances en materia de transparencia de las empresas públicas así como la identificación de buenas prácticas en materia de transparencia activa en las empresas que promueva procesos de aprendizaje entre ellas.

[1] No se incluyeron en este relevamiento a las empresas subsidiarias. El Anexo II detalla el listado de empresas relevadas que cuentan con página web y el cumplimiento de cada una de ellas respecto a los requerimientos de información.

[2] Por ejemplo, las empresas bajo el régimen de oferta pública y las entidades financieras publican información en otros sitios (Comisión Nacional de Valores o Banco Central).

[3] De las empresas relevadas en 2018 hubo 6 empresas (YPF, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Nuevos Aires del Sur y Playas Ferroviarias de Buenos Aires) que no fueron incluidas en el relevamiento de 2017 y, por tal motivo, no se las incluyó en el análisis comparativo.

[4] Para elaborar estas recomendaciones se han tomado en consideración los aportes realizados por los participantes a la mesa de trabajo sobre transparencia activa en empresas públicas organizada por el Programa de Gestión Pública de CIPPEC en diciembre de 2017. De la misma participaron autoridades y representantes de la Coordinación de Empresas Públicas de Jefatura de Gabinete de Ministros, la Agencia de Acceso a la Información Pública, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Trenes Argentinos Infraestructura SE (ADIFSE), Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Energía Argentina SA (ENARSA), Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Intercargo SA, Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA), Entidad Binacional Yacyretá, Asociación Argentina de Etica y Compliance, Universidad de San Andrés, Universidad de San Martín y Deloitte Argentina. Ver documento “Acuerdos sobre Transparencia Activa en empresas públicas”.

Una propuesta para el desarrollo urbano integral del Gran Catamarca

En el marco del proyecto “Desarrollo de la economía colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación”, el programa de Ciudades de CIPPEC junto con el FOMIN BID y el Ministerio de Producción de la Nación están implementando la planificacción en cinco aglomerados argentinos.

El proyecto tiene una duración total de tres años y su principal objetivo es potenciar las líneas de política pública municipales que fomenten la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la resiliencia frente al cambio climático, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza metropolitana.

¿Qué es la planificacción?

La planificacción es un método de planificación integral de ciudades diseñado y promovido por CIPPEC para el desarrollo de ciudades más inteligentes. Este método transforma los procesos tradicionales de planificación urbana: prioriza el diagnóstico perceptivo, el empoderamiento de los líderes locales y la co-creación de proyectos estratégicos. Tiene como objetivo fortalecer el capital social en la comunidad para sentar las bases que sostengan un plan de desarrollo de largo plazo.

La metodología tiene cinco etapas:Esquema sobre las cinco etapas de la metodología

El foco está puesto en estrategias de gestión participativa: entrevistas individuales, puesta en común con actores sociales, validación colaborativa de resultados, consultas y talleres participativos, así como en el desarrollo de proyectos de manera conjunta.

El proceso de planificacción aprovecha los estudios previos y los complementa con la percepción de los líderes locales. Además, incorpora indicadores cuantitativos generados por el equipo técnico de CIPPEC. Esto permite la construcción de un diagnóstico expeditivo que conjuga conocimiento de la técnica y del contexto político.

La planificacción aborda las problemáticas urbanas a partir de un enfoque integrador, formulando nuevas propuestas que potencien la capacidad de los gobiernos para intervenir positiva e integralmente en las ciudades. Para ello se brinda a los tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano integral, basada en información cualitativa, cuantitativa y con un análisis profundo de la dimensión territorial.

El caso del Gran Catamarca

La primera experiencia de aplicación de la planificACCIÓN se realizó durante 2016 y 2017 en Bahía Blanca.  En 2018, la planificACCIÓN se está implementando en cinco áreas metropolitanas argentinas que fueron seleccionadas a través un concurso y con un criterio de representación regional: el área metropolitana de Catamarca resultó seleccionada como caso de implementación de la planificacción en la región NOA.

La postulación de Gran Catamarca incluía las cartas de intención de los municipios de San Fernando del Valle de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. Asimismo, la sociedad civil prestó su apoyo a través de numerosas cartas provenientes de los sectores privado, académico y organizaciones de la sociedad civil. La postulación sumaba, además, un compromiso de los gobiernos intervinientes de compartir los datos que fueran necesarios para el desarrollo del proyecto

Este documento presenta los resultados de las etapa I y II de la planificacción para el caso de Gran Catamarca. El proceso de implementación de estas dos etapas duró siete meses, entre marzo y octubre de 2018.

Etapa I. Diagnóstico

Durante la etapa I una de las principales informaciones recopiladas fue el modelo de ciudad al que aspiran los habitantes del área metropolitana. Las respuestas más populares fueron las siguientes (donde el tamaño de las palabras se relaciona con la cantidad de veces en que aparecieron como respuesta a la consulta).

Representación del modelo de ciudad al que aspira el Gran Catamarca
Ilustración sobre la representación en palabras del modelo de ciudad al que aspira el Gran Catamarca

Fuente: elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2018

 

El diagnóstico perceptivo también arrojó los siguientes resultados para el mapa de calor en Gran Catamarca. El mapa muestra la percepción de los líderes respecto 11 cuestiones relevantes para el desarrollo integral del aglomerado.

Mapa de percepciones para el desarrollo integral del Gran Catamarca
Gráfico sobre el mapa de percepciones para el desarrollo integral del Gran Catamarca

Fuente: elaboración propia sobre la base de CIPPEC, 2018

 

Los resultados presentados en el mapa de calor sirvieron de base para el trabajo realizado en la etapa II de la planificacción.

Etapa II. Selección de proyectos

Luego de la presentación del diagnóstico, los líderes de Gran Catamarca se reunieron de manera semanal, con el acompañamiento mensual de CIPPEC y mediante la metodología de scrum management, para desarrollar dos proyectos que atiendan las áreas más críticas identificadas en el aglomerado.

Esta metodología consiste en espacios presenciales de intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares, en el que participan los principales líderes locales y especialistas influyentes del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico. Esta forma trabajo tiene como objetivo poner en común saberes generados a partir de la experiencia y los conocimientos de cada uno, y potenciar los proyectos seleccionados para la ciudad a través de la apropiación y la construcción colaborativa.

El desarrollo de esta metodología implicó, por un lado, reuniones semanales en donde los líderes locales trabajaron dando seguimiento y avanzando en la definición y el armado de los proyectos que fueron seleccionados. Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones mensuales lideradas por el equipo de CIPPEC con la participación de expertos en las temáticas abordadas, durante los cuales se presentaron los avances del mes y se trabajó sobre los objetivos futuros.

El resultado de esta etapa fue la elaboración de dos proyectos:

A) Reestructuración de la movilidad urbana en el área central de Gran Catamarca

El proyecto se propone posicionar al transporte público como el medio de movilidad más eficiente e inclusivo en Gran Catamarca. Para ello busca adecuar la infraestructura vial a parámetros de sustentabilidad, implementar herramientas digitales que mejoren la experiencia y uso del transporte y educar a la ciudadanía en relación a la seguridad vial y el transporte.

B) Promoción del empleo por medio del desarrollo productivo del corredor frutihortícola del Valle Central de Catamarca

El proyecto se propone consolidar a la producción frutihortícola del Valle Central de Catamarca como una actividad económica relevante, competitiva y dinámica que genere empleo e ingresos dignos y alimentos saludables para el mercado local y nacional.

Los proyectos planteados abordan la problemática del desarrollo productivo y el empleo por un lado, y el transporte en el área metropolitana de Catamarca por el otro.