Publicado en diciembre de 2020
La crisis sanitaria, económica y social generada en 2020 por la pandemia del COVID-19 nos enfrentó a las ideas de la imprevisibilidad del futuro y la complejidad de los problemas sociales. En este contexto, el Estado vuelve a tener un rol protagónico, como tantas otras veces, en tantas otras crisis.
Los paquetes de medidas implementados por el gobierno de Alberto Fernández para intentar mitigar los efectos de la pandemia no pueden ocultar un problema persistente en el Estado Nacional: la debilidad de capacidades institucionales para establecer objetivos colectivos de mediano y largo plazo, coordinar las acciones necesarias para lograr esos objetivos, dar continuidad a la implementación de los consensos y valorar de forma sistemática su grado de alcance.
La forma de organización del Estado dice bastante sobre su capacidad para cumplir con el rol que los dirigentes políticos afirman debería tener en la sociedad. Es llamativo que Argentina sea uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que no cuenta con un órgano rector en materia de planificación del desarrollo. Cuando se observa el panorama existente en otros países de la región es posible encontrar experiencias de formulación de planes nacionales de desarrollo de mediano plazo asociadas a mecanismos de participación social y, en algunos casos como el de Colombia, a un Consejo Económico y Social. A su vez, en algunos países, se desarrollaron experiencias de planificación más acotadas y ligadas a la agenda de gobierno con el objetivo de asegurar una mejor implementación de iniciativas prioritarias de política como el Plan de Gobierno de Chile elaborado para el período 2010-2014 o el sistema de metas presidenciales que se desarrolló durante el primer mandato de Lula en Brasil.
En Argentina, el carácter estratégico de la planificación se encuentra debilitado en tanto esta función está fragmentada en distintos sistemas con diversos grados de institucionalización y enfoques y escasa integración entre sí. El desarrollo de un plan de gobierno y la definición de metas prioritarias son algunos de los pasos que hay que dar para dar integralidad a estos sistemas.
Sin embargo, pensar en un futuro estratégico para la gestión política (relaciones parlamentarias, comunicación social, etc.) es imposible si no se considera las capacidades con las que cuenta el Estado nacional. Por un lado, es necesario mejorar la gobernanza y estructura de los sistemas de datos que usa la gestión que en definitiva son el insumo fundamental para hacer ejercicios prospectivos, planificar acciones, monitorear resultados y mejorar la implementación de políticas. La crisis de la pandemia no hizo más que poner en evidencia la importancia de contar con buenas capacidades analíticas en el Estado.
Por otro lado, es indispensable fortalecer las funciones de orientación estratégica (planificación, coordinación y evaluación) de los organismos que tienen una mirada transversal de la gestión. Sin dudas la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene que estar en esa lista, pero de manera coordinada con otros organismos clave como el Ministerio de Economía a cargo del sistema de metas físicas en la administración pública nacional, el SIEMPRO en tanto órgano rector de las funciones de monitoreo y evaluación de políticas sociales y la Secretaría de Asuntos Estratégicos que le devolvió al área de la Presidencia funciones en materia de planificación y que está a cargo del sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos con financiamiento internacional.
Es difícil pensar en obtener resultados distintos haciendo las cosas de igual manera. El Estado argentino tal como lo conocemos tiene entonces que transformarse si es que va a ocupar un lugar de liderazgo estratégico para intentar sortear los desafíos de la economía global, los problemas persistentes de la economía local y los impactos económicos y sociales profundizados por la pandemia.
