El Congreso nacional acaba de sancionar una ley de paridad electoral que exige que se intercalen personas de ambos sexos en las listas de candidatos a cargos legislativos nacionales y que en los partidos las listas tengan un 50% de representantes de cada sexo. Esto implica incorporar estándares internacionales de avanzada y renovar el compromiso con el principio constitucional de la igualdad real. Pero también es reconocer que, después de 25 años de aplicación de la Ley de Cupo Femenino, persisten barreras que frenan el pleno desarrollo del talento y potencial político de las mujeres.

Existen techos de cristal. Desde la década de 1990 aumentó la presencia de las mujeres en el Congreso, pero el porcentaje de legisladoras nacionales permanece estancado cerca de la cuota mínima del 30%. La Argentina descendió posiciones en el ranking internacional de mujeres en el Congreso y así dejó de estar a la vanguardia en la materia.

Fuera de las cámaras legislativas, la participación de las mujeres es aún menor. El acceso a cargos ejecutivos que implican poder de decisión y manejo de los recursos públicos es muy limitado. En 2016, solo 14% de los ministros y secretarios de Estado nacionales y 10% de los intendentes del país eran mujeres. Según un estudio de CIPPEC, las mujeres tienen mayor probabilidad de gobernar los municipios bonaerenses con peores indicadores socioeconómicos y menos presupuesto per cápita.

Las mujeres también están segregadas en la división del trabajo legislativo y político: tienden a integrar las comisiones y los ministerios de áreas sociales (educación, protección social, salud) pero continúan subrepresentadas en los ámbitos donde se toman las decisiones de política económica y asignación de los recursos públicos.

En la Argentina, el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos y por lo tanto, tienen un rol crucial en las trayectorias políticas. Pero aunque la mitad de los afiliados son mujeres, ellas tienen poca participación en los órganos directivos de las agrupaciones. También están subrepresentadas entre los apoderados de los partidos, que juegan un rol importante en la inscripción de las listas de candidatos. Además, al definir las candidaturas, los partidos cumplen la cuota de forma “minimalista” y suelen ubicar a los varones en las mejores posiciones de las listas. En 2017, un 28% de las listas de diputados nacionales fueron encabezadas por mujeres.

La mayor carga de tareas domésticas y de cuidado que asumen las mujeres también condiciona sus oportunidades en política al igual que en el mercado de trabajo. En el Congreso nacional son muchas más las legisladoras solteras que los solteros y hay más legisladores con hijos que legisladoras madres. La ley de paridad electoral muestra que el país quiere la igualdad de los géneros en los espacios donde se toman las decisiones colectivas. Pero la experiencia local y regional indica que, como en el mercado de trabajo, no habrá igualdad real en la política mientras las responsabilidades familiares no sean compartidas equitativamente entre hombres y mujeres. Hasta entonces, las mujeres que logren hacer carreras políticas seguirán siendo excepcionales, por su talento, compromiso o sacrificio