Publicado en septiembre de 2022

La pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas de aislamiento a nivel global implicaron una aceleración de la transición digital y, por tanto, la necesidad de afrontarla y captar sus oportunidades por parte de las ciudades. Hoy en día, el acceso a la infraestructura digital, y la predisposición de la población a utilizar plataformas virtuales, influyen tanto o más que otros factores culturales, sociales, económicos, políticos y regulatorios, que tradicionalmente han determinado el potencial emprendedor urbano.

Es por ello que, entre las condiciones para transitar un sendero de modernización y diversificación del tejido económico urbano, en la actualidad se destacan: las capacidades y requerimientos tecnológicos derivados de la transformación del entramado industrial, las renovadas estrategias de formación laboral técnico profesional, y la conformación de nodos de servicios al emprendedor de sectores dinámicos basados en el conocimiento, la vinculación científico-tecnológica entre universidades, centros de I+D y polos productivos. Es claro que estas nuevas condiciones se presentan como necesarias en el presente, sin por eso suponer garantía de éxito al final del camino, en el marco de una globalización acelerada y eventos disruptivos que representan desafíos mayúsculos para la planificación.

Al mismo tiempo, los factores de base de la “vieja economía” continúan presentes en el desarrollo del potencial emprendedor y probablemente siga así durante las próximas décadas. Entre ellos se destacan: el capital humano emprendedor y sus factores formadores (condiciones sociales de las familias, cultura emprendedora local y el rol del sistema educativo), la existencia de factores dinamizadores de oportunidades de negocios a nivel local (condiciones de las empresas, contribución de las instituciones de ciencia y tecnología al surgimiento de innovaciones), los canales de captación de oportunidades extralocales y, finalmente, factores que contribuyen a la concreción de las propuestas de valor y el desarrollo de los emprendimientos (fundamentalmente, el capital social para tejer redes de contacto y el financiamiento y accionar de los gobiernos a través de sus políticas y regulaciones).

La sociedad digital, del conocimiento y de la economía de plataformas han reforzado el valor de la proximidad y las ciudades. En “El triunfo de las ciudades”, Edward Glaeser describe de manera empírica cómo a medida que la población mejora su nivel educativo, aumenta su nivel de desarrollo económico. En las últimas décadas, la correlación entre formación y productividad urbana se ha acrecentado de manera exponencial. De esta manera, la post-pandemia nos lleva a un emprendedurismo cada vez más digital, en un mundo cada vez más urbano. Hacer foco en esta dinámica es esencial para el desarrollo humano.

La presente publicación pretende aportar al entendimiento de los procesos de digitalización, las oportunidades para los emprendimientos digitales y la economía de plataformas en el contexto post COVID-19. En esta línea, se propone evaluar los desafíos para la sociedad y los emprendedores. A través de diferentes metodologías y el análisis de casos exitosos nacionales e internacionales, el documento analiza el rol de las ciudades y los ecosistemas locales como espacios de innovación para el fomento de emprendimientos digitales. El informe también propone un desarrollo metodológico para el análisis de los ecosistemas, en su capacidad de fomentar el emprendedurismo. Dicho desarrollo se basa en el ICEC-Prodem, integrando la dimensión digital. Finalmente, la integración de resultados lleva a una serie de recomendaciones de política para el desarrollo de ciudades intermedias como polos de emprendimientos digitales.

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto ‘Desarrollo de la Economía de Plataformas en ciudades como instrumentos para promover la inclusión social, el emprendimiento y la innovación’, implementado por CIPPEC con el apoyo de BID Lab (el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo). El objetivo de este proyecto fue contribuir a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades económicas para los habitantes de ciudades argentinas, usando las posibilidades de la economía de plataformas como palanca para facilitar un mejor acceso a servicios y oportunidades.

Publicado en agosto de 2022

En 2020, CIPPEC realizó un relevamiento sobre el impacto que la pandemia de COVID-19, las restricciones a la circulación y la consecuente expansión de la modalidad remota de trabajo, tuvo en la administración pública en Argentina. Ahora nos preguntamos: ¿este impacto fue el mismo en cada una de las regiones del país?

Este documento presenta los resultados obtenidos de una encuesta realizada entre agosto y octubre de 2021 en 5 Administraciones Públicas Provinciales pertenecientes a diferentes regiones de Argentina: Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán, en la que se indagó en torno a las modalidades de trabajo desde el comienzo de la pandemia, la experiencia del personal directivo y sus equipos de trabajo. 

ASPO y DISPO: ¿Bajo qué modalidad trabajaron las administraciones provinciales?  

La implementación de las figuras de ASPO y DISPO, creadas a raíz de la pandemia, condicionó el desarrollo de casi la totalidad de las actividades que conocemos. La extensión de modalidades de trabajo híbridas y remotas se acompasó a la evolución de las diferentes situaciones epidemiológicas y las restricciones consecuentes en la circulación.   

Al momento de finalizar la encuesta en octubre de 2021, los porcentajes de presencialidad rondaban el 78% dando cuenta de un alto retorno a las actividades presenciales en cada una de las provincias.  

Los principales impactos de trabajo remoto 

Según los y las encuestados/as, las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar fueron las más difíciles de conciliar con las asignaciones laborales, tareas a las que las mujeres dedicaron más tiempo que los varones. Esta evidencia refuerza la necesidad de pensar en la regulación del trabajo remoto con perspectiva de género para evitar la reproducción de desigualdades preexistentes.  

Las condiciones desiguales de acceso a la infraestructura tecnológica aparecen como un aspecto con  impacto considerable en el desenvolvimiento del trabajo remoto. La respuesta a la pandemia fue reactiva por parte de las provincias y carente de una planificación previa. En muchos casos, tanto la disponibilidad de dispositivos tecnológicos como  el acceso a servicios de calidad que garanticen una conectividad eficaz fueron  problemas centrales a la hora de trabajar bajo esta modalidad. Al mismo tiempo, esta situación se vio agravada por el paso de las actividades escolares a la virtualidad en aquellos hogares con niñas y niños en edad escolar. 

La dificultad de supervisión de los equipos de trabajo es otro aspecto ampliamente recuperado por los y las agentes. Aquellas personas que coordinan grupos y asignan tareas contaron con el desafío adicional de tener que tejer y sostener canales de comunicación, seguimiento y supervisión de sus equipos. 

¿Hacia una nueva agenda de innovación pública en las provincias? 

Las provincias diseñaron e instrumentaron diferentes mecanismos para continuar funcionando en contexto de emergencia:  

• Entre 2019 y 2021, Mendoza triplicó la cantidad de trámites realizados de manera virtual 
• Entre Ríos incorporó una plataforma digital para solicitar turnos con el objetivo de facilitar la organización de la atención ciudadana en diferentes áreas de gobierno. 
• Tucumán amplió el número de trámites que es posible realizar en forma online y a los que se puede acceder desde la “Guía de Trámites”.  
• Chaco se desarrolló un chatbot  para la atención de preguntas y respuestas automáticas, que a través de una plataforma cuenta con un asistente en línea al que es posible contactar mediante WhatsApp. 
• En la provincia de Río Negro se elaboró un protocolo de regreso al trabajo presencial de la Administración Pública consensuado entre los gremios, personal de salud pública, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de la Función Pública, que fue aprobado mediante una Resolución de la secretaria de Trabajo y elaborado con el objetivo de regular el regreso incremental a la presencialidad de la administración pública.  

Muchas de las herramientas desarrolladas durante la pandemia son consideradas como puntos de inflexión hacia el interior de las burocracias estatales. Constituyen un insumo valioso respecto de la modalidad previa a la emergencia sanitaria, tanto para los formatos presenciales como híbridos, habiendo incorporado pautas de trabajo con determinados consensos y mecanismos mediante los cuales se facilitan y mejoran procesos que hacen al funcionamiento de las administraciones públicas provinciales.

  
Te invitamos a ver los hallazgos completos de la encuesta en el documento

Publicado en julio de 2022

El proceso de integración social y urbana del Barrio Mugica, liderado por la SECISYU, tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en el barrio. En este marco, esta evaluación busca analizar la efectividad de uno de los programas insignia del proceso de reurbanización: el reasentamiento de las familias del Bajo Autopista hacia viviendas nuevas. En vistas a que en Argentina se están realizando múltiples procesos de integración social y urbana a nivel nacional, los aprendizajes de este estudio podrían ser de utilidad para la toma de decisiones de instancias similares que requieran el reasentamiento de toda o parte de la población de un barrio informal.

Esta evaluación busca medir los efectos de este reasentamiento en variables sociales a nivel individual, familiar y comunitario. La construcción del grupo de tratamiento y comparación se apoya en la normativa que delimita espacialmente la asignación de la vivienda nueva sólo a las familias que residen bajo la autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia. Adicionalmente, se recolectaron dos rondas de encuestas en ambos grupos (antes y después de la mudanza). La estimación de los efectos se basa en un modelo cuasi-experimental de diferencias en diferencias, el cual permite medir los cambios en el tiempo en las variables de resultados atribuibles al programa.

Este estudio encuentra que el reasentamiento mejoró sustantivamente las condiciones de infraestructura de la vivienda. Además, se observa una reducción importante en la probabilidad de que la familia reasentada viva en condiciones de hacinamiento, con una caída de 12 puntos porcentuales. A su vez, las estimaciones permiten identificar mejoras en indicadores de calidad del sueño, la satisfacción con la vivienda, la identificación con el sector de residencia y la expectativa de seguir viviendo en esa propiedad en los próximos años. Sin embargo, a la fecha no se muestran cambios estadísticamente significativos en lo que respecta al tamaño del núcleo familiar ni en la satisfacción con el estándar de vida. Tampoco se observan modificaciones en las expectativas de cambio social a cinco años en factores que exceden a la vivienda como empleo, ingresos, conexión con el resto de la ciudad y seguridad.

El programa de reasentamiento implicó el desplazamiento de las familias hacia una zona más nueva del barrio, en la cual se emplaza el nuevo Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cambio en el entorno muestra efectos positivos de la mudanza en lo que respecta a victimización en los últimos seis meses, con una reducción de 11 puntos porcentuales en la exposición a algún episodio de inseguridad. A su vez, las estimaciones muestran mejoras en indicadores de percepción de seguridad tanto al caminar a solas cerca de la vivienda (mejora de 10 puntos porcentuales), como al estar solas en sus hogares (mejora de 11 puntos porcentuales), e incluso al estar en otros ámbitos públicos del barrio, como la feria y plazas.

Las estimaciones sugieren que la participación en el programa está asociada con una caída en las expectativas de mejora a largo plazo de la vivienda y de la urbanización del barrio. En otras palabras, las familias reasentadas no ven factible la posibilidad tener una vivienda mejor en los próximos cinco años. A su vez, se observa una menor incidencia de arreglos y reformas en su vivienda en el último año respecto al grupo de comparación (con un efecto de 14 puntos porcentuales). Aun cuando esta menor inversión en el hogar no es un problema de corto plazo, la misma podría poner en jaque la sostenibilidad del programa si se perpetúa, ya que el deterioro de la propiedad podría poner en riesgo su seguridad y su valor económico.

Por otra parte, se observan mejoras en el corto plazo respecto a la salud de niños y niñas menores de cinco años. En cambio, entre los y las mayores de cinco años no se registra un avance estadísticamente significativo, lo que podría deberse al escaso tiempo transcurrido desde la mudanza, aunque también podría ser el resultado de la baja incidencia de enfermedades respiratorias o gastrointestinales en la línea de base.

En suma, esta evaluación revela que existen avances considerables de corto plazo en la calidad de la vida de las familias como resultado del reasentamiento. Sin embargo, este tipo de intervenciones son difíciles de escalar. El costo económico y en recursos humanos que se necesita para esta política es de una magnitud difícil de replicar en poblaciones más grandes. Por lo tanto, esta experiencia, aunque muy exitosa, puede ser solo una solución para poblaciones geográficamente concentradas. No obstante, a pesar de que replicar esta intervención resulta complejo, es posible tomar algunos componentes de esta estrategia para reforzar las políticas de mejoramiento de la vivienda in situ. Aspectos como el acompañamiento familiar, la escrituración y el monitoreo de los indicadores sociales son extrapolables a otros programas de menor escala.

Este estudio nos muestra que estas intervenciones integrales logran mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de extrema vulnerabilidad, ya que funcionan como catalizadoras del cambio social y urbano. Mejorar la calidad de vida de las familias que residen en los asentamientos informales es un camino insoslayable para igualar el acceso a derechos y permitir un desarrollo más inclusivo e igualitario para las generaciones futuras.

Publicado en julio de 2022

A partir de las leyes 3.343 y 6.129 y en el marco del Plan de Acción Integral (2016- 2019) para la transformación del Barrio Mugica, se estableció la necesidad de reasentamiento de la población que reside en el sector denominado Bajo Autopista. El objetivo del Programa de Reasentamiento fue restablecer –y, en la medida de lo posible, mejorar– las condiciones socioeconómicas y físicas de base de las personas residentes en este sector del Barrio Mugica. La reubicación se concentró en las familias residentes en el contorno de afectación, el cual fue redefinido a partir de los resultados del censo (2016) y del relevamiento social y técnico (2018). Bajo la órbita de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) – inicialmente dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la actualidad como parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat– este programa se enmarcó en los procedimientos y principios del Marco de Políticas de Reasentamiento.

Este trabajo presenta los resultados de una evaluación del Programa de Reasentamiento que recupera y busca contrastar la perspectiva de los equipos territoriales encargados de su ejecución y la de los y las personas destinatarias de las viviendas.

El informe se compone de dos apartados. La primera parte reconstruye los lineamientos y objetivos principales del programa mediante datos secundarios oficiales (principalmente los Planes de Reasentamiento para las etapas 1, 2, 3 y 4 de Bajo Autopista hacia las viviendas en YPF, elaborados por la Secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno de CABA en 2019), en pos de conocer, a partir de los testimonios de los y las integrantes del equipo territorial, en qué medida estos lineamientos proyectados pudieron ser desarrollados o se encontraron con obstáculos y desafíos en las instancias de implementación. La segunda parte propone una evaluación del programa a partir de una recuperación de la perspectiva de las personas destinatarias, reconstruyendo sus miradas –mediante entrevistas en profundidad y de dos entrevistas grupales Focus Group– en torno al acompañamiento gubernamental, el proceso de mudanza y la implementación del Programa. Asimismo, buscamos conocer la repercusión que las viviendas tuvieron sobre sus condiciones de vida, sus sensaciones de pertenencia y sus expectativas a futuro, con el propósito de comprender los impactos de la política a través de sus propias claves interpretativas.

Finalmente, a modo de conclusión, el informe señala los puntos de acuerdo y de tensión entre las miradas desarrolladas sobre la implementación del programa por los dos actores considerados: las personas destinatarias y el equipo territorial.