Los sistemas educativos pueden habilitar diferentes trayectorias educativas desde su propuesta curricular: articulado con reglas complementarias, el currículum puede construir circuitos más o menos flexibles, en los que los estudiantes tengan mayor o menor posibilidad de elegir, y con ello de vincular su recorrido educativo con sus intereses, posibilidades y planes a futuro.

Según su grado de flexibilidad, las propuestas curriculares pueden seguir a tres modelos:

Los primeros dos modelos tienden a habilitar pocas formas de transitar el nivel, pero el tercero rompe con patrones tradicionales de organización de los regímenes académicos a la vez que reconoce y posibilita recorridos más diversos por parte de los estudiantes.

El caso de Ontario es un exponente de este tercer modelo en el que parece haberse entendido mucho sobre el potencial regulador del currículum sobre las prácticas pedagógicas y los trayectos estudiantiles.

Los resultados en materia de calidad y equidad en Ontario han motivado estudios en profundidad de las estrategias desplegadas para alcanzarlos, que han inspirado a educadores de todo el mundo.  Este estudio muestra que Ontario también es un caso interesante en lo que respecta al currículum de nivel secundario y que es un caso paradigmático del sistema de créditos.

Entender la complejidad de su diseño e implementación es útil para alimentar los esfuerzos que en todo el mundo se realizan para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel secundario.

El sistema de créditos: promoción, evaluación y acreditación

En un sistema de electividad por créditos existe un menú de cursos dentro del cual el estudiante debe ir eligiendo, siguiendo una serie de reglas sobre los mínimos y máximos de cursos pertenecientes a las distintas áreas curriculares y/o disciplinas, y la correlatividad exigida entre los distintos cursos. La acumulación de una cantidad y tipo de créditos específicos permite la titulación.

En estos sistemas, el menú de cursos disponibles excede a la cantidad de cursos que los alumnos deben tomar y la libertad de elección del alumno es permanente, dado que debe tomar decisiones acerca de qué aprender a lo largo de toda su escolaridad.

Los desafío de implementar modelos de electividad curricular

La posibilidad de elegir y decidir sobre la propia trayectoria escolar excede los documentos curriculares: para que sea realmente una opción es necesario contar con herramientas complementarias. El desafío de garantizar una oferta equitativa a todos los jóvenes crece a medida que se amplía la gama de opciones de tránsito por el nivel secundario.

En primer lugar, todos los jóvenes deben tener acceso a las distintas opciones de tránsito por el nivel secundario. Es necesario garantizar la implementación de la oferta en todo el territorio, o bien establecer criterios distributivos orientados a garantizar la equidad y cierto piso de electividad para todos los alumnos. Para esto puede ser necesario introducir políticas educativas complementarias que favorezcan el acceso real y equitativo a las distintas opciones: políticas de transporte escolar, de dotación de materiales y equipamiento, entre otras cuestiones.

En segundo lugar, el sistema educativo debe poder garantizarles las herramientas para elegir, es decir, las capacidades y conocimientos necesarios para entender las diferencias entre las distintas opciones de tránsito y las oportunidades y desafíos asociadas a cada una. Es central contar con un sistema sólido de acompañamiento a la trayectoria de los alumnos, orientado a informar sus decisiones y a orientarlos en el diseño de su trayectoria postsecundaria. De lo contrario, la capacidad de tomar buenas decisiones puede quedar determinada por la capacidad de cada familia de orientar a sus hijos en este camino; lo que coloca en desventaja a alumnos de familias con menor capital cultural o con escasa o nula trayectoria en el nivel secundario.

La mirada sobre estos detalles propios del caso de Ontario da cuenta de la necesidad de evaluar las condiciones para la implementación antes de pensar en el cambio hacia un sistema de créditos, teniendo presente el riesgo de agrandar las brechas educativas que puede presentarse en caso contrario.

El sistema de créditos en Ontario

En Ontario la cursada en el nivel secundario está organizada en torno a un sistema de créditos. Para graduarse, los estudiantes deben haber obtenido 30 créditos además de haber aprobado un examen provincial de Lectoescritura y realizado 40 horas de trabajo comunitario.

Los créditos se obtienen al aprobar 30 cursos con una nota superior al 50% durante los 4 años de nivel secundario. Para cada uno de los cursos existen contenidos y expectativas definidos en los documentos curriculares disciplinares.

Cada alumno -en conjunto con sus padres, en caso de ser menor de edad, y con ayuda de los equipos de orientación de la escuela- define cuáles son esos 30 cursos. A la hora de elegir y aprobar 18 de los 30 cursos, deben seguir las siguientes reglas:

Fuente: CIPPEC. Sobre la base de Escuelas de Ontario desde la de cinco hasta el grado 12: Políticas y Requerimientos, Ministerio de Educación de Ontario 2016

Los 12 cursos restantes pueden ser elegidos libremente por los estudiantes del menú de cursos ofrecidos por la escuela. En todos los casos, existe correlatividad entre los distintos cursos, por lo cual el orden en que se los elige no puede ser aleatorio. Además, los sistemas de correlatividad limitan las trayectorias posibles, donde las primeras elecciones condicionan en alguna medida las elecciones posteriores.

El sistema de créditos en Ontario otorga también cierta flexibilidad temporal a las trayectorias: no es necesario aprobar las asignaturas en bloque para avanzar en el nivel, sino que se puede progresar a medida que se aprueban los distintos cursos.

Si bien cada curso está asignado a un grado en particular, es posible que, por ejemplo, un alumno esté cursando un curso de Matemáticas de Grado 10 mientras cursa otro de Inglés de Grado 9, porque no ha conseguido aprobar éste en el primer intento.

Así, es posible aprobar menos cursos por año y extender la duración en años de la cursada del nivel, sin necesidad de volver a cursar las materias que ya se promocionaron. A su vez, existen algunas escuelas que organizan el dictado de cursos de forma semestral, por lo que los alumnos pueden cursar simultáneamente una cantidad de cursos menor, durante un período más breve. Las trayectorias pueden, entonces, tener distinta duración.

¿Qué podemos aprender del currículum y el sistema de créditos en Ontario?

Reglas y límites. El estudio del caso de Ontario muestra que en todo currículum “flexible” existen reglas que limitan la electividad que tienen el objetivo de asegurar que los estudiantes adquieren los contenidos fundamentales.  Ontario definió las disciplinas en las cuales debían completarse 18 de los 30 créditos necesarios para graduarse. De esta forma, se garantiza que todos los estudiantes estén expuestos a la enseñanza de asignaturas fundamentales como Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Sociales, entre otras.

También existen reglas para garantizar la secuenciación de los conocimientos en un orden lógico. En Ontario, si bien los alumnos pueden dilatar la duración de su trayectoria escolar y completar los grados en más de un año lectivo, la gran mayoría de los más de 290 cursos están asociados a un grado en particular. Además, el orden en que se toman los cursos que se ofrecen para completar los créditos está determinado por reglas de correlatividad entre aquellos que pertenecen a las mismas disciplinas.

Esto hace que la electividad en Ontario sea mucho más compleja que un sistema de selección libre por gusto o interés de 30 cursos de entre 293 ofrecidos. Así, el caso de Ontario también da cuenta de que la flexibilización curricular solo puede ser comprendida acabadamente si se la entiende en relación a otras reglas complementarias.

Interacción con patrones de desigualdad. El estudio de este caso ilumina una cuestión de especial interés para pensar la flexibilidad curricular en el contexto de países en vías de desarrollo: su interacción con patrones preexistentes de desigualdad social. ¿En qué medida entra en tensión la flexibilización curricular temprana con el objetivo de garantizar pisos de conocimientos comunes que habiliten a los alumnos a realizar elecciones futuras en igualdad de oportunidades con sus compañeros?

Si la diversidad de opciones está limitada por las capacidades técnicas o presupuestarias de los distintos territorios para ofrecerlas, la electividad puede no ser real.

La existencia de dispositivos de orientación estudiantil y socio-ocupacional es fundamental para superar esta tensión. Estos dispositivos pueden equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para realizar elecciones sabias con plena conciencia de sus intereses, fortalezas y de las posibilidades futuras que cada elección habilita y obtura.

La ausencia de estos dispositivos en el contexto de un sistema con flexibilidad curricular conduciría a desigualdades aún mayores: la elección de cursos quedaría determinada por la capacidad del entorno familiar de guiar a sus hijos en este proceso, la cual está signada por el capital educativo y cultural de cada familia.

Condiciones de posibilidad.  Para la implementación de una oferta de cursos lo suficientemente rica en todas las escuelas,  hay tres claves en el caso de Ontario:

1. El tamaño de las escuelas secundarias: un establecimiento escolar promedio aloja alrededor de 1000 estudiantes secundarios. Esto permite concentrar una importante planta docente en un mismo espacio físico y ofrecer una gran variedad de cursos en una misma escuela lo cual reduce el riesgo de contar con pocos estudiantes en algunos cursos.
2. Las características de la formación docente: para enseñar en el nivel secundario es obligatorio haber cursado una carrera universitaria de cuatro años con dos especializaciones (majors), y luego cursar la formación en educación, de dos años de duración. Así, cada docente puede dictar clases en dos áreas disciplinarias distintas, lo que amplía las posibilidades de reconfigurar la oferta año a año.
3. Planeamiento adaptativo de la oferta educativa: bajo el liderazgo de sus directores, las escuelas deben poder reconfigurar el menú de cursos anualmente, siguiendo las preferencias expresadas por los estudiantes al finalizar cada año lectivo para permitir realmente la elección por parte de los estudiantes. Esto exige reacomodar a los docentes y a los estudiantes, procurando garantizar horas de trabajo para todos los docentes y horas de clase para todos los alumnos. Para ello, cuentan con el apoyo de software específico.

Ontario parece haber entendido mucho sobre el potencial regulador del currículum sobre las prácticas pedagógicas y los trayectos estudiantiles. Comprender la complejidad de su diseño e implementación es, sin dudas, muy útil para alimentar los esfuerzos que en todo el mundo se realizan para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las juventudes.

La calidad del proceso de desarrollo y revisión curricular en esta provincia canadiense comprende procesos institucionalizados para la redacción y revisión de los documentos curriculares y podría estar operando como uno de los factores de éxito de este sistema educativo. La exigencia de basar estos procesos en evidencia y la preocupación por involucrar a todo tipo de actores en estos procesos (expertos, docentes, estudiantes, familias, sindicatos, entre otros) sugiere que la buena práctica curricular de Ontario excede a la cuestión de la flexibilización.

A 10 años de la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Mesa para el Desarrollo Integral de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) fue una iniciativa del Programa de Ciudades de CIPPEC acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí, especialistas en temas como la economía, el ambiente y el crecimiento urbano de la RMBA revisaron y discutieron los lineamientos elaborados en 2007 para entender la trayectoria de la RMBA durante la última década con el fin de impulsar un desarrollo urbano más equitativo, eficiente y sostenible.

¿Qué son los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos?

Los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEM) son un plan metropolitano que desarrolló la Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en acuerdo con la Secretaria de Planeamiento del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2007. En ese momento, se cumplían 30 años de la sanción de la Ley Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que encomienda al Gobierno Provincial la formulación de lineamientos estratégicos como una base sobre la cual discutir, y eventualmente consensuar, un marco de referencia que permita dar coherencia a las políticas públicas y a las iniciativas de la sociedad que involucran al AMBA.

¿En qué consistió la Mesa para el Desarrollo Integral de la Región Metropolitana de Buenos Aires?

La iniciativa se dividió en dos etapas: la primera consistió en una revisión técnica de los Lineamientos Estratégicos desarrollados en 2007 por la oficina Metropolitana de Buenos Aires.

La segunda consistió en la organización de los encuentros que propusieron diálogos con los referentes involucrados con el fin de identificar oportunidades para el desarrollo integral de la metrópolis. La convocatoria de las mesas se basó en un mapeo de actores del sector público, privado, social y académico que estuvieron involucrados en la elaboración de los LEM, así como también de otros que tomaron protagonismo en los últimos años y en la actualidad.

Participaron de los encuentros funcionarios del gobierno nacional, de la provincia, y de la ciudad, expertos sectoriales, académicos, y organizaciones de la sociedad civil. Cada mesa fue guiada por un eje temático vinculado a la estructura de los LEM y los invitados fueron convocados según su especialidad. Los ejes tratados fueron: matriz ambiental, matriz de crecimiento urbano, matriz productiva y matriz institucional.

Hacia una nueva agenda metropolitana

Al revisitar los LEM y analizar los sucesos relevantes de la última década, fue fácil identificar los temas que deberían considerarse para la actualización de una nueva agenda metropolitana para Buenos Aires.

En términos generales la propuesta consta en evitar la mirada sectorial de las problemáticas metropolitanas y, en cambio, implementar un enfoque holístico estructurado en dimensiones tales como equidad, resiliencia y nuevas tecnologías.

A raíz del trabajo realizado en las mesas se arribó a un conjunto de recomendaciones para aquellos encargados de la gestión pública metropolitana con el fin de mejorar las prácticas en torno a la gobernanza metropolitana:

1) Incorporar nuevos temas, conceptos y contextos que surgieron desde la creación de los LEM

En los últimos diez años han surgido nuevos temas en el ámbito de las políticas públicas y algunos conceptos se instalaron en las agendas de gobierno. Entre ellos, las nociones de:

• Ciudad resiliente. Es necesario desarrollar estrategias y destinar más recursos con especial énfasis en la mitigación y adaptación de las ciudades frente al cambio climático, entre otros riesgos. El desarrollo de nuevos loteos, urbanizaciones y edificios, tanto para uso comercial como residencial, deben enmarcarse en una política urbana integradora y articulada entre las diferentes dependencias del Estado que intervienen en la aprobación de los desarrollos inmobiliarios.
• Ciudad inteligente. El uso creciente y adecuado de las nuevas tecnologías de información, comunicación y participación ciudadana es crucial para mejorar los procesos de gestión urbana y la administración pública. La promoción del gobierno abierto, el empleo de big data para mejorar la calidad y alcance de los servicios públicos, la aplicación de sensores que midan la calidad de la infraestructura urbana, entre otros, sirven para la mejora en la toma de decisiones y los sistemas de monitoreo de las políticas públicas.
• Ciudad equitativa. La igualdad de género y el acceso equitativo a la salud y educación son elementos clave para desarrollar ciudades más equitativas que no fueron contemplados en los LEM.
• Derecho a la ciudad. El reconocimiento de nuevos derechos colectivos en cuanto al acceso al hábitat digno, el espacio público, el equipamiento de calidad y la participación en la toma de decisiones debe ser la base para planificar las acciones contendientes al ordenamiento territorial y el acceso al suelo en la región. En este sentido, cabría también considerar la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la perspectiva de derecho del plan.

2) Revisar la metodología implementada en la elaboración de los LEM de 2007 con un abordaje integral en vez de sectorial

Además de considerar los nuevos temas y conceptos surgidos en la última década, es necesario revisar el proceso por el cual se llevó a cabo la delineación de los lineamientos estratégicos: hay que abordar el análisis de la problemática metropolitana en forma integral, superando las miradas estrictamente sectoriales (transporte, energía, vivienda, espacio público, entre otros) y para comenzar a encarar los nuevos desafíos planteados (resiliencia, equidad y economía digital, entre otros) desde temáticas transversales tales como el bienestar o riqueza, la cultura y la gobernanza metropolitana.

Así, se podrá reconstruir la trama de actores institucionales clave e identificar los vínculos que deben establecerse entre las diversas áreas y niveles de gobierno, así como también con organismos autárquicos, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, para encarar las problemáticas de la región metropolitana.

La mirada integral del territorio debe asimismo incorporarse en los diferentes estudios y proyectos que se formulen para alcanzar las metas de la futura agenda metropolitana. La ausencia de una mirada estratégica e integrada sobre el sistema portuario es una de las tantas problemáticas que ponen de manifiesto este requerimiento.

3) Promover un proceso participativo para la elaboración de una agenda metropolitana para la RMBA 2030 donde lo actores políticos y técnicos identifiquen y prioricen acciones coordinadas

Generar dispositivos institucionales para mejorar las modalidades de participación de diversos actores de la sociedad civil en las propuestas de gestión y planificación de la región es prioritario ya que son vitales para alcanzar propuestas legítimas con factibilidad de implementación.

Para encarar satisfactoriamente este proceso participativo, el mismo deberá estar integrado tanto por el sector privado como por el público. Hacia adentro del sector público, deberá haber una articulación entre los distintos niveles jurisdiccionales (Nación, Ciudad y Provincia), así como también entre las diferentes áreas de gobierno de cada jurisdicción. Asimismo, el sector privado deberá incluir la participación activa tanto de las empresas como de la sociedad civil en su conjunto.

4) Incluir un estudio presupuestario sobre la RMBA

Plantear una nueva agenda metropolitana necesita contar con información presupuestaria fehaciente y detallada acerca de la RMBA. En este sentido, es indispensable diseñar un estudio sobre el gasto y recaudación de las jurisdicciones y los distintos niveles de gobierno alcanzados por la región, con el fin de poder detallar qué proporción de su presupuesto corresponde a la misma.

El Gasto Metropolitano surge de computar y agregar aquellas decisiones de gasto que se comparten, que trascienden a una única jurisdicción y que tienen una presencia e incidencia territorial en la zona geográfica metropolitana: no se trata de la suma matemática del presupuesto de la CABA y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino de identificar hacia adentro de los mismos cuáles son gastos en asuntos de carácter metropolitano.

De esta manera se podrá arribar a una idea sobre la cantidad de recursos que debería contar un organismo que tenga como objetivo gestionar la RMBA de manera eficiente y sostenible.

5) Incorporar una planificación de fortalecimiento institucional de las autoridades de la RMBA

La creación de ciertos organismos metropolitanos constituyen un pilar fundamental para el futuro de la región pero que se deben fortalecer mediante acciones específicas, tales como la Autoridad Metropolitana de Transporte; los comités de cuenca como ACUMAR, COMIREC y COMILU; la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (CO.C.A.M.B.A); el Gabinete Metropolitano; el CEAMSE; AySA; el Mercado Central y la Agencia de Planificación.

Los nuevos LEM podrían sugerir planes de fortalecimiento institucional de los organismos existentes y, de ser necesario, la creación de nuevos.  En este sentido, es importante tener en cuenta las diferentes posibilidades de institucionalidad metropolitana, que incluya la gestión integral de los servicios y que a su vez sea capaz de planificar y recibir competencias de los niveles de gobierno correspondientes.

A seis meses de que comience el ciclo electoral de 2019, CIPPEC y Poder Ciudadano piden una reforma legal del financiamiento de las campañas y los partidos políticos. La reforma debería impedir el abuso de los recursos públicos; generar incentivos para declarar todo el dinero, y comprometer a las provincias con reglas y controles consistentes con el régimen nacional. Para eso, tendría que incluir cuatro medidas prioritarias:

1. Hacer que el dinero sea trazable, es decir, debe quedar registro de los montos, el origen, trayectoria y el destino. La digitalización de los pagos permite que se realicen con plena trazabilidad. Hay que prohibir los aportes en efectivo y mediante depósito bancario para que sólo puedan realizarse por medios trazables. También hay que permitir la devolución de los aportes que los partidos y alianzas detecten como sospechosos. 

2. Regular la publicidad oficial para que no pueda usarse de manera partidista y para que no pueda emitirse ni distribuirse durante el período formal de la campaña.

3. Controlar durante la campaña. Las agrupaciones deben informar sus ingresos y gastos cuando suceden y publicarlos durante la campaña. 

4. Comprometer a las provincias. Las provincias que celebren sus elecciones el mismo día que las nacionales deben adherir al régimen nacional de financiamiento. Además, las provincias también tienen que regular el financiamiento: las elecciones provinciales y municipales también requieren dinero y las agrupaciones no pueden quedar al margen de la obligación de rendir cuentas.

¿Por qué estos cambios?

La forma en que se financia la política partidaria y electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina. El dinero de la política circula por canales informales porque proviene de fuentes no permitidas y porque se recauda y se gasta en efectivo. 

Financiar así la política es opaco porque impide que los votantes conozcan quién apoya a los candidatos. Es inequitativo porque encubre al poder económico que busca influenciar la política pública. Es una amenaza para la integridad porque genera el riesgo de atraer dinero de la corrupción y otras actividades ilícitas. Es ineficiente porque anula el efecto nivelador que se busca con los aportes públicos y porque cuando el dinero se mueve en efectivo, no hay forma de garantizar que los fondos que se donan y se recaudan se destinen a la campaña.

Desde hace varios años CIPPEC y Poder Ciudadano vienen trabajando para generar conciencia e impulsar cambios en la manera en que se financian las campañas electorales y la política.