Argentina enfrenta la singularidad de tener una nueva oportunidad de crecer, pero esa oportunidad no viajará sola: necesita rutas, puertos, energía y conectividad para llegar al mundo. La incipiente estabilización macroeconómica, la normalización del comercio exterior, la eliminación de distorsiones regulatorias, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y los proyectos impulsados por el RIGI pueden abrir una nueva etapa de inversión, exportaciones e integración internacional. El país cuenta con activos estratégicos que el mundo hoy demanda: energía, minerales críticos, alimentos, talento y capacidades industriales. Pero esa oportunidad enfrenta una restricción decisiva: sin infraestructura logística y energética, el potencial productivo argentino puede quedar atrapado en el territorio. 

La infraestructura es el puente entre la oportunidad y la competitividad. Hoy ese puente es insuficiente. En el Norte Grande, los déficits de infraestructura encarecen la producción y limitan el desarrollo: menos del 33% de la red vial está pavimentada; más del 50% de las redes provinciales están en mal estado; y el 20% de la red terciaria puede volverse intransitable en temporada de lluvias. En muchas empresas, la logística representa entre 10% y 20% del precio de venta del producto, con costos hasta 50% superiores a los de otras regiones,  como señala el estudio Corridors for Development and Growth, elaborado por CIPPEC junto al Banco Mundial.  

La red ferroviaria tampoco logra compensar ese rezago. El Norte Grande cuenta con más de 10.000 kilómetros de vías, pero sólo 25% está operativo. El deterioro de la infraestructura, la falta de nodos logísticos, los descarrilamientos y la incertidumbre regulatoria reducen la posibilidad de una logística multimodal. El resultado es una estructura de transporte más cara, menos previsible y más vulnerable, especialmente para producciones alejadas de los puertos y para provincias que podrían ser protagonistas de la nueva etapa exportadora. 

La infraestructura energética es igualmente urgente. Argentina tiene un potencial que puede exceder largamente su consumo interno, especialmente por Vaca Muerta, las renovables y el desarrollo minero. Pero el principal problema ya no es sólo producir energía, sino evacuarla y transportarla. La matriz energética depende en un 87% de combustibles fósiles y el gas natural representa el 54% de la oferta interna total; además, el 59% de la generación eléctrica es térmica y, dentro de ella, el 77% depende del gas natural. Esta interdependencia entre gas y electricidad vuelve al sistema especialmente vulnerable frente a restricciones de transporte. 

En gas, Argentina cuenta con más de 15.000 km de gasoductos troncales, pero la red fue diseñada principalmente para abastecer la demanda interna y no creció al ritmo de la producción de Vaca Muerta. Esto limita la posibilidad de conectar la cuenca neuquina con los centros de consumo, abastecer al Norte argentino, reemplazar importaciones, reducir costos industriales y exportar a Brasil, Chile y la región. La reversión del Gasoducto Norte y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno son obras clave, pero todavía persisten cuellos de botella relevantes. 

En electricidad, la red de transporte supera los 36.000 km, pero opera cerca del límite y con altos niveles de antigüedad: el 60% de la red de 220 kV y el 30% de la red de 500 kV tienen más de 30 años. La generación renovable y buena parte del potencial energético se ubican lejos de los grandes centros de consumo, lo que vuelve crítica la expansión de líneas de transmisión. Los proyectos de baterías pueden aliviar restricciones de corto plazo, pero no reemplazan la necesidad de ampliar la red. El desafío es aprovechar ese margen transitorio para encarar una solución estructural. 

El Gobierno anunció avances relevantes, incluyendo un plan de inversión público-privada en transporte eléctrico de entre USD 6.600 y 9.900 millones, 5.600 km de líneas de extra alta tensión y 17 proyectos estratégicos. Sin embargo, la magnitud del desafío exige una hoja de ruta más amplia, realista y sostenida en el tiempo, con reglas estables para coordinar inversión pública y privada y no llegar tarde a mercados que se están reorganizando ahora. 

También la conectividad digital debe ser parte de la agenda. En el Norte Grande, sólo 22% de los productores declara buena conectividad móvil en rutas de carga y 61% tiene banda ancha fija deficiente en establecimientos productivos. En una economía donde la trazabilidad, los datos y la coordinación logística serán cada vez más relevantes, la conectividad es infraestructura productiva. 

Por eso, la infraestructura debe dejar de pensarse sólo como obra pública y pasar a entenderse como política de competitividad, inserción internacional y desarrollo territorial. El nuevo escenario global y local no sólo crea oportunidades para producir y exportar más: también abre una ventana para atraer inversiones hacia la infraestructura logística, energética y digital que Argentina necesita para competir. En un contexto de recursos fiscales escasos, esto exige definir un mapa nacional de infraestructura crítica, criterios transparentes de priorización y un planeamiento orientativo de la infraestructura productiva sostenido en el tiempo. La pregunta no es sólo qué obra falta, sino qué infraestructura destraba producción y exportaciones, atrae inversión, reduce costos, integra territorios y genera encadenamientos productivos. 

La Argentina que viene se construirá no sólo con acuerdos comerciales y anuncios de inversión, sino con corredores logísticos, energía disponible, conectividad digital, puertos eficientes, pasos fronterizos operativos y reglas que permitan coordinar inversión pública y privada. Si el país quiere transformar sus activos estratégicos en productividad, empleo calificado y desarrollo federal, la infraestructura no puede ser el cuello de botella: debe ser la plataforma del crecimiento.