Avanzar en reformas que puedan aportar transparencia es clave para lograr un Estado más inteligente. La ley para crear en Córdoba una Agencia Provincial de Evaluación es un camino para construir mejores políticas en la provincia.

Medir los impactos de la acción del Estado en la vida de las personas contribuye a mejorar las políticas públicas, a través de la discusión política. Aporta datos científicos para valorar los resultados y mejorar las intervenciones públicas.

Sin embargo, en la Argentina, la realización de evaluaciones de los resultados e impactos de políticas públicas depende de la voluntad de los funcionarios. Pocos son los planes y programas estratégicos que se analizan con rigor para entender si sus efectos son los deseados o en qué medida contribuyen a lograr los cambios sociales pensados.

Por otra parte, no existe una agencia u organismo estatal que regule la evaluación de políticas. En el Congreso nacional, se presentaron cinco proyectos de ley para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, pero ninguno tuvo tratamiento legislativo.

A nivel provincial, el panorama es heterogéneo en capacidades, marcos legales y culturas de evaluación. Algunas provincias adoptaron planes estratégicos de gobierno de mediano y largo plazo, una base para tornar viable la evaluación de resultados de las políticas públicas. Se trata de las de Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, San Luis y Santa Fe, así como la ciudad de Buenos Aires.

Otras desarrollaron capacidades en gestión por resultados, en muchos casos con apoyo de los organismos internacionales, otro paso necesario para un ejercicio sistemático de evaluación. Córdoba y Tucumán son buenos ejemplos.

Algunas provincias desarrollaron sistemas de monitoreo y evaluación para planes o programas puntuales, sobre todo en el sector social, como Santa Fe y Córdoba.

Sin embargo, sólo dos provincias tienen hoy proyectos de ley vinculados con la evaluación: Buenos Aires, aunque el proyecto del legislador Ricardo Lessalde, del Frente Renovador, perdió estado parlamentario, y Córdoba, donde la legisladora María Elisa Caffaratti, de la UCR, presentó en octubre un proyecto para la creación de una Agencia Provincial de Evaluación.

Condiciones

Una medida como la propuesta requiere buenos procesos de gestión pública, buena planificación de programas, planes y proyectos (evaluabilidad), presupuestación de calidad, sistemas de información e incentivos para la realización de evaluaciones que hagan fértil el terreno.

Además, se debe contar con el respaldo de todo el arco político y la participación social, dentro de los marcos para el uso y acceso a la información pública.

A partir de los consensos y disensos de un proceso de diálogo, el diseño institucional de un organismo evaluador de políticas públicas contará con el apoyo de todos los actores locales.

En este sentido, se destaca el caso de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, que está co-creando un organismo específico de monitoreo y evaluación de políticas públicas a nivel municipal.

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), proponemos que las provincias y municipios avancen en la construcción participativa de instituciones capaces de analizar la acción del Estado, para comprender mejor qué funciona en términos de políticas, tomar mejores decisiones y aumentar la difusión de los resultados de planes y programas.

En síntesis, se trata de considerar a la evaluación como una función estratégica para un Estado más inteligente y transparente.