Publicado en septiembre de 2021

Parte de la expectativa del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015 estuvo centrada en las decisiones que tomaría la nueva administración sobre el sector público. Luego de haber experimentado, como veremos, varios años de crecimiento en su estructura, el Estado volvía a estar bajo la lupa.

A lo largo de este documento analizaremos los cambios y continuidades experimentados por el Sector Público Nacional entre 2015 y 2016. Bajo diferentes perspectivas –estructura organizacional del aparato estatal, empresas públicas, empleo público, alta dirección pública, género, y presupuesto– analizaremos cómo se transformó el Estado con el cambio de gobierno.

GPS del Estado, el monitor del Estado desarrollado por CIPPEC y ASAP, encontró las siguientes particularidades en esta transición:

• La estructura del sector público nacional creció, especialmente a nivel de la administración centralizada con su consecuente expansión de cargos políticos.
• Se mantuvieron las estructuras de organismos descentralizados, hubo un leve ascenso en cantidad de empresas estatales y se incrementaron los fondos fiduciarios.
• Después de 8 años de crecimiento a una tasa promedio del 4% anual (aproximadamente 20 mil nuevos puestos por año), el empleo público nacional detuvo su crecimiento y se contrajo levemente (-0,4%) . Sin embargo, en provincias y municipios el empleo público continúa la marcha ascendente registrada en los últimos años.
• En 2016 continuó la tendencia de nombrar miembros de la Alta Dirección Pública bajo el formato de “asignación transitoria de funciones superiores”, exceptuando a los designados de someterse a los procesos de concurso y por ende de los requisitos formales para acceder a estos cargos.
• Se produjo un descenso en la designación de mujeres en cargos ministeriales y de alta dirección pública y un leve ascenso en su designación a cargo de secretarías y subsecretarías, conservando una tendencia de segregación horizontal que refuerza su presencia en áreas feminizadas del Poder Ejecutivo.

Publicado en agosto de 2021

En el contexto dinámico y desafiante de la pandemia por COVID-19, contar con información de calidad y permanentemente actualizada sobre las principales variables sanitarias, sociales y económicas fue y es crítico para impulsar decisiones de políticas públicas que beneficien al conjunto de nuestras sociedades.

Este documento presenta una posible aproximación a la medición del riesgo que enfrentan los distintos aglomerados urbanos de Argentina al abordar la gestión de la pandemia por COVID-19, a partir de la herramienta Integrated Risk Response (IRR, por sus siglas en inglés). Este instrumento, desarrollado por la organización Imperativo del Progreso Social (Social Progress Imperative), es un índice que reúne indicadores económicos, sociales, de salud y de interacciones sociales (a partir de la movilidad). Brinda, de esta forma, una mirada multidimensional sobre el riesgo de los distintos territorios y posibilita detectar interacciones y dinámicas entre los diversos aspectos de la vida de las personas.

El IRR podría ayudar en el proceso de toma de decisiones, contribuyendo a identificar focos de mayor riesgo y facilitando la identificación de soluciones específicas. De hecho, en Costa Rica la herramienta está siendo utilizada por los gobiernos nacionales y municipales con esos fines. Este ejercicio busca mirar la situación argentina a la luz de este índice. Sus resultados indican que hay una heterogeneidad en las situaciones de cada zona, y que esta va más allá de las diferencias en la cantidad de casos. Muestra que en zonas con un riesgo bajo, definido en relación a la incidencia de casos, puede ser potencialmente peligroso relajar ciertas medidas, dado el riesgo alto que existe en relación a otros factores relacionados.

Concluimos que, por un lado, tener una mirada amplia sobre una multiplicidad de dimensiones permite un diagnóstico más integral de los problemas, como así también detectar interacciones y dinámicas relevantes entre los diversos aspectos de la vida de las personas. Por otro lado, el índice nos posibilita tener una mirada particular de lo que pasa en cada lugar del país, vislumbrando las particularidades en cada uno de ellos. Sin embargo, para que esta herramienta sirva para la gestión, aún quedan desafíos pendientes: la herramienta debería ser actualizada frecuentemente y, para ello, queda espacio para mejorar la calidad de la información disponible y los sistemas de información.

Publicado en agosto de 2021

La educación híbrida implementada durante la pandemia podría definirse como una idea en construcción, dado lo inédito del escenario en el que se instala, la escala en que es posible pensar su organización y la diversidad de formatos que puede asumir. A diferencia de lo que podría pensarse en una primera aproximación, el modelo híbrido no responde a una lógica binaria de distribución de actividades de enseñanza y aprendizaje a realizarse en el aula o de manera remota, sino que tiene como objetivo ensamblar y articular en una experiencia unificada propuestas que tienen lugar en la presencialidad y en la virtualidad.

Para que los formatos híbridos contribuyan realmente a la transformación del sistema educativo, deben contar con una serie de características. En primer lugar, es necesario que se integren en un modelo pedagógico que aliente la autonomía de los estudiantes, promueva el aprendizaje en profundidad y abrace la cultura digital. En segundo lugar, exigen la redefinición de las formas de trabajo y las tareas docentes, favoreciendo la construcción colectiva y horizontal. En tercer lugar, alientan el desarrollo de formas alternativas y flexibles de agrupar a los y las estudiantes (fija, aleatoria, por intereses o por desempeño) a fin de personalizar la enseñanza y acompañar mejor las trayectorias escolares.

Los escenarios híbridos ofrecen una gran diversidad de opciones como el modelo simultáneo, el alterno, el modelo adaptado a las necesidades de los estudiantes, o incluso un modelo basado en la actividad y los contenidos de la enseñanza. Estas alternativas pueden, además, articularse entre sí para dotar a la hibridación de mayor flexibilidad en función de la diversidad de contextos.

Integrar los modelos híbridos en el sistema educativo requiere asegurar el acceso a equipamiento y conectividad de calidad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico preciso de las dificultades que atraviesan tanto los y las estudiantes y docentes como las instituciones, y formular políticas adecuadas para enfrentar la situación en cada jurisdicción. Además, teniendo en cuenta la enorme diversidad de contextos en los que transcurre la enseñanza, su implementación demanda una adaptación compleja del trabajo escolar que reconozca las condiciones de cada institución, sus directivos, docentes, estudiantes y familias. Para avanzar en esta integración, las cuatro dimensiones claves del trabajo institucional son: la planificación anticipada, la coordinación institucional, el impulso a la experimentación didáctica y la evaluación permanente.

La hibridación presencial/virtual demanda también de las políticas una fuerte apuesta por el diseño de proyectos educativos y contenidos de alta calidad que potencien el trabajo docente para poder expandir la enseñanza remota y poder hacer un seguimiento de la actividad escolar fuera del aula. Este nuevo escenario exige, asimismo, avanzar en la construcción de espacios de formación docente que aborden las particularidades de la enseñanza a distancia, el trabajo en las plataformas educativas y la planificación de propuestas que se desplieguen de manera simultánea en la presencialidad y en la virtualidad.

Publicado en agosto de 2021

Reducir la pobreza es un requisito indispensable para garantizar los derechos humanos a todas las personas. En Argentina, su alta incidencia es una de las principales deudas pendientes que se vio agravada en los últimos años, y en particular a partir de la crisis provocada por el COVID-19. Dado su carácter multicausal es necesario, para poder elaborar e implementar una estrategia exitosa para su reducción, partir de un diagnóstico acabado de los determinantes de la pobreza. Un primer paso en este camino es reconocer que la pobreza no se distribuye uniformemente en el territorio, ni afecta a todas las regiones con la misma intensidad. A partir de ese diagnóstico, se identifica que Concordia, en Entre Ríos, se ve particularmente afectada, con tasas de pobreza que superan hace años el promedio nacional y provincial.

Concordia cuenta con niveles de pobreza elevados, que alcanzan alrededor de la mitad de su población. Los hogares en situación de pobreza perciben vulneraciones en distintas dimensiones que se refuerzan entre sí; es notorio que la pobreza se concentra en hogares con niños/as y adolescentes, situación que se vincula con mayores obstáculos para conciliar la vida reproductiva con la productiva, sobre todo en las mujeres. Además, en estos hogares se evidencian grandes desafíos para la terminalidad del nivel secundario y la inserción laboral en puestos formales y bien remunerados. También, en los hogares en situación de pobreza, existen grandes déficits en el acceso a servicios de infraestructura, como la red de gas o servicios informáticos.

Estos desafíos se encuentran íntimamente relacionados con la estructura productiva de la región: en los últimos años, las tres actividades con mayor participación en el PBG de la Provincia (comercio, agricultura e industria manufacturera) han tenido un peor desempeño respecto al promedio provincial. Además de estas dificultades, Concordia se caracteriza por tener niveles elevados de trabajo asalariado informal y/o por cuenta propia en relación al promedio nacional y del Gran Paraná. Esto probablemente se vincula con su menor proporción de empleo público y de aquellas actividades ligadas a este.

Los sectores productivos donde se inserta laboralmente una proporción significativa de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad de Concordia presentan desafíos importantes. Esta nota se enfoca en sectores de actividad seleccionados por su vinculación con la economía social y popular incluyendo a la recolección y recuperación de materiales, la construcción, la producción de indumentaria, el comercio, la agricultura y actividades primarias y las tareas de cuidados y servicios comunitarios. En la mayoría de estos sectores prima un bajo nivel educativo, bajas remuneraciones y altos niveles de trabajo asalariado informal y/o por cuenta propia. El análisis detallado brinda herramientas para formular políticas públicas que apunten a mejorar sus condiciones de empleo. Esto incluye, estudiar mecanismos para que los sectores ganen escala, accedan a cadenas de comercialización, se vinculen con actividades más dinámicas y avancen con la paulatina formalización de sus actividades teniendo en cuenta las especificidades que los caracterizan.

Finalmente, el diagnóstico de la oferta y demanda laboral en Concordia permite comenzar a identificar ejes centrales para abordar los problemas estructurales que refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza. En primer lugar, resulta relevante considerar con atención a las políticas de cuidado y aquellas orientadas a los/as niños/as y a los/as jóvenes. Por otro lado, es menester abordar los desafíos por la ausencia de generación de empleo de calidad en Concordia, apuntando a mejorar la productividad de la economía local y las condiciones de empleo en sus sectores más rezagados que, por lo general, emplean a trabajadores/as menos calificados. En este sentido, el diálogo y la generación de consensos con referentes de distintos niveles de gobierno y de diversos sectores de la sociedad puede sentar las bases para formular una estrategia de desarrollo local en el mediano y largo plazo que incorpore en sus objetivos a la inclusión social.