Este informe vincula las metas de financiamiento y las metas educativas como anticipo para un monitoreo del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo: presenta conclusiones tanto para el escenario nacional como para cada una de las jurisdicciones; favorece el planeamiento de la implementación de las metas educativas, a partir de un conocimiento más aproximado de sus costos; e intenta impulsar un debate abierto acerca de los recursos que se necesitan para garantizar el derecho integral a la educación.