Cuarentena y desigualdad en tiempos de Covid-19

Más allá de su valor cinematográfico, la película “Parasite” del coreano Bong Joon-Ho dejó un par de escenas sobre la desigualdad que quedan grabadas en la retina. En una de ellas hay dos personas en un vehículo: una mujer atrás, un hombre al volante. La mujer, de la clase acomodada, comenta livianamente sobre la tormenta ocurrida la noche anterior, la misma tormenta que había inundado el sótano donde vivía, junto a toda su familia, el chofer que la llevaba. Esta escena es útil para fijar una idea: en una sociedad desigual, el impacto de un shock negativo y de magnitud no es simétrico. Más bien tiende a amplificar las disparidades preexistentes. Y un corolario: las políticas para contrarrestarlo deben ser diseñadas tomando la multiplicidad de contextos como un punto de partida.

Esto es particularmente cierto para evaluar los riesgos sanitarios de las políticas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Frente a una cuarentena que en los papeles es de las más rigurosas del mundo, es clave analizar las estrategias de protección del Covid-19 que se aplican en los hogares. Un punto central al respecto es el lavado de manos. De acuerdo a datos del último trimestre de 2019, 13 de cada 100 hogares del decil 1 (más bajo en términos de ingresos) no cuentan con servicio de agua de red pública. Otro elemento importante de protección del Covid-19 en el hogar es el aislamiento social. Para mantener bajo contacto físico (y por lo tanto, la reproducción del virus bajo control) es necesario contar con baño propio del hogar: ello no ocurre en 8 de cada 100 hogares del decil 1 (menos de 1 de cada 100 en los hogares del decil 10). Algo similar ocurre si analizamos la brecha que existe entre la proporción de hogares que deben compartir cocina o la proporción de hogares donde deben compartirse los dormitorios entre más de dos personas. Así, el riesgo sanitario del riguroso ASPO es particularmente alto para los sectores de bajos ingresos.

Pero además, como la cuarentena afecta diferencialmente a los ingresos, el incentivo a cumplir el ASPO también se distribuye asimétricamente a lo largo del mercado de trabajo. Las y los ocupados de los hogares del decil 1 realizan tareas que no son fácilmente trasladables al mundo digital: apenas 7 de cada 100 personas ocupadas podrían teletrabajar, contra 37 de cada 100 en los ocupados del decil 10. Aún con una reasignación de tareas, el trecho es cuesta arriba para las personas ocupadas de bajos ingresos: menos de la mitad tiene computadoras en su casa, 1 de cada 5 no tiene acceso a internet en el hogar y apenas 2 de cada 100 tiene un espacio propio para utilizar como oficina (94%, 98% y 12%, respectivamente, para el decil 10). La evidencia sobre estas brechas se ve confirmada si consideramos la enorme diferencia que hay en la proporción de personas ocupadas de cada decil que trabaja en puestos de alta proximidad, que utiliza el transporte público, que es informal, o que depende críticamente de su ingreso laboral de corto plazo para sobrevivir.

Los números que repasamos aquí, basados en encuestas oficiales y por lo tanto representativos de los 12 millones de trabajadores y trabajadoras de los aglomerados urbanos, describen en gran medida el impacto diferencial del Covid-19 en una sociedad fragmentada. En términos de “Parasite”, algunos somos la mujer del asiento de atrás; otros el chofer. Otras variables que podríamos analizar (como la educación) van en el mismo sentido: por donde se lo vea, el Covid-19 tiende a profundizar la desigualdad existente.

Los números nos enseñan además que la política pública debe operar sobre esa complejidad, y no seguir criterios que pueden ser apropiados para un segmento de la población, pero no para otro. Es el caso del ASPO: su éxito en términos de la disminución del ritmo básico de contagios depende críticamente de que exista cierto contexto en términos de infraestructura, tecnología e ingresos. ¿Qué pasa si el contexto es distinto? Puede ocurrir, por ejemplo, que reducir el riesgo de contagio en los puestos de trabajo a través del ASPO tenga su contrapartida en un aumento del riesgo de contagio en el hogar o en el barrio. O que, en la disyuntiva entre contraer una enfermedad o no percibir ingresos, las y los trabajadores de los deciles bajos se vean forzados a violar las regulaciones existentes y forzar de facto una mayor proximidad física con lo demás.

El recuerdo de “Parasite” para pensar el Covid-19 en Argentina nos obliga entonces a reconocer los distintos contextos existentes -esto es, que podemos ser la mujer de atrás o el chofer de adelante- y a diseñar la estrategia de política pública sobre la base de ese reconocimiento, de abajo hacia arriba y no a la inversa. Por allí debería avanzar la política pública en un futuro cercano.

Autor


Ramiro Albrieu

Investigador principal de Desarrollo Económico

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