El derecho a la vivienda adecuada: ¿cómo estamos en Argentina?

Publicado en diciembre de 2021

La llegada de la pandemia puso en evidencia la importancia de contar con una vivienda adecuada como primera línea de defensa frente al virus. En el marco de un aislamiento social que forzó a las personas a permanecer en sus hogares a modo preventivo, quienes tuvieron mayores facilidades para transitar la cuarentena fueron aquellas personas que, al momento de ser decretada, habitaban una vivienda con acceso a servicios básicos y espacio suficiente para todos los miembros del hogar, como así también contaban con infraestructura pública sanitaria y social cercana. No obstante, claro está que ésta no es la realidad que atraviesa el total de la población de nuestro país. Una gran cantidad de personas que viven en Argentina no cuenta con una vivienda que reúna esas características.

En diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se establece el derecho a la vivienda como un derecho humano (Art. 25). Nuestro país incorporó este derecho en la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 2) hace más de 25 años. Sin embargo, durante el último cuarto de siglo, el progreso realizado en materia habitacional fue insuficiente: el último Censo Nacional (2010) evidencia que dos de cada diez personas viven en tipos de viviendas que presentan deficiencias. El censo programado originalmente para 2020 tuvo que ser pospuesto al 2022 por la emergencia sanitaria. Aun así, ciertos indicadores dan cuenta de que la situación habitacional no ha mejorado: según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2021), el 49% de las personas relevadas en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país no accede a, al menos, uno de los tres servicios básicos (agua corriente, gas de red y desagües cloacales).

 

¿A qué nos referimos con “vivienda adecuada”?

Para que una vivienda sea adecuada, no basta con una estructura de paredes y un techo. Según ONU-Habitat, la vivienda debe contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

    1. Seguridad en la tenencia: contar con medidas de seguridad que garanticen la protección jurídica frente a amenazas posibles (desalojo, hostigamiento, etc). Por ejemplo, título de propiedad, contrato de alquiler, entre otros instrumentos.
    2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: acceder a agua potable, cloacas, energía, así como a instalaciones para conservar alimentos y eliminar desechos. 
    3. Asequibilidad: poder abonar el costo de la vivienda (alquiler, expensas, entre otros) sin poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos.
    4. Habitabilidad: disponer de seguridad física, espacio suficiente, protección frente al clima, riesgos para la salud y peligros estructurales.
    5. Accesibilidad: considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos que habitan la vivienda (personas con alguna discapacidad, adultos mayores, entre otros).
    6. Ubicación: ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud y educación, instalaciones sociales y no estar ubicada en zonas contaminadas o próximas a fuentes de contaminación.
    7. Adecuación cultural: considerar y respetar la expresión de la identidad cultural de quienes la habitan.

 

Marco fundamental para el desarrollo

Vivir en una vivienda adecuada promueve el desarrollo de quienes viven en ella, así como también la equidad de oportunidades, lo que se traduce en una disminución de la desigualdad urbana. La evidencia muestra que una vivienda deficiente impacta en varios aspectos del desarrollo humano. En primer lugar, perjudica a la salud de las personas, tanto en forma individual como colectiva, ya que aumenta la exposición a enfermedades y, en consecuencia, empeora su calidad de vida. Situación que se agrava en los barrios informales debido al hacinamiento y la falta de servicios básicos, dos factores que, frente a la llegada del COVID-19, contribuyeron en gran medida a la propagación del virus. En segundo lugar, la educación también se ve comprometida, no solo porque los perjuicios en la salud pueden afectar la asistencia escolar, sino también porque vivir en espacios reducidos puede disminuir el desempeño académico. Por último, vivir en una vivienda que no sea adecuada en términos de ubicación puede obstaculizar el acceso a oportunidades de trabajo y amenidades (tanto públicas como privadas), factores que son clave para la movilidad socioeconómica.

 

¿Qué sabemos sobre el acceso a la vivienda adecuada en Argentina?

Pese a su relevancia, hoy desconocemos con precisión cuántas personas no acceden a una vivienda adecuada, debido a que Argentina no cuenta con las herramientas necesarias para medir el acceso a la vivienda, según los siete aspectos que plantea ONU-Habitat. El primer obstáculo es la falta de información actualizada: debido a la reprogramación obligada del Censo Nacional, hoy no hay datos habitacionales actualizados sobre la totalidad de hogares en el país. Tal como fue mencionado anteriormente, los datos más actualizados en la materia provienen de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 2021, aunque ésta solo releva la situación de una muestra de personas que habita en 31 aglomerados urbanos.

Otro obstáculo se vincula con el alcance de la información que se releva. El Censo Nacional y la EPH no contemplan todas las variables necesarias para poder dar cuenta de la situación habitacional. En concreto, falta información para poder evaluar holísticamente la disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura; la asequibilidad; la ubicación y la habitabilidad. Recién en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda se incluirá una pregunta que permitirá medir, de forma más completa, la seguridad en la tenencia de la vivienda.

El tercer obstáculo es metodológico. Hoy en día, Argentina no cuenta con una definición y una metodología oficial que permita calcular el déficit habitacional de manera holística, como sí ocurre en otros países. El déficit habitacional es una medida resumen que considera un conjunto de variables como, por ejemplo, la calidad de los materiales de construcción, acceso a servicios básicos, hacinamiento y allegamiento, entre otras. Mientras que el hacinamiento mide la cantidad de personas por dormitorio, el allegamiento considera la cantidad de hogares que habitan en una misma vivienda (entendiendo a “hogares” como las personas que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación, formando una unidad de consumo). Como resultado, se obtiene una estimación sobre cuántos hogares necesitan una ampliación o un mejoramiento de su vivienda (déficit habitacional cualitativo) y cuántos requieren una nueva por la precariedad de la actual (déficit habitacional cuantitativo).

Frente a la ausencia de una metodología a nivel nacional, tanto organizaciones como investigadores han elaborado documentos proponiendo posibles formas de diagnosticar el déficit habitacional (CELS, Garay, Marcos, Di Virgilio y Mera, entre otros). Por ejemplo, Marcos, Di Virgilio y Mera proponen una metodología que considera cuatro variables: allegamiento, dependencia económica de los hogares que viven en la vivienda, hacinamiento y calidad de la vivienda. La metodología establece que, según los valores que tomen las variables, los hogares serán clasificados como sin déficit, con déficit cuantitativo o cualitativo.

Los pocos datos disponibles sobre el acceso a la vivienda en Argentina alertan que las deficiencias habitacionales son profundas, pero no brindan información suficiente para entender qué hay que hacer y dónde. Elaborar un diagnóstico integral –mediante la ideación de una metodología, la incorporación de nuevas variables y la actualización de datos– no es una tarea sencilla, pero sí una necesidad urgente a nivel nacional. Solo a través de un diagnóstico robusto será posible diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que brinden una solución pertinente, integral y de largo plazo.

Autor


María Victoria Marco

Analista de Ciudades

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