Un límite a la plasticidad

La política es plasticidad. Para poner de acuerdo a gente que representa intereses y tiene ambiciones contrapuestas hay que ser flexible, poder cambiar de forma. Además, la era de las instituciones plásticas es también la de la convivencia partidaria más o menos pacífica y coincide con el período de continuidad electoral más largo de nuestra historia. Cambiar reglas seguido no es un vicio pernicioso, es una respuesta que la dirigencia política argentina elige para sobrevivir. Pero no es la única forma de sobrevivir y tiene costos.

Una consecuencia negativa de las instituciones plásticas es la representación opaca. Los partidos políticos compiten bajo distintos nombres en cada provincia, cambian de nombre de una elección a otra, apoyan a la misma candidata a gobernadora mientras llevan la boleta de distintos candidatos a presidente.  Los dirigentes que en un momento comparten una lista, después de las elecciones pueden sumarse a bloques distintos y en la elección siguiente jugar en bandos contrarios.

La democracia sin rendición de cuentas funciona mal. Para poder recompensar o castigar con el voto la acción de gobierno hace falta saber quién es quién. En un sistema político de reglas líquidas los únicos personajes reconocibles son los titulares de los ejecutivos: intendentas, gobernadores, presidentes. Las acciones del resto son parte de una imagen borrosa que es muy difícil interpretar.

Otra consecuencia negativa de la política de la plasticidad institucional es la atomización de los partidos y los bloques legislativos. Con horizontes temporales cortos, sumarse a una organización grande hoy es mal negocio cuando puede ser necesario de cambiar de rumbo mañana. Entonces, en lugar de ser un juego de grandes bloques, el Congreso nacional y varias legislaturas provinciales funcionan como una colección de interbloques, reuniones de pequeños grupos de legisladoras y legisladores, varios de los cuales tienen un solo miembro. La unidad de los interbloques es frágil y, como no cuenta con una bandera partidaria bajo la que todos compiten para renovar sus cargos, cuesta mucho sostenerla. Las coaliciones hechas con muchos fragmentos pequeños son muy difíciles de armar y se quiebran con facilidad. Un mundo de política plástica puede ser más sencillo para ganar elecciones pero es mucho más difícil para gobernar.

Puede pensarse que las reglas y las estrategias electorales cambian porque cambian las demandas de los votantes. Mucha gente cree que un sistema con reglas y organizaciones fluidas es lo más adecuado para un electorado con emociones políticas tibias, atención limitada e ideas difusas. Es cierto que la mayoría de los votantes tiene un vínculo tenue con el funcionamiento diario de la política. También es cierto que las nuevas tecnologías de información y comunicación están cambiando los modos en que pensamos y hablamos y han vuelto obsoletas a muchas formas de organización y movilización. Pero las identidades y las sensibilidades nuevas conviven con las demandas permanentes de orden, bienestar y libertad: los resultados de las políticas nunca nos van a dejar de importar. El problema de formar mayorías de gobierno y burocracias eficaces es ineludible y la solución no es tecnológica: es política.

La política de la plasticidad institucional es un estilo, un modo de proceder. Para cambiarlo o para remediar los problemas que produce este modo de hacer las cosas no bastan una o dos reformas. Pero cada reforma puede mitigar estos problemas o contribuir a reproducirlos. Por ejemplo, la adopción de las PASO simplificó la oferta de candidaturas en las elecciones presidenciales y colaboró parcialmente a ordenar la competencia dentro de algunos partidos. El reemplazo de las boletas partidarias por boletas únicas o por un sistema electrónico de votación ofreció condiciones más ecuánimes de competencia a todos los partidos y, en algunos casos, ayudó a ordenar la información electoral en los cuartos oscuros.

Eliminar la posibilidad de presentar listas colectoras en las elecciones tanto nacionales como provinciales, tener boletas con los mismos partidos independientemente del cargo que esté en juego, adoptar calendarios electorales previsibles, regular el financiamiento de las campañas electorales provinciales que todavía no tienen regulación y adoptar reglamentos en el Congreso y las legislaturas provinciales que hagan menos atractiva la formación de bloques chicos, son medidas que ayudarían a ir desarrollando otro estilo de decisión, menos plástico, más rígido para guiar estrategias electorales, más claro para los votantes, más útil para gobernar.

Directivos públicos del presente para el futuro

Los esfuerzos de innovación en la gestión pública deben enfocarse en reactivar y potenciar el papel de los gobiernos y las administraciones públicas en los nuevos escenarios que impone el siglo XXI, especialmente en relación a las tecnologías de la información y la comunicación.

En el año 2000, solo el 5% de la población mundial era usuaria de internet. Quince años después, esa cifra creció hasta llegar al orden del 55% y las subscripciones a telefonía móvil alcanzaron cifras similares a las de la población mundial: llegaron a 6,8 mil millones (International Telecommunication Union, 2015). Las nuevas formas de interacción entre los ciudadanos, usuarios y consumidores con las administraciones de los diferentes niveles de gobierno están atravesadas por estos cambios y se transformaron en este contexto.

Incorporar el uso de las TIC en forma sistemática dentro de las administraciones públicas permite multiplicar los canales de contacto disponibles con la ciudadanía. De esta forma las organizaciones estatales se aproximan un poco más a los modelos de gobierno electrónico y gobierno abierto que buscan facilitar el acceso a la información y ofrecer a los ciudadanos formas innovadoras de participar. Algunos gobiernos de la región –incluyendo Argentina-, están incorporando el uso de medios electrónicos y digitales para proveer bienes y servicios en línea. Esto incluye el pago de impuestos, la obtención de turnos (para renovar una licencia, asistir a un hospital), la obtención de habilitaciones comerciales, la reducción en tiempos de espera, entre otros.

Lejos de ser un proceso simple y homogéneo, adoptar nuevas tecnologías de gestión en las burocracias estatales comprende a una multiplicidad de variables que exceden la cuestión de la infraestructura tecnológica: involucra factores de índole social, cultural y política.

La incorporación masiva y el uso intensivo de TIC dentro de las organizaciones estatales es una condición necesaria para potenciar la innovación en políticas públicas. Sin embargo, es insuficiente si se carece de la direccionalidad estratégica provista y articulada por directivos públicos idóneos y profesionales, cuya incidencia es crítica. El rol que han cumplido las burocracias profesionales ha sido fundamental para la implementación exitosa de este tipo de herramientas.

Ahora bien, ¿cuán preparadas y formadas se encuentran las burocracias públicas de nuestro país para afrontar de manera exitosa los nuevos desafíos que vienen de la mano de estos cambios?

Para configurar un Estado dinámico y flexible con un diseño organizacional que se oriente no solo a cumplir con los procedimientos sino también a obtener mayores y mejores resultados, es indispensable contar con una política de gestión integral de los recursos humanos. Esta debe contemplar de manera consistente los formatos de reclutamiento, capacitación y remuneración tanto de los burócratas como de los directivos públicos de carrera. Los empleados públicos, con sus saberes y habilidades, no solo constituyen la memoria institucional de las burocracias estatales sino que también son un factor decisivo para la continuidad y la mejora de aquellas políticas públicas que impactan en la calidad de vida de todos los habitantes.

¿Cómo podemos avanzar en esta dirección? ¿Qué tenemos que hacer para repensar el rol del empleo público y la función de los directivos públicos en forma estratégica? Dos elementos son claves en este sentido: el reordenamiento de las normas que organizan el trabajo estatal y la profesionalización de las burocracias estatales.

En cuanto a lo primero, es primordial consolidar en forma coherente y sistematizada el voluminoso y heterogéneo sistema de “reglas de juego” que orientan la gestión de los servidores públicos en los diferentes organismos estatales. Hoy coexisten más de 50 regíme­nes laborales diferentes solo para el sector público nacional. Estos regulan de manera específica los criterios de ingreso, carrera y compensaciones en los 22 ministerios, los 82 organismos descentralizados, las 56 empresas públicas y las 61 Universidades que involucran a más de 270.000 profesionales y trabajadores estatales.

Homogeneizar las normas que rigen el empleo público supone concebir una gestión integral de los recursos humanos, enfocada en su calidad. Un régimen de empleo público nacional con un sistema de reglas ordenado y coherente será un buen faro para orientar las reformas posteriores en las 24 administraciones provinciales y los más de 2250 municipios y gobiernos locales. Desde esta perspectiva, también se modifica el eje de una discusión de larga data: no solo es necesario preocuparse por cuántos sino también por quiénes ingresan y cómo desarrollan sus tareas dentro del Estado.

En segundo lugar, las modalidades de reclutamiento y ascenso de los trabajadores estatales no responden hoy a criterios de mérito y calificación profesional, debido a la virtual inexistencia de concursos de selección.  Esto es especialmente relevante en relación a los directivos públicos, es decir, aquellos funcionarios de carrera que operan como “vasos comunicantes” entre las autoridades políticas y la burocracia.

La importancia de los directivos es crítica en tanto cumplen funciones clave como el asesoramiento en la formulación de políticas públicas y de entrega de servicios al conjunto de funcionarios de primera línea: los ministros y secretarios de Estado. En definitiva, son los responsables de gestionar estratégica y operativamente una organización estatal.

En la actualidad el 99% de los más de 3200 directivos públicos regulados por el sistema nacional de empleo público –   coordinadores, directores generales y nacionales – se encuentran designados bajo la modalidad de “asignación transitoria de funciones superiores”. Este formato permite exceptuar los procesos de concurso y los requisitos mínimos exigidos por la norma para el acceso a estos cargos jerárquicos. Predominan de manera excluyente los criterios de discrecionalidad.

Esta modalidad de designación es un instrumento legal para dotar a los ministros y secretarios de mayor flexibilidad y control sobre los agentes estatales con funciones ejecutivas. De todos modos, su uso intensivo desde principios del año 2002 hasta la actualidad ha derivado en la construcción de un espacio directivo donde el perfil de los funcionarios públicos se define exclusivamente en función de las prioridades de la autoridad política de turno. Con frecuencia, estas están fuertemente influenciadas por la coyuntura y objetivos de corto plazo.

Desde el retorno a la democracia, el caso argentino evidencia la alternancia de iniciativas de reforma que han buscado instalar modelos de Alta Dirección Pública con distintos énfasis. A diferencia de otras experiencias más recientes en la región, como las de Chile y Perú, en nuestro país los diferentes impulsos de reforma han quedado debilitados, inconclusos o detenidos en el tiempo más allá de contar con diseños innovadores y precursores para la época. Tal es el caso del Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (SINAPA) o del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG).

Promover el desarrollo del capital gerencial público profesional e idóneo desde una perspectiva integral para fortalecer las capacidades estatales exige -de manera indefectible- institucionalizar en forma progresiva el espacio directivo. Esto solo será viable si se generan apoyos y acuerdos entre los principales actores gremiales y políticos involucrados, y se atiende el ciclo gerencial de manera completa e integral. Por ello, también será necesario reducir los tiempos de los procesos de formación y rediseñar los formatos de capacitación, incorporando además incentivos simbólicos como parte de una estrategia de política remunerativa especial.

El desafío para la Argentina hoy es lograr un Estado que ofrezca bienes y servicios públicos esenciales de calidad que permiten satisfacer las necesidades cada vez más heterogéneas de la población, de una manera equitativa y eficaz. Para ello, las administraciones públicas diseñadas sobre la base de burocracias profesionales y directivos públicos idóneos, cumplen un rol estratégico. Repensar la forma en que se organizan y forman los recursos humanos, y en particular cómo se delimita y configura el espacio directivo, es la llave a las políticas públicas de calidad.

El largo plazo cursa hoy

La educación es la clave para alcanzar una sociedad más justa. Una educación de calidad y para todos es el primer paso para que las personas se puedan formar y desarrollar como ciudadanos plenos.

Nuestro sistema educativo presenta hoy dos grandes deudas en términos de cumplimiento de derechos educativos, uno a cada extremo de la educación básica: el nivel inicial y la secundaria.

En el nivel inicial, que se enfoca en los primeros 5 años de vida, hay una deuda en las posibilidades que tienen los niños de acceder y en la calidad de la educación que se les ofrece según dónde viven, su nivel socioeconómico y su edad. Los más pobres, las poblaciones rurales y los más pequeños son los más perjudicados. Las disparidades socioeconómicas se reflejan, por ejemplo, en el déficit de cobertura estatal para niños de 1 año: entre los pocos que asisten, el 68% lo hace en establecimientos privados. En términos territoriales, la asistencia a centros de crianza, enseñanza y cuidado para niños entre 0 y 4 años era del 61,7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero de solamente el 15,5% en el noroeste del país. Estas disparidades jurisdiccionales son, además, una primera capa a la que se suma el carácter urbano, periurbano o rural del territorio.

Sabemos que lo que sucede en los primeros años tiene un efecto sobre las oportunidades que ese niño tendrá a lo largo de su vida. Estos años deben ser prioritarios y objeto de una política integral que reconozca que cuidado, enseñanza y crianza (CEC) son aspectos inseparables e igualmente importantes en esta etapa.

En principio, es fundamental aumentar y mejorar la oferta para niños de los 45 días hasta los 5 años. Además, es necesario integrar los registros de información existentes en un Sistema Único de Información que permita una mayor coordinación intersectorial, crear Estándares Curriculares Comunes que guíen el desarrollo de las prácticas en los diversos espacios que atienden a la primera infancia y fortalecer el rol de los supervisores, que son quienes tienen la capacidad de acompañar a las instituciones. En cuanto a los profesionales a cargo de las tareas CEC, debemos mejorar los procesos de formación y acreditación así como asegurar condiciones adecuadas para que realicen su trabajo.

El nivel secundario es hoy el último nivel educativo por el que transita la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país: 85% de quienes están en edad de asistir lo hacen. A pesar del potencial transformador de las trayectorias juveniles que esto le otorga, enfrenta serios problemas a la hora de atraer, retener y graduar a todos los jóvenes con aprendizajes de calidad. Las cifras de abandono, por ejemplo, se disparan cuando los alumnos ingresan en el nivel secundario: mientras que en el nivel primario la tasa de abandono no llega al 1%, entre los grados 7 y 9 (correspondientes a la secundaria básica) asciende a 8,2%, y alcanza el 13,6% entre los grados 10 y 12 (datos de 2014-15). A los 17 años, el 28% ha abandonado el nivel.

Los datos son aún más preocupantes cuando ponemos la lupa sobre el aprendizaje. En las evaluaciones Aprender 2017, que solamente evaluó a los jóvenes que lograron llegar al último año del nivel secundario, el 17,9% no alcanzó niveles de desempeño básicos en Lengua, y 41,3% no lo logró en el caso de Matemática. Esto es especialmente preocupante ante un escenario donde 88% de los alumnos proyectan continuar estudiando o trabajar al finalizar la escuela secundaria.

El Estado del futuro debería convertir a este nivel en una institución social que pueda equipar a todos los jóvenes con las herramientas para desarrollar sus proyectos de vida con autonomía e inclusión social, comenzando por el desempeño exitoso en ámbitos de inserción post-escolares.  Para eso, la secundaria debe tener una propuesta educativa transformadora, más cercana a los intereses y preocupaciones de los alumnos, centrada en el acompañamiento y sostén de sus trayectorias y en el apoyo a la confección de proyectos de vida.

Esta búsqueda requiere que haya condiciones para construir y ejecutar proyectos pedagógicos en equipo y para ello, que la designación de los docentes sea por cargo y no por hora. Por otra parte, requiere que el currículum sea integrado, actual y flexible, que los docentes y las instituciones dispongan de financiamiento para proyectos pedagógicos que sean significativos para los alumnos, y que el régimen académico habilite un abanico más diverso de formas y tiempos de progresar en el nivel, compatible con la diversidad de realidades juveniles que lo transitan.

Estas propuestas deben articularse con otras tres cuestiones más estructurales que atraviesan todo nuestro sistema educativo. Garantizar el cumplimiento de los derechos educativos requiere de un Estado que otorgue prestigio a la docencia, ofrezca niveles de financiamiento adecuados y equitativos a nivel federal, y que promueva una fuerte articulación entre la información, la investigación y la innovación educativa.

En primer lugar, es urgente avanzar en una profunda revisión de la carrera docente. Estos cambios deben articular las trayectorias profesionales de los docentes con la búsqueda de mejores aprendizajes: no puede haber una sin la otra. En la práctica, esto implica mejorar las condiciones salariales, pero también la organización de la carrera profesional. Es necesario incluir una trayectoria horizontal, que admita la posibilidad de que docentes comprometidos y entusiasmados por la enseñanza en el aula, no se vean obligados a dejarla y convertirse en directivos como única forma de ascender. La formación docente debe diferenciar entre los saberes necesarios para ejercer como docente o director.

En segundo lugar, el financiamiento de la educación debe ser más justo a nivel federal. En la actualidad, las provincias presentan amplias desigualdades: las diferencias entre ellas se ven en los salarios, el gasto por alumno y esfuerzo presupuestario en educación que hace cada una. La brecha entre el salario en la provincia que paga mayores salarios a sus docentes (Santa Cruz) y la que paga menores valores (Santiago del Estero) es de 2,2 veces. El esfuerzo educativo también varía entre las provincias: mientras que Buenos Aires destina 36% de su presupuesto a educación (es la que mayor proporción aboca al sector), Santiago del Estero destina el 20%.

En tercer lugar, la mejora de nuestro sistema educativo exige reformar las políticas de información e investigación. Se necesita de un Estado capaz de conducir procesos de investigación aplicada de manera articulada entre las agencias de ciencia y técnica, las universidades, el tercer sector y las empresas. Necesitamos contar con información más oportuna y detallada (que permita el seguimiento de trayectorias educativas individuales), pero también con ministerios y organizaciones capaces de interpretar esa información con fines diagnósticos y propositivos, y de alimentar procesos de innovación capaces de transformar la realidad educativa de nuestro país. Un Estado diseñando políticas educativas sin evidencias robustas que las respalden es un Estado que actúa a ciegas.

Estas políticas prioritarias son los pilares para construir un sistema educativo que genere más igualdad y aporte a la construcción de una sociedad más justa. Implementar cada una de estas políticas tiene líneas de acción particulares, pero necesita partir de una perspectiva más amplia con un fuerte sentido de justicia educativa. Solo una mirada de largo plazo que se apoye sobre un diálogo constructivo y un uso riguroso de la evidencia permitirá integrar un proyecto educativo con uno de sociedad, para lograr una democracia fuerte y una sociedad más equitativa.

El terreno principal de las políticas

Vivimos en un mundo cada vez más urbano: se estima que en los próximos 15 años se urbanizará una superficie equivalente a la urbanizada en los últimos 6.000. Si bien las ciudades ocupan sólo el 2% del territorio mundial, el 54% de la población vive en ellas y se proyecta que para 2030 esa cifra llegará al 65%.  Además, las ciudades generan el 80% de la riqueza mundial y dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, en el 75% de las ciudades del mundo los niveles de desigualdad son más altos que hace 20 años.

Hoy, nos enfrentamos al desafío global de generar espacios urbanos más equitativos, integrados y resilientes. Los desafíos que aparecen en este escenario global adquieren rasgos particulares en la escena local. Para superarlos, necesitamos lograr un desarrollo integral y planificado de las ciudades a través del fortalecimiento de las herramientas de gobernanza metropolitana y de la legislación nacional en relación al hábitat.

En Argentina hay 4228 “barrios populares” según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Estas son áreas en las que viven al menos ocho familias sin título de propiedad y sin acceso a por lo menos dos servicios básicos (RENABAP). Además, hay un 28% de viviendas deficitarias: no son aptas para ser habitadas, no tienen acceso a las redes públicas de infraestructura y transporte, y son más vulnerables a los efectos del cambio climático.

El desafío de superar el déficit de vivienda excede la cuestión habitacional: garantizar una vivienda digna a todos los habitantes supone también considerar el transporte, la infraestructura y el medioambiente. Integrar esos hogares a la trama urbana es un desafío que el Estado debe superar en los próximos años y que exige avanzar hacia una gestión integral del hábitat. Esto implica elaborar e implementar una agenda de políticas y leyes en la materia que debe seguir, a grandes rasgos, dos ejes.

Por un lado, debe fortalecer la integralidad de la organización institucional para mejorar la coordinación de las diversas políticas sectoriales. Hoy, un único ministerio – el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda- concentra buena parte de las funciones relacionadas con la gestión del hábitat. Si bien esta organización –producto de reformas recientes- es una señal favorable, algunas funciones relacionadas a la gestión de las ciudades permanecen bajo dominio de otras carteras. Con frecuencia, esto genera la duplicación de esfuerzos y un abordaje sectorial que no responde acabadamente a todas las necesidades. Para lograr la integralidad de la organización institucional, se debe estudiar la posibilidad de crear un área funcional de gobierno que pueda guiar y articular las políticas de suelo, vivienda, medioambiente e infraestructura y transporte urbanos.

Por otro lado, esta agenda debe establecer condiciones e incentivos para la distribución de los recursos nacionales vinculados a las políticas habitacionales. En este sentido, una ley de presupuestos mínimos ayudaría a aumentar los recursos monetarios que se necesitan para afrontar las políticas territoriales. Al desacoplar los fondos dedicados al hábitat de una voluntad o coyuntura política en particular, además, se evitarían las fluctuaciones presupuestarias en la materia que se observan en los últimos años.

El segundo desafío está relacionado con la forma en la que están creciendo las ciudades. En los últimos 10 años, la expansión de los aglomerados urbanos argentinos ha sido excesiva y desordenada. En otras palabras, las áreas urbanas han crecido de una manera que encarece su administración, al tiempo que genera espacios menos integrados y más expuestos al impacto del cambio climático.

Los gobiernos de todos los niveles deberán contar en el futuro cercano con políticas y leyes que guíen la expansión de manera armónica y generen ciudades compactas, densas –por lo menos una casa ocupada por lote de 300 m2 – y con mixtura de usos. Hay muchas maneras de generar este tipo de ciudades desde las políticas públicas. Estas incluyen fortalecer la regulación del mercado inmobiliario y de usos del suelo, aumentar y mejorar la calidad de los espacios públicos al interior de la ciudad y promover la construcción de vivienda social al interior de la ciudad consolidada y no en la periferia, entre otras.

El cambio climático es un tercer desafío global que también afecta a las ciudades argentinas. Un ejemplo muy concreto deja entrever el impacto que tienen los fenómenos asociados al cambio climático en Argentina: las inundaciones causan anualmente una pérdida de 0,7 puntos del PIB nacional, siendo las áreas socialmente más vulnerables las más afectadas. Crear ciudades más resilientes, es decir, que se recuperen rápidamente –e incluso salgan fortalecidas- ante el impacto de un desastre natural, es un tercer foco que debe tener el Estado en los próximos años. Para esto, necesitamos generar conocimiento no sólo sobre las necesidades de infraestructura sino también sobre los instrumentos de gobernanza metropolitana que pueden fortalecer la resiliencia.

Frente a estos desafíos, debemos valernos de dos herramientas clave: las tecnologías de la información y la comunicación, y los mecanismos de gobernanza metropolitana.

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una oportunidad única para mejorar la gestión de las ciudades y promover ciudades equitativas y sostenibles socio-ambientalmente. El encuentro entre cambio tecnológico y política deberá tener como resultado una administración pública inteligente que aproveche esta oportunidad para hacer sus procesos más eficientes, transparentar su gestión a través de la apertura de datos y potenciar las instancias de colaboración. Capacitar y concientizar a los agentes locales es decisivo en estos procesos.

Los mecanismos de gobernanza metropolitana son una segunda herramienta clave ya que promueven un abordaje más integral y coordinado de las cuestiones urbanas. Los efectos que trae aparejado el cambio climático, por ejemplo, no reconocen los límites políticos de las ciudades. Se trata, en principio, de institucionalizar vínculos entre diferentes niveles de gobierno para que perduren más allá de una gestión puntual. En este sentido, tenemos mucho que aprender de las experiencias de grandes ciudades del mundo y mucho por construir en conjunto con los aglomerados urbanos del país. Para esto, es crucial disponer de oportunidades para debatir y trabajar en conjunto con intendentes de áreas metropolitanas y los organismos de coordinación metropolitana ya existentes.

Encarar estos desafíos globales desde las políticas públicas urbanas argentinas requiere un abordaje integral que ponga el foco en el desarrollo territorial más allá de las barreras jurisdiccionales, sectoriales y de los niveles de gobierno. El Estado del futuro debe entender lo urbano como un sistema que hay que fortalecer para generar ciudades resilientes, integradas socio-espacialmente y que utilice los avances tecnológicos para mejorar la vida de la comunidad local. Para avanzar en esta dirección es hora de que el gobierno nacional tome un rol protagónico respecto al ordenamiento territorial, apoyando procesos de coordinación metropolitana, y facilitando la creación de capital social en las comunidades para que puedan promover el desarrollo integral de sus ciudades.

Adiós al zigzagueo

No hay desarrollo económico sin acción estatal. Es el Estado quien crea mercados, provee bienes públicos, fomenta la investigación y la innovación, define reglas de juego y ofrece incentivos para que el sector privado produzca riqueza. Es también quien compensa las desigualdades de origen y habilita que las oportunidades de progreso sean parejas: es quien protege a aquellos que por un motivo u otro quedan rezagados. El Estado también puede contribuir a la formación de consensos que son indispensables para el desarrollo.

Argentina es un caso fallido de desarrollo económico: nuestro país viene experimentando décadas de retraso relativo. El ingreso promedio por habitante es sólo un tercio mayor de lo que era a mediados de la década de 1970. Eso significa que el crecimiento por habitante ocurrió al magro ritmo de 0,7% anual. Después de Venezuela, hemos sido el país de Sudamérica con la tasa de crecimiento más baja. El menor crecimiento relativo a nuestros vecinos durante estas cuatro décadas hizo que el ingreso promedio de un ciudadano latinoamericano pase de ser el 42% del de su par argentino al 70%. Una preocupante convergencia desde arriba hacia abajo.

La evolución del ingreso promedio por habitante, además, enmascara brutales asimetrías al interior de nuestra sociedad. En 1970, el ingreso de un miembro de los hogares que pertenecen al 10% más rico de la población era 9,5 veces el ingreso de su par de los hogares ubicados en el 10% más pobre. En la actualidad, esta relación se incrementó hasta a 16,4 veces, habiendo alcanzando un pico de casi 40 veces durante la crisis de 2001.

La combinación de bajo crecimiento con empeoramiento distributivo explica el brutal ensanchamiento de la pobreza en los últimos cuarenta años. A mediados de la década de 1970, alrededor del 6% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza. Hoy la cifra se sitúa levemente por debajo del 30%.  Si bien la comparación no debe leerse de estrictamente por los cambios significativos en las canastas con las que se toma la medida, sirve de todos modos para dar un orden de magnitud y dimensionar el problema.

El desarrollo económico en una democracia es el resultado de una acción colectiva virtuosa, guiada por una mirada compartida sobre el rumbo a seguir. Sabemos que no es fácil construir consensos y la experiencia argentina es una muestra elocuente de esa dificultad. El movimiento pendular entre rumbos opuestos, muchas veces antagónicos, es característico de nuestra historia y explica en buena medida nuestro fracaso colectivo. No podemos aspirar al desarrollo económico sin dar forma a una mirada consensuada sobre nuestro destino.

¿Cómo impactarán el desarrollo y adopción de las nuevas tecnologías en la producción global y nacional? ¿Cuáles de los sectores y firmas existentes tienen más chances de desarrollarse y alcanzar niveles de productividad internacional? ¿Qué políticas se requieren para desplegar su potencial? ¿Cómo se ayuda a reconvertir a aquellas firmas y actividades que no pueden subsistir? ¿Cuáles son las estrategias de inserción internacional que se abren frente a la nueva configuración geopolítica? ¿Qué políticas ayudan a cerrar las brechas de género e incorporar a la mujer al mercado de trabajo, permitiendo así aprovechar todo su potencial y talento actualmente subutilizado? ¿Qué tipos de empleos habrá en 15 años y cuáles son los que mejor se adecuan a los distintos grados de calificación de nuestra fuerza de trabajo? ¿Con qué exportaciones conseguiremos año a año las divisas que se requieren para un crecimiento sostenido? ¿Qué mecanismos de protección social desplegaremos para aquellos a los que los beneficios del crecimiento económico no les llega y para aquellos que se jubilan? ¿Cómo financiaremos ese gasto?

Las respuestas a estas y otras tantas preguntas igual de relevantes pueden dar lugar a estrategias de desarrollo muy diferentes. Construir consenso sobre una estrategia de desarrollo implica acotar el margen de discrepancia respecto a estas cuestiones. El Estado puede contribuir a este objetivo. Puede aportar conocimiento, ideas y evidencia que sirvan de marco a la discusión de las políticas públicas necesarias para lograr un desarrollo sostenido.

Desempeñarse en este papel requiere de una entidad -una Agencia u Oficina de Planeamiento- que tenga por objetivo pensar la Argentina a 10 o 15 años a partir de un diagnóstico preciso y que pueda anticipar los desafíos del futuro.

Para que una institución de esta naturaleza contribuya a generar consenso respecto al modelo de país que buscamos es central que los distintos actores políticos y sociales confíen en ella. Tres ingredientes son indispensables a tal fin. El primero es la autonomía del poder político. La segunda es que su conducción recaiga en un cuerpo colegiado con representatividad de las distintas coaliciones políticas y de las fuerzas vivas de las sociedad (sindicatos de trabajadores, cámaras empresarias, movimientos sociales y la academia). Es indispensable, por último, que esté compuesta por una burocracia motivada y altamente capacitada.

El Estado argentino no cuenta hoy con una institución de estas características. Crearla podría contribuir a la formación de consensos respecto a qué camino tomar para devolver a la Argentina a la senda del crecimiento y la equidad.