Sancionar la ley nacional de paridad durante 2017 sería un gran progreso en términos de representatividad democrática

A comienzos de la década del 90, la Argentina fue pionera a nivel sudamericano en materia de igualación de derechos al sancionar una ley nacional de cupo femenino. La medida facilitó la llegada de las mujeres a la arena legislativa (la Cámara de Diputados pasó de tener 4% a 34% de mujeres). Pero, en el mediano plazo, demostró sus limitaciones y se convirtió en un techo.

El año pasado fue de progresos en lo que respecta a las condiciones de acceso de las mujeres al poder en las provincias. El mapa de la paridad cambió. Cuatro provincias (Buenos Aires, Salta, Chubut y Neuquén) sancionaron sus propias leyes y se sumaron a las otras tres donde esta regla ya se encontraba vigente (Santiago del Estero, Río Negro y Córdoba). También la Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias presentaron proyectos legislativos para incorporar la regla a su legislación, por lo que la paridad a nivel provincial tendría posibilidades de ampliarse este año.

A diferencia de lo que sucedió con la ley de cupo a comienzos de la década del 90, cuando el puntapié inicial provino del ámbito nacional; con la paridad, las provincias son precursoras.

Argentina no posee aún una ley nacional de paridad y, puertas adentro del Congreso, se vive una situación que deja en evidencia la falta de coordinación existente entre ambas cámaras. Existen dos proyectos -ambos sancionados el 19 de octubre de 2016-, uno en Diputados y otro en Senadores- que buscan incorporar la paridad. Si los legisladores retomaran estos días la discusión, habría que ver si se inclinan por que la ley entre en vigencia para el proceso electoral de este año. De no ser así, nuevamente la mayor parte de las listas legislativas nacionales serán encabezadas e integradas mayoritariamente por políticos de sexo masculino.

En muchas legislaturas provinciales y en el Congreso nacional, las cámaras y la mayoría de los bloques son presididas por hombres

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