Forbes, 2 de julio de 2025
Columna de Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC.
El sistema previsional argentino es un pilar fundamental de la política pública del país, gestionando cerca del 10% del PIB y brindando protección económica a más de 8,5 millones de personas. Este logro, fundamental para explicar la baja incidencia de la pobreza y la indigencia entre los adultos mayores, es un motivo de orgullo. Sin embargo, el sistema enfrenta problemas estructurales que lo hacen caro, injusto e ineficiente. El reciente fin de la moratoria previsional, tras casi dos décadas de vigencia, abrió nuevos debates y representa una oportunidad histórica para repensar el sistema desde sus cimientos y avanzar hacia una reforma integral que garantice equidad, sostenibilidad y protección efectiva para las generaciones futuras.
El sistema previsional argentino tiene una historia centenaria, lo que lo convierte en una de las políticas públicas con más historia en Argentina. Su alta cobertura es un éxito indiscutible: más del 90% de los mayores de 65 años reciben un beneficio, en parte debido a las moratorias implementadas desde 2005, que permitieron a 3,8 millones de personas acceder a una jubilación por vejez a través de ANSES. Al mismo tiempo, las moratorias, inicialmente concebidas como respuestas temporales, han generado distorsiones que hoy comprometen la sostenibilidad y equidad del sistema.
El sistema es caro: Argentina gasta en jubilaciones y pensiones cerca de un 10% del PIB, similar a países con poblaciones mucho más envejecidas, como Suecia o Bélgica, y casi el doble que naciones con demografías comparables, como Chile o Costa Rica. Esta elevada carga fiscal se explica fundamentalmente por la presencia de 2,8 millones de beneficiarios menores de 65 años, 1,1 millones de personas con doble beneficio (jubilación y pensión) y cerca de 200 regímenes de excepción que ofrecen, en su mayoría, condiciones más generosas que el régimen general.
El sistema es injusto porque trata de manera desigual a personas con trayectorias laborales similares. El requisito de 30 años de aportes, cumplido por apenas un cuarto de quienes llegan a la edad de retiro, castiga severamente a quienes aportaron 29 años o menos, negándoles reconocimiento por sus contribuciones. Así, un trabajador con salarios promedio y 29 años de aportes recibe un haber inicial equivalente al 18% de su salario, un tercio de lo que obtendría con un año más de aportes. En contraste, los regímenes de excepción permiten jubilaciones a edades tan tempranas como los 45 años y haberes cercanos al 100% del último salario, beneficiando a sectores específicos como docentes, jueces o empleados públicos provinciales.
El sistema es ineficiente porque gasta más de lo necesario para proteger a los adultos mayores. Un cálculo simple lo ilustra: si cada argentino mayor de 65 años recibiera el haber promedio del régimen general (cerca de $700.000 en la actualidad), el gasto total sería un 30% menor que el actual.
La finalización de la vigencia de la ley que habilitaba moratorias en marzo pasado marcó un punto de inflexión. Estas permitían a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes “comprar” los años faltantes en cuotas, garantizando el acceso a una jubilación. A partir de ahora, quienes no cumplan este requisito sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, a partir de los 65 años.
Las moratorias fueron una respuesta de emergencia a un diseño previsional desconectado de la realidad del mercado laboral argentino, donde la informalidad y la discontinuidad en los aportes son la norma. Pero su aplicación en las últimas dos décadas generó costos fiscales, nuevas inequidades y un insostenible nivel de imprevisibilidad en el sistema. Sin embargo, su fin no debe implicar un retorno a un sistema que consolide la exclusión de tres cuartos de la población argentina, sino el inicio de una reforma integral que elimine distorsiones y unifique reglas.
Desde CIPPEC, junto a expertos de diversas instituciones, venimos trabajando en una propuesta de reforma integral, para reordenar nuestro sistema previsional basándolo en tres componentes: un pilar básico universal, un pilar proporcional y un pilar voluntario de ahorro previsional. Esta estructura busca combinar universalidad, equidad y sostenibilidad, abordando los principales problemas del sistema actual.
El pilar básico universal ofrecería una prestación mínima a todos los mayores de 65 años, con el único requisito de residencia en el país. El segundo pilar, con una prestación proporcional, consideraría la historia completa de aportes de los trabajadores, sin requisitos mínimos de años, para reconocer el esfuerzo contributivo de cada uno. La fórmula de cálculo, que podría seguir un esquema de cuentas nocionales, premiaría proporcionalmente los aportes realizados, eliminando las brechas entre quienes aportaron más o menos de un número arbitrario de años,
asegurando el trato equitativo de los futuros jubilados. Finalmente, el pilar voluntario permitiría que aquellas personas que, individual o colectivamente quieran mejorar sus haberes futuros tengan instrumentos financieros adecuados para ahorrar durante su vida activa.
Esta reforma debe complementarse con ajustes en otras áreas clave, como las pensiones por fallecimiento (que hoy se otorgan en forma vitalicia aunque se trate de viudos o viudas muy jóvenes y permiten la duplicación de beneficios), las pensiones por invalidez (cuyo otorgamiento debería estar gestionado por comisiones médicas especializadas, utilizando criterios claros y transparentes) y, fundamentalmente, con una revisión profunda de los regímenes de excepción que hoy están vigentes en nuestro país.
Entre regímenes diferenciales (que se enfocan en actividades consideradas particularmente arduas o riesgosas), regímenes especiales (para actividades que tienen, por algún motivo, un mérito especial), retiros de fuerzas armadas y de seguridad, regímenes provinciales (para empleados públicos de provincias que optaron por no transferir sus sistemas a la Nación), cajas profesionales y pensiones no contributivas se explica más de un 40% de los beneficios y más de la mitad del monto pagados en nuestro país. Estos esquemas tienen condiciones mejores a las del régimen general, sea porque la fórmula de cálculo del haber inicial es más generosa, los requisitos de edad o años de aportes más laxos o la regla de movilidad más ventajosa. Es comprensible que en cualquier sistema con reglas existan algunas excepciones, pero cuando lo excepcional es estar en el régimen general es claro que hay un problema serio. Discutir sobre reglas del régimen general como si la edad de retiro debería ser 60, 65 años o más, mientras otorgamos jubilaciones a menores de 50 años es un sinsentido que debemos corregir.
Por supuesto, ninguna reforma debería afectar a los beneficiarios actuales que accedieron a sus derechos cumpliendo los requisitos legales correspondientes. Las reformas deberían ser para los futuros jubilados, con esquemas de implementación gradual razonables que permitan, en forma progresiva, corregir las inconsistencias del sistema actual.
Aprobar e implementar reformas de este tipo no es sencillo. Requiere consensos políticos amplios en un contexto de polarización. Parece particularmente difícil avanzar en un año electoral, donde el tema podría convertirse en un arma de campaña. Sin embargo, postergar las discusiones “para cuando estén dadas las condiciones” es problemático, porque es probable que eso no ocurra nunca. Por eso, buscando despolitizar el debate, creemos que una estrategia posible sería que el Poder Ejecutivo anuncie la intención de avanzar con una reforma y constituya un equipo de trabajo con funcionarios y expertos que, en dialogo y consulta con todos los sectores, realice todos los análisis necesarios y prepare una propuesta que pueda ser presentada al Congreso luego del proceso electoral. Modelos similares han sido exitosos en países como Chile y Uruguay y creemos que es posible replicarlos en Argentina.
El fin de las moratorias es una oportunidad para construir un sistema previsional que combine inclusión, equidad y sostenibilidad. La propuesta protege a todos los adultos mayores, recompensa el esfuerzo contributivo y elimina distorsiones, al tiempo que reduce la presión fiscal. En un país donde la previsión social impacta directamente en la vida de millones y en la estabilidad económica, no hay margen para seguir postergando esta discusión. El futuro de los adultos mayores y de la Argentina depende de que asumamos este desafío con valentía y visión de largo plazo.
