Una mayor equidad entre mujeres y varones es prioritario para garantizar los derechos de las personas, contribuir a aprovechar la ventana de oportunidad demográfica, reducir la pobreza y promover un mayor crecimiento y desarrollo económico.
En la Argentina, 58 de cada 100 mujeres participan del mercado laboral. En el caso de los varones este número llega a 80. La mitad de las mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, comparado a uno de cada cuatro varones. Aquellas que logran conseguir un empleo tienen mayores probabilidades de desempeñarse de manera informal, recibir remuneraciones más bajas, participar en sectores menos dinámicos, o incluso de transitar a la inactividad o caer en el desempleo.
Aunque su participación laboral creció con fuerza durante la última mitad de siglo, su carga de trabajo no remunerado –en tareas domésticas al interior de los hogares o de cuidado de otras personas- no disminuyó y no aumentaron sus oportunidades certeras de trabajo decente. En otras palabras, hoy, las mujeres todavía enfrentan más obstáculos para ingresar y desempeñarse en el mercado laboral que los varones y, al menos en parte, esto se debe a que siguen dedicándose en mayor medida al trabajo de doméstico y de cuidado no remunerado.
Estas diferencias en el acceso y las condiciones de trabajo tienen una íntima relación con las condiciones de vida. La tasa de pobreza es mayor entre las mujeres en edad reproductiva que entre los varones. La situación se agudiza cuantos más niños vivan en el hogar y más jóvenes sean, revelando una clara correlación entre la feminización y la infantilización de la pobreza. Por ejemplo, los hogares que se encuentran en situación de pobreza crónica tienen más probabilidades de ser liderados por una mujer que no puede ocuparse debido a las responsabilidades que surgen de que esos hogares también tienen más niños/as.
Hoy, la agenda de género se centra principalmente en temas de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Atender estas cuestiones es fundamental pero no es suficiente para garantizar la equidad. Abordar las brechas de género en el mercado de trabajo es un imperativo ético, normativo, social y económico impostergable. La equidad económica de género es esencial para garantizar los derechos de las mujeres y también para el desarrollo del país: la literatura muestra una clara correlación positiva con el crecimiento económico, el desarrollo de capital humano, la productividad y la reducción de la pobreza.
En el contexto actual de elevada pobreza, vulnerabilidad social y contracción económica, cerrar las brechas de género se vuelve una necesidad aún más acuciante: una mayor y mejor participación laboral femenina es esencial para aprovechar el “bono de género”, que puede aumentar los ingresos de los hogares, reducir la pobreza y propiciar el desarrollo.
La respuesta del Estado a estos problemas es atomizada y limitada. Diversos sectores (producción, trabajo, desarrollo social, y educación, entre otros), niveles (nación, provincia y municipios) y poderes (ejecutivo y legislativo, principalmente) intervienen de forma desarticulada. Además, la oferta es limitada en su cobertura y su impacto no se evalúa.
La existencia de normas sociales y estereotipos de género asociados a la maternidad, las responsabilidades de cuidado y las habilidades de varones y mujeres crean barreras a la participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo. Algunas líneas de acción pueden contribuir a jerarquizar la autonomía económica de las mujeres en la agenda pública y favorecer la equidad de género.
En primer lugar, el principal determinante de la brecha económica de género es el trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres. Para diseñar políticas sensatas, que reconozcan el valor económico y social del trabajo no remunerado, es fundamental contar con un diagnóstico acabado de la situación laboral de las mujeres. Para eso es crucial realizar periódicamente una Encuesta de Uso del Tiempo – que indague sobre el tiempo destinado por las personas a distintas actividades, como la participación laboral, el trabajo doméstico y el ocio, – y dotar de perspectiva de género a otros instrumentos estadísticos.
Para promover la participación laboral de las mujeres, las políticas vinculadas a la infancia pueden ser un primer paso. Por un lado, ampliar la oferta de espacios de Crianza, Enseñanza y Cuidado (CEC) puede ser clave: una mayor y mejor oferta de espacios para la primera infancia deja más tiempo a las mujeres para su inserción laboral. Por otro lado, extender la jornada educativa – y hacerla compatible con la jornada laboral – permitiría una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Para esto, es fundamental promover la construcción de nuevas escuelas y la reorganización de los sistemas educativos provinciales para alcanzar, al menos, una cobertura de 30% de las escuelas públicas con jornada extendida: cumplir con esta meta crearía casi 200.000 empleos para mujeres y contribuiría al PBI.
Adecuar los servicios de empleo y de formación profesional también es necesaria para promover la inclusión laboral femenina. La red de servicios de empleo territorial del Ministerio de Producción y Trabajo y la formación profesional que brinda deberían basarse en diagnósticos rigurosos de demanda de empleo local y regional. Además, esta oferta debería diseñarse desde una perspectiva de género y articular con los espacios CEC para permitir el acceso de las mujeres inactivas o subempleadas por las tareas de cuidado que realizan.
Las mujeres insertas en el mercado laboral también encuentran obstáculos para alcanzar un trabajo decente: están sobrerrepresentadas en la economía informal y esto perjudica sus condiciones laborales y su acceso a la protección social. El sector del empleo doméstico presenta un desafío especialmente relevante: casi la totalidad del empleo es femenino y no está registrado. Fortalecer los incentivos para el empleo formal de las mujeres – con foco en empleo doméstico- requiere complementar el avance en las reformas legales con procedimientos para fomentar el registro y la fiscalización. Además, realizar campañas de sensibilización que resalten el valor y los derechos del trabajo doméstico, y difundan información pertinente para facilitar el registro y brindar asesoría legal a las trabajadoras es esencial para promover la formalización.
La alta tasa de informalidad de las mujeres también repercute sobre su acceso al régimen de licencias: solo una de cada dos accede a una licencia por nacimiento o adopción de un hijo. Incorporar a los monotributistas y autónomos en las licencias formales y avanzar en un sistema que alcance a todas las familias (incluyendo a las que se desempeñan en la informalidad) es un camino que contribuye a que las madres no deban optar entre su participación laboral y el trabajo de cuidado. Un esquema de ampliación gradual a largo plazo, que contemple 98 días para la persona gestante, 98 días para la persona no gestante y 60 días de licencia familiar que pueda ser compartida entre ambos, es un cambio viable en el contexto argentino.
Las mujeres también tienen una participación limitada en los sectores más dinámicos de la economía. Para lograr su inclusión, se pueden establecer metas de género en los programas de capacitación y formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, así como la creación de becas específicas para mujeres en estas carreras. También es fundamental implementar instancias de sensibilización en organizaciones y fomentar procesos de contratación y promoción libres de sesgos, que promuevan procesos de selección con CV sin identificación. Todo lo anterior supone derogar las prohibiciones legales que restringen la participación femenina en ciertas actividades, como la carga o descarga de navíos, grúas, maquinistas, maquinarias, o en el expendido de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas (arts. 10 y 11 de la Ley 11.317, sancionada en 1924).
La equidad económica de género es un imperativo ético y estratégico para el desarrollo del país: contribuye al goce de los derechos de las mujeres a la vez que brinda retornos económicos. La implementación se estas políticas no atañe a un único actor: se requiere lograr consensos entre el Estado, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil que contribuyan para lograr avanzar en los derechos de las mujeres. Promover la igualdad de oportunidades entre los géneros es un paso indispensable para convertirnos la Argentina que queremos.