Un sistema de cupos ayudaría a alcanzar una mayor integración de mujeres en los cargos directivos de los ministerios

Amplia ponderación en la base y muy baja en la cúpula. Esta es la imagen que representa la participación femenina en casi todos los segmentos de la actividad pública de Argentina, y Córdoba no es la excepción. En las esferas política, empresaria, gremial, profesional y educativa, las mujeres ocupan menos puestos donde se toman decisiones.

Aunque hace décadas que participan del mercado laboral, todavía persisten trabas que impiden un acceso más amplio, relacionadas con el rol tradicional que reservaba el ámbito doméstico para la mujer y el público para el varón. Las primeras dedican casi el doble de horas a las tareas domésticas y de cuidado que los segundos (6,4 frente a 3,4 horas) y esto explica la menor cantidad de horas trabajadas, la baja participación laboral y los inconvenientes para subir en las escalas jerárquicas por la dificultad de conciliar la vida familiar con la profesional.

La brecha no se cierra sola

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) señala que, a nivel nacional, sólo el 22 por ciento de los cargos principales está ocupado por mujeres. En la provincia, los 12 ministros son varones y, de las cuatro secretarías de Estado, tres las ocupan mujeres; en la Unicameral, el 38,6 por ciento son legisladoras pese a que rige la ley de paridad en las listas. En tanto, en la Municipalidad de Córdoba hay sólo tres mujeres entre 22 cargos ejecutivos. En la democracia nunca hubo una intendenta en la ciudad y sólo hubo una vicegobernadora.

La situación se replica en el sector sindical, donde las secretarias generales y adjuntas de los gremios de Córdoba se cuentan con los dedos de una mano. “Hay leyes de cupo, pero los puestos se cubren con cargos de vocales, suplentes, delegados. Las conducciones en entidades de segundo grado y en las cuatro centrales sindicales del país son casi todas masculinas”, señala Ilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba.

En el país, datos del Ministerio de Trabajo indican que el 81 por ciento de los cargos directivos sindicales son ocupados por varones. Un relevamiento de gremios de 26 sectores muestra sólo dos con un 40 por ciento de participación, cinco son mujeres y, el resto, con menos del 30 por ciento.

En el sector empresario, la relación no es mejor. En un relevamiento entre las entidades más importantes de la provincia, la preponderancia masculina es muy grande entre las autoridades, los vocales y los revisores de cuentas: hay algunas (como la Bolsa de Comercio o la Cámara de la Construcción) que no tienen presencia femenina, mientras que en otras hay menos de tres (Cámara de Comercio, Cluster Córdoba Technology, Bolsa de Cereales, Federación Comercial, Comercio Exterior). En la Unión Industrial hay ocho en un total de 70 cargos y solo una en comisión directiva.

“Es notable la ausencia de mujeres en las discusiones paritarias, incluso desde las empresas, y eso genera un retraso en muchas discusiones. Hay cuestiones que hacen a la equidad, como las instituciones de cuidado, las condiciones laborales o las licencias que no se discuten en la mesa de negociación”, remarca Bustos.

“Cuando la mujer entra en la política, se empiezan a tratar temas que nunca se habían tocado, como la salud o el cuidado femeninos, por ejemplo”, señalaba Paula Narváez, asesora de ONU Mujeres, en una disertación organizada por el programa Lideresas en Córdoba. La exministra chilena hace foco en las leyes de cupo y paridad para lograr avances en la participación de mujeres. “Incorporar un sistema de cupos o de cuotas ayudaría a alcanzar el equilibrio de género y una mayor integración de mujeres en los cuerpos directivos de todos los ministerios”, opina Lucía Aruanno, del programa de Gestión Pública de Cippec.

En sectores con normas de cupo es donde hay mayores avances. Además de los cuerpos legislativos, un ejemplo es el de las entidades profesionales. De los 30 colegios que hay en Córdoba, el 51,3 por ciento de los puestos de las comisiones directivas son femeninos (frente a una matrícula con el 60 por ciento de mujeres), aunque hay sólo ocho presidentas, según la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc).

Liliana Barbero, presidenta de la entidad, sostiene que la ley de paridad es la que permite la mejor representación, pero remarca que las profesionales también tienen diferencias en sueldos (36 por ciento menos en jefaturas) y sostiene que hace falta un Estado que colabore con instituciones de cuidado y licencias que ayuden a romper la lógica de la mujer cuidadora.

El ámbito universitario es quizá el menos desigual, con ocho decanas sobre 15 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), aunque Analía Barrionuevo, responsable del programa de género de la UNC, advierte que no es tanto un problema cuantitativo sino cualitativo. “Los varones siempre son mayoría en puestos jerárquicos, aún en facultades que son mayoría mujeres. En la UNC, sólo hubo una rectora en 400 años”, dice.

Entre 149 naciones, mal en política y economía, bien en salud y educación

El acceso de las mujeres argentinas a la salud y a la educación es similar al de sus conciudadanos varones; sin embargo, en participación económica y política la diferencia sigue siendo muy dispar.
Según el Reporte Global de Brecha de Género 2018, que elabora el Foro Económico Mundial (Davos) desde 2006, en Argentina la distancia a la paridad es de 26,7 por ciento en el indicador general que agrupa cuatro variables: participación y oportunidad económica, logro educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político.

El país se ubica en el puesto 36 de un ranking de 149 naciones relevadas, por encima del promedio general de 32 por ciento y con un avance de cinco puntos en 112 años, pero con grandes diferencias entre los subindicadores.

En cuestiones de salud, Argentina comparte el primer lugar con otros 40 países y tiene una brecha de dos por ciento, sin cambios desde 2006. En educación, mejoró levemente el indicador (hay casi paridad) pero se ubica en el puesto 63. Con la particularidad de que el acceso al nivel secundario y terciario (sobre todo a este último) es mejor para las mujeres que para los varones, y sólo se invierte en el primario.

Por el contrario, el escenario argentino en el contexto internacional empeoró en las variables que miden la situación laboral y económica durante este período. La distancia a la paridad es casi del 40 por ciento y, si bien es menor al 45 por ciento de hace 12 años, está 114° en el ranking.
Entre los indicadores de este rubro, la brecha entre mujeres y varones es de 31 por ciento en participación en el mercado laboral, de 47 en salarios por igual tarea, de la mitad en el ingreso per cápita y de 55 por ciento en puestos gerenciales; y sólo está cerrada en la cantidad de trabajadores técnicos y profesionales.

La participación política es, en Argentina, el indicador más desigual. Con una distancia de 65 por ciento, se ubica en el puesto 23, y por encima del promedio de 78 por ciento. El mejor indicador es el de mujeres en el parlamento (36 por ciento de brecha frente al 72 global), pero el de posiciones ministeriales (79 por ciento) y el de años de presidentas en 50 años (76) son apenas superiores al mundial.

Una relación para nada proporcional

Muchas en las bases y muy pocas en las cúspides.

8 entre 30 son los colegios profesionales cordobeses presididos por mujeres. Esto, pese a que la matrícula es femenina en un 60 por ciento.
81% de los cargos directivos de organizaciones sindicales son ocupados por hombres. En el sector empresario, la relación no es mejor.
88,2% más. Las mujeres dedican casi el doble de horas que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado (6,4 frente a 3,4 horas).
67% de egresadas

Dos de cada tres títulos de la UNC son para mujeres.

Es un porcentaje mayor a la cantidad de estudiantes (63%). En los colegios profesionales de Córdoba, el 60% de la matrícula es femenina: aunque tienen peores condiciones laborales que los varones, la desigualdad es menor que en la población con menos educación.

Autor


Lucía Aruanno

Analista de Gestión Pública

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