Publicado en mayo de 2023

Son conocidos los puntos de partida de la situación que atraviesa Argentina: estancamiento económico, baja tasa de inversión, macroeconomía inestable, alta inflación, volatilidad de precios relativos, falta de creación de empleo privado, exclusión social y pobreza. Este cuadro económico-social persiste, con variantes y matices, desde hace casi medio siglo. Si bien se han registrado episodios de crecimiento, el camino trazado hasta aquí se vio signado por recesiones recurrentes. Durante este período se ha ensayado una gama amplia de políticas, con marchas y contramarchas, pero ninguna solución ha perdurado en el tiempo.

Más recientemente, la dificultad para poner en marcha la economía de manera sostenible ha estado asociado al frente externo. La cuenta corriente del balance de pagos alcanzó su máximo desequilibrio en 2018 (-5,2% del PIB). Desde entonces, la economía transita un proceso complejo para adecuarse a la disponibilidad de divisas. Al mismo tiempo, Argentina exhibe una fragilidad estructural de sus finanzas públicas: el gasto público aumentó 20 puntos del PIB en los últimos 15 años y alcanza niveles máximos, lo que ha requerido apelar a impuestos nacionales y provinciales con grandes impactos distorsivos que limitan la inversión. Y, dado que el aporte de los impuestos es insuficiente, el desequilibrio fiscal debió apelar a la emisión de deuda y al financiamiento monetario que alimenta, a su vez, el ritmo inflacionario.

En suma, tanto la restricción externa como la fiscal son consecuencia de la dinámica de desarrollo de largo plazo y constituyen una restricción al crecimiento económico. Dada esta configuración, urge reorientar la estrategia de desarrollo para resolver ambas restricciones y estabilizar la economía en el marco de un programa integral. Estos 40 años de democracia muestran con claridad que es necesario resolver los desequilibrios macroeconómicos para alcanzar un sendero de crecimiento, crear empleo privado, reducir la pobreza y por esta vía alcanzar una mayor inclusión social.

Este documento busca aportar evidencia para dimensionar la tarea compleja de estabilizar la macroeconomía y brindar lineamientos de política para superar las restricciones en los frentes externo y fiscal a partir de cuatro ejes.

Primero, es necesario desarrollar estrategias y políticas de inserción internacional en los flujos de comercio que favorezcan el dinamismo exportador de bienes y servicios. Para ello es necesaria la acción coordinada de la política macro, de la estrategia y la política comercial y de las políticas sectoriales. La dimensión macro implica un diseño macroeconómico sólido que genera de por sí condiciones en materia de inversión, la preservación de la competitividad cambiaria esencial para los sectores transables –descartando el uso del tipo de cambio como herramienta anti-inflacionaria–, y el abordaje de los impuestos donde los derechos de exportaciones debieran ir eliminándose conforme se vaya avanzando en la consolidación fiscal siendo reemplazados por el impuesto a las ganancias. En materia de política comercial es fundamental revitalizar la agenda externa e interna del Mercosur, redefinir las directrices con la Alianza del Pacífico y la Unión Europea y definir un programa factible para mejorar el espacio de comercio intrazona, revisando el Arancel Externo Común y sus excepciones. En cuanto a las políticas sectoriales, se deben revisar y evaluar la efectividad de los regímenes promocionales que dan lugar a gastos tributarios que incrementan el gasto público, y destacar aquellos programas que prioricen la generación de divisas o mejoras de competitividad y complementar con acciones específicas que complementen la diversificación de exportaciones. Finalmente, se debe atender la infraestructura de transporte de carga y sistema logístico.

Al mismo tiempo, se debe buscar una reducción gradual de los subsidios a la energía, junto a la aplicación de medidas de focalización que aminoren el impacto en la población más vulnerable. El sector energético lleva dos décadas de congelamientos de tarifas prolongados que, en períodos de alta inflación, implican recursos públicos crecientes para cubrir la diferencia entre costos y precios. Este estado de emergencia trasciende los límites sectoriales e impacta fuertemente en las cuentas públicas. Por eso, es crucial eliminar los subsidios generalizados a la oferta y focalizar la asistencia en los hogares bajo la línea de pobreza, mediante un programa de tarifa social amplio. Esta reformulación focalizada de la tarifa social permitiría un ahorro fiscal de entre el 1,7 y el 1,5% del PIB. A su vez, es preciso aplicar una tarifa plana para el gas, para evitar el impacto del pico invernal en la factura residencial. Esta agenda debe acompañarse de medidas de implementación del fondo compensatorio que armonicen y reduzcan las asimetrías en las tarifas eléctricas entre regiones y por una normalización institucional que ponga fin a la intervención de los entes reguladores.

Sumado a esto, mediante un reordenamiento, el sistema previsional debe asegurar su sostenibilidad sin poner en riesgo los equilibrios fiscales, protegiendo el nivel de cobertura actual y mejorando la equidad en el sistema. El sistema previsional, que está signado por inequidades marcadas que se arrastran desde tiempo atrás y cuya sostenibilidad financiera y fiscal es precaria, demandó el 10,3% del PIB en 2021. Si bien el nivel de gasto se relaciona con un nivel de cobertura muy elevado (prácticamente total) y valores promedio de los haberes también considerables, la magnitud de este gasto preocupa tanto por su nivel actual y su impacto sobre las cuentas fiscales, como por las perspectivas de mediano y largo plazo. Además, la cobertura amplia oculta situaciones muy dispares en términos de equidad, eficiencia y fiscales, y existen múltiples regímenes de excepción que contribuyen a la fragmentación del sistema. En ese contexto, el debate sobre posibles reordenamientos previsionales debería centrarse en la fragmentación, enfocando la discusión en el tratamiento diferencial de grupos de trabajadores y trabajadoras (financiado por el conjunto de la sociedad); la duplicación de beneficios (estableciendo reglas que definan los niveles de protección adecuados para cada beneficiario/a); la integración entre esquemas contributivos y no contributivos (que evite generar tratamientos injustos e incentivos perversos para las y los participantes) y, por último, la movilidad (a fin de dar consistencia y sostenibilidad al sistema).

Por último, la base de los impuestos requiere una ampliación a través de mejoras en la administración, así como también es necesario poner el foco en la reducción de la evasión y favorecer la mayor cooperación tributaria. El sistema tributario argentino se caracteriza por una presión tributaria elevada, estrechez de la base debida a la evasión elevada e impuestos de emergencia que se prolongan en el tiempo limitando las posibilidades de introducir impuestos con otros objetivos de políticas que no sean recaudatorios. Por eso, resulta conveniente comenzar por reordenar el sistema tributario para que tienda a ampliar las bases tributarias y reducir la evasión. El punto de partida es tener estimaciones confiables y desagregadas por sector del nivel de cumplimiento y evasión tributaria. Luego, avanzar en: mejorar el cumplimiento en impuestos clave y en grandes contribuyentes; limitar el uso del régimen de monotributo mediante el uso de información cruzada; mejorar la gestión de los riesgos fiscales internacionales mediante la mejora de la cobertura, la calidad, uso e intercambio de información fiscal con otros países; fortalecer la recaudación de impuestos sobre la propiedad a partir de coordinación entre el nivel nacional y provincial para homogeneizar criterios de valuación y actualización; armonizar los tipos de bienes y servicios digitales alcanzados por el IVA e IIBB respecto a las tasas aplicadas para reducir la posibilidad de distorsión en la asignación de recursos y la competencia fiscal.

Estas políticas deberán estar enmarcadas en un programa integral que tenga como propósito fundamental estabilizar la economía. Para hacerlo, la economía política de la agenda es tan importante como sus contenidos: el factor clave es el logro de consensos amplios y la aceptación del diagnóstico y la dirección elegida.

Publicado en mayo de 2023 

Documento publicado en The Global Solutions Journal con recomendaciones a decisores de países del G20 y del Sur Global para que las ciudades puedan fortalecer su resiliencia frente al calor urbano. 

Las ciudades están experimentando un aumento sostenido de la temperatura como resultado del cambio climático y del aumento sostenido de la expansión urbana, lo que provoca olas de calor y un efecto isla de calor urbano más graves y duraderos. Ambas fuentes de calor, si bien tienen un origen diverso, se comportan de forma peligrosamente sinérgica, agregando varios grados de temperatura en los entramados urbanos. Esto no solo tiene fuertes impactos en la salud, causando más muertes que cualquier otro evento climático extremo, sino que también tiene efectos negativos en las economías locales y en la infraestructura urbana. 

Sin embargo, estos impactos no se evidencian en toda la población por igual, sino que son los grupos más vulnerables, tales como adultos y adultas mayores, niños y niñas, personas con prevalencia de enfermedades cardíacas o mentales y personas con déficits económicos, habitacionales o sociales, quienes se encuentran más expuestos.  

Para promover la resiliencia urbana al calor, es esencial fomentar una planificación urbana que se centre en mejorar la equidad frente al calor, garantizando que las estrategias de mitigación y gestión del calor se distribuyan equitativamente entre las comunidades, centrándose especialmente los más vulnerables a las altas temperaturas. Las ciudades deben invertir en planes de acción urbanos resilientes al calor y con bajas emisiones de carbono para hacer frente a los impactos del cambio climático. Estos planes de acción deben centrarse en la inversión en sistemas de salud y viviendas más resilientes, generar espacios públicos edificios y viviendas más frescos; la promoción de la eficiencia energética, el uso de fuentes de energía renovables, la mejora de las infraestructuras verdes y el desarrollo de soluciones innovadoras complementarias para hacer frente al efecto isla de calor. 

Asimismo, estas estrategias emprendidas desde las ciudades deben tomar en consideración la importancia fundamental que cumplen en la respuesta frente a estos fenómenos climáticos extremos la concientización de la población y la capacitación del personal relacionado, para lo cual resulta fundamental el desarrollo de una evaluación de los riesgos y los factores de vulnerabilidad asociados a cada ciudad, con el objetivo de establecer planificaciones acordes a cada uno de los contextos.   

Publicado en abril de 2023

Entre 2014 y 2020, la tasa global de fecundidad bajó un 34%, el descenso más pronunciado desde que existen registros anuales de esta variable. La tendencia a la baja fue aún más acelerada (-55%) en las niñas y adolescentes menores de 20 años, dato no menor puesto que los embarazos en edades tempranas son, en su mayoría, no intencionales. Esta caída da cuenta de los logros alcanzados en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos y, al mismo tiempo, potencia las posibilidades de mejorar las trayectorias educativas y laborales de las jóvenes, oportunidad clave para romper círculos viciosos de pobreza y apuntalar un sendero de desarrollo inclusivo.

Pocas veces se considera la transición demográfica que está atravesando Argentina y las implicancias que esto tiene en el diseño y la planificación de las políticas públicas. Conocer cómo es el gasto y la producción por edad y combinar esta información con las proyecciones de la población y los grupos etarios que la componen permite tomar decisiones informadas de políticas públicas de cara al futuro. En este sentido, para evaluar las oportunidades y desafíos generados por los cambios demográficos se puede utilizar la metodología de Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT), que estima cuánto produce y consume una persona promedio en cada año de su vida.

En el caso argentino, la CNT ilustra claramente la necesidad de aprovechar el bono demográfico actual, momento en el cual la cantidad de personas en edad de producir y trabajar es elevada con respecto a personas dependientes (niños/as o personas mayores). En el futuro la proporción de personas mayores irá aumentando y entonces el desafío para sostener y mejorar el Estado de bienestar tomará más relevancia. En gran medida, los recursos para responder a este desafío dependerán de la capacidad que tenga la sociedad de aumentar la productividad de sus trabajadores/as, puesto que su proporción respecto al resto de la población irá paulatinamente disminuyendo en años venideros.

Determinadas políticas públicas son estratégicas para aprovechar la ventana demográfica actual y asegurar un mejor Estado de bienestar a futuro. En particular, hay tres grupos de políticas que están estrechamente asociadas con la dinámica demográfica: políticas de cuidados y educación en la niñez y la adolescencia (y políticas de cuidados en la vejez, sobre las que el documento no ahonda), políticas previsionales y políticas para asegurar y profundizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a las primeras es preciso, en primer lugar, consolidar un sistema integral y federal de cuidados para la niñez y la vejez y, en segundo lugar, sostener y fortalecer las trayectorias educativas de los y las jóvenes y adolescentes. En relación al sistema de pensiones y jubilaciones, las distintas proyecciones muestran cómo se dificultará ampliamente sostener el esquema actual, por lo tanto será necesario reordenarlo para mejorar su eficiencia, equidad y sostenibilidad. Finalmente, con el fin de seguir fortaleciendo y asegurando el acceso a derechos sexuales y reproductivos, pueden considerarse tres líneas de acción a reforzar: fortalecer y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y a los sistemas de información asociados; asegurar la implementación efectiva de las leyes de Educación Sexual Integral (ESI) y de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en todo el territorio (IVE/ILE), además de abordar en forma integral la prevención y la atención del embarazo en niñas y adolescentes.

Estamos a tiempo de aprovechar las oportunidades que abre la transición demográfica. Avanzar en políticas públicas estratégicas que aborden la pobreza de forma integral y multidimensional es esencial para consolidar un sendero de desarrollo inclusivo, que permita mejorar las condiciones de vida de las personas en la actualidad y asegure un mejor Estado de bienestar en el futuro.

Publicado en abril de 2023

El acceso al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, actualmente el 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares –habita en viviendas deficitarias, según estimaciones del Observatorio Federal Urbano, (Censo 2010). De ese total, un tercio vive en viviendas compartidas con otros hogares y/o de precaria calidad constructiva (déficit cuantitativo). Por su parte, los dos tercios restantes lo hacen en viviendas que requieren ampliaciones y/o mejoras clave para la calidad de vida (déficit cualitativo). Si se recurre a criterios de medición más exigentes, el déficit habitacional total puede alcanzar hasta el 55% (6,4 millones de hogares).  

Con el apoyo de AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), CIPPEC realizó un diagnóstico sobre el acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda en Argentina, desde 1983. Para ello, se hizo un análisis a partir de dos ejes: la planificación y el ordenamiento territorial; y el acceso al hábitat y a la vivienda.  

Si bien hubo avances respecto a la planificación y el ordenamiento territorial, a través de políticas o la creación de organismos específicos, resultaron insuficientes. Esto se evidencia en la actual falta de planificación del crecimiento urbano que tiene como consecuencia una doble tendencia: por un lado, la expansión desordenada de la mancha urbana y, por otro lado, la densificación desbalanceada de las centralidades de las áreas metropolitanas. 

Por otra parte, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad se implementaron diversas políticas para atender el déficit habitacional, principalmente el cuantitativo. Se llevaron a cabo distintos programas, desde la construcción de viviendas por parte del Estado, el mejoramiento de los barrios informales, el otorgamiento de créditos para la compra de vivienda, hasta la generación de lotes con servicios. Sin embargo, ninguno de los programas logró abordar de forma holística y permanente la problemática, motivo por el cual el acceso a la vivienda adecuada continúa siendo una asignatura pendiente y afecta, de distintas formas, a casi todos los sectores de la población. A pesar de que la problemática del hábitat es estructural, no está presente en la agenda pública de las principales fuerzas políticas. 

Este diagnóstico también dejó al descubierto la falta de coordinación entre la política de planificación y ordenamiento territorial, y la de acceso al hábitat y a la vivienda. Producto de ello, se da un aumento sostenido tanto en la cantidad de barrios informales como en su tamaño. Esta aparece como la alternativa posible para aquellos hogares que no pueden acceder a una vivienda en el mercado formal. Además persisten los altos niveles de déficit en la calidad de las viviendas en la ciudad formal. Esta falta de coordinación se evidencia tanto de forma horizontal, por la atomización de los organismos estatales a cargo de la gestión del territorio en todos sus niveles, como de forma vertical entre la Nación, las provincias y los municipios.  

Con el objetivo de abordar los desafíos vigentes, en el documento presente proponemos nueve recomendaciones que consideramos fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia. Si bien las recomendaciones no son exhaustivas ni taxativas, buscan atender las principales deficiencias actuales:

1. Avanzar en una política integral y masiva de mejoramiento de viviendas;
2. Sancionar leyes provinciales de ordenamiento territorial que promuevan la densificación en áreas servidas y garanticen la provisión de servicios (básicos y urbanos) en zonas habitadas que no cuentan con ellos;
3. Desarrollar mecanismos para movilizar suelo urbano a nivel municipal;
4. Mejorar la coordinación y articulación de la política de vivienda a nivel federal;
5. Promover incentivos a la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental de las viviendas;
6. Profundizar los procesos de integración socio-urbana y otorgar facilidades para la regularización de la tenencia segura del suelo;
7. Promover el alquiler asequible, desincentivando la tenencia de viviendas vacías y terrenos vacantes y generando estímulos para el alquiler de viviendas;
8. Promover soluciones temporales de vivienda en contextos de emergencia (desastres de origen natural o antrópico, situación de calle, personas víctimas de violencia de género o familiar, o personas que viven en zonas de riesgo ambiental),
9. Incorporar mecanismos de transparencia y de medición de la problemática, tanto en el diseño como la ejecución de las políticas de vivienda.