En pleno debate por la Ley Ómnibus presentada ante el Congreso de la Nación, dirigentes e integrantes de distintas agrupaciones de la sociedad civil fueron convocados y convocadas a participar de las comisiones de las sesiones extraordinarias. En el caso de CIPPEC, nuestra directora ejecutiva, Gala Díaz Langou, fue citada para exponer nuestra visión sobre el capítulo de la reforma electoral que propone el proyecto de ley.  

La discusión se presentó como una oportunidad para sentar las bases de lo que CIPPEC considera como un sistema electoral justo, eficaz y transparente. Si bien sostenemos que las elecciones en nuestro país cumplen actualmente con estos requisitos, sabemos que a fin de cuentas son perfectibles. 

Desde hace más de una década CIPPEC alienta la discusión sobre la manera en la que votamos en nuestro país, y apoya la adopción de la boleta única papel. Los avances en cuanto a la propuesta de la Boleta Única Papel, que ya tiene media sanción en el Congreso, representan una evolución hacia donde creemos que debe trasladarse el sistema electoral argentino. Sin embargo, tal y como lo afirmó Gala Díaz Langou en el Congreso, la Ley Ómnibus presenta tres cambios que no van en esa dirección: la derogación de las PASO, las modificaciones en el financiamiento de la política y la propuesta de distritos uninominales. 

Derogar las PASO: ¿solución o problema? 

Al momento de pensar una eventual supresión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias es importante no perder el foco respecto a los objetivos que dieron luz a esta propuesta allá por el 2009. Las PASO cumplen correctamente sus premisas fundacionales que son la democratización de la vida interna de los partidos políticos y el ordenamiento de la oferta electoral. Si bien hay espacio para modificaciones, derogar las elecciones primarias crearía nuevos problemas en vez de ofrecer una respuesta efectiva. 

Financiamiento de la política: el peligro de la desregulación 

Por otra parte, la Ley Ómnibus busca eliminar tres elementos presentes en la Ley vigente y que son fundamentales para para mitigar las asimetrías de recursos entre partidos políticos: los topes al aporte privado, los límites a los gastos de campaña y la distribución de aportes públicos. En caso de avanzar con estas reformas, se correría un enorme riesgo que podría llevar a la captura de la política por parte del poder económico, dejando sin garantía de equidad a los distintos actores a la hora de competir. 

Uninominalidad en los distritos: merma en la representación 

El último punto sensible de la reforma en la Ley es la propuesta de cambio hacia una modalidad de representación uninominal, la cual genera una distorsión entre bancas y votos. El riesgo es que una alta porción de la ciudadanía quede sin representación en el Congreso, aunque este no es el mayor de los problemas. La uninominalidad también puede acarrear consigo una crisis de gobernabilidad, ya que tiende a concentrar la competencia entre dos fuerzas en cada circunscripción, pero que no necesariamente son las mismas fuerzas en todas las circunscripciones. Eventualmente esto podría fragmentar aún más la representación a nivel nacional. Asimismo, la uninominalidad dejaría sin efecto a la Ley de paridad de género y significaría un retroceso enorme respecto a una conquista importante en materia de equidad y participación.