Misma crisis, ¿mismos efectos? La pandemia y el mercado de trabajo en asentamientos informales

Publicado en julio de 2021

La pandemia del COVID-19 se inició como una crisis sanitaria, pero rápidamente se transformó en un desafío de naturaleza social, laboral, educativa y económica. Como muestran estudios realizados en crisis anteriores, los efectos de esta pandemia no son homogéneos a lo largo de los distintos sectores sociales (Busso y Messina, 2020; Furceri et al., 2020). Las familias con menores recursos económicos no sólo son las más afectadas en el corto plazo, sino que también es esperable que sean las que más tarden en recuperarse de las consecuencias que deje las crisis (Busso y Messina 2020). En este sentido, este estudio propone mirar de cerca los cambios que se están produciendo en sectores sociales que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad a partir de analizar el caso del Barrio Mugica (Barrio 31). Se espera que este análisis permita mejorar la identificación de las necesidades de esta población y el diseño de las políticas públicas de respuesta a la crisis. Este estudio es de carácter descriptivo y utiliza datos de panel de 750 hogares del Barrio, para los cuales tenemos información de 2018/9 y 2020.

Del análisis se desprenden tres grandes tendencias. En primer lugar, la tasa de empleo en el Barrio cayó 17 puntos entre 2018-2019 y noviembre 2020, mientras que la EPH muestra que en el AMBA la caída interanual fue de 10 puntos. Los mayores efectos de la crisis en el Barrio Mugica seguramente estén vinculados no sólo a la distribución sectorial del empleo, sino fundamentalmente a la mayor exposición a la informalidad laboral que tenían estas familias antes del shock económico. En segundo lugar, esta crisis generó un paso masivo a la inactividad laboral. Si bien las mujeres siguen siendo aquellas con mayores tasas de inactividad, se observa, comparando los datos de hace dos años con los actuales, que los hombres que pierden su empleo suelen salir del mercado de trabajo. En tercer lugar, la pérdida de puestos de trabajo afectó la principal fuente de ingresos que tenían las familias dejando al 70% de los hogares con ingresos menores a los que tenían antes del inicio de la crisis. Aun cuando la totalidad de las familias recibió algún tipo de programa social, este flujo de ingresos no logró compensar las pérdidas salariales. Estos recortes en los ingresos también dejaron a las familias más expuestas a la inseguridad alimentaria, con un incremento de 25 puntos porcentuales en la tasa de familias que asisten a comedores o merenderos en el barrio respecto a 2018/2019.

Estas tendencias ponen de relieve al menos 5 desafíos para pensar las políticas de recuperación social y económica de esta crisis. El primer desafío es cómo proteger a las familias durante el shock, es necesario implementar una solución de corto plazo para atender a estas familias que han perdido sus empleos y no tienen ahorros de los cuales valerse. El segundo desafío es cómo pensar la reapertura económica para facilitar el proceso de reincorporación de los trabajadores que se encuentran ahora en la inactividad. Para ello será necesario reabrir en el corto plazo, y de manera sostenible, los centros de primera infancia y escuelas. Además, será importante desarrollar incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. El tercer desafío es cómo generar habilidades para el trabajo que les permitan a estas familias acceder a empleos de mayor calidad en el futuro. Esta crisis es quizás la oportunidad para pensar programas más ambiciosos de generación y fortalecimiento de habilidades para el trabajo. El cuarto desafío es cómo cerrar las brechas digitales en un mundo cruzado por la virtualidad: los datos del Barrio Mugica muestran indicadores de acceso a computadoras e internet en el hogar que están por debajo de la media para el AMBA. Para pensar en el futuro del trabajo, se requiere mejorar el acceso y la calidad de conexión a internet de estas familias, dado que esto les permitiría acceder a materiales educativos, información y capacitaciones, pero adicionalmente sería una oportunidad para avanzar en la digitalización de los emprendimientos productivos existentes (Azuara et al. 2020). El quinto y último desafío es cómo mejorar la coordinación de políticas para gestionar la salida de la crisis. Esto implica una serie de desafíos: de coordinación al interior del ejecutivo y entre los distintos niveles de gobierno, de articulación con el sector privado y de intermediación laboral con las personas que viven en condiciones mayor vulnerabilidad social y suelen estar menos conectadas con el mercado de trabajo formal.

Informar y explicar, siempre

Publicado en junio de 2021

Este informe se enmarca en la iniciativa de “Monitoreo de la rendición de cuentas en Argentina” del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC. Con el objetivo de contribuir a la calidad de la rendición de cuentas, se realiza un seguimiento de los Informes de Gestión del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso de la Nación analizando su cumplimiento y calidad.

Ciudades más verdes. La importancia de los espacios públicos en los barrios informales.

Publicado en junio de 2021

Las estimaciones muestran que más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y más del 70% lo hará en 30 años, con una proyección de más del 90% para las regiones menos desarrolladas (ONU, 2018). Actualmente, alrededor de mil millones de personas vive en asentamientos informales (ONU, 2016) en tierras altamente expuestas a los efectos del cambio climático. Esto se debe en parte a la falta de infraestructura para prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra, y para mitigar el impacto de fuertes tormentas y olas de calor.

Según la OMS y ONU Hábitat, los espacios públicos verdes en las ciudades, ni son suficientes, ni están distribuidos de manera equitativa. Los barrios informales tienden a proporcionar una cantidad de espacio público verde muy por debajo de la cantidad recomendada.

Los espacios públicos y la infraestructura verde tienen el potencial de mejorar la calidad de vida urbana y producir beneficios sustanciales para los habitantes urbanos desde el punto de vista ambiental, social y económico (Mell, 2019). Además, son cada vez más relevantes en la lucha contra el cambio climático y sus impactos.

En este contexto, los espacios públicos de calidad y los elementos de infraestructura verde deben formar una parte esencial de las políticas públicas para desarrollar la resiliencia urbana en los asentamientos urbanos más vulnerables. El entorno construido no solo debe ser resistente, sino también desarrollar resiliencia, y los espacios públicos verdes son una excelente manera de lograrlo, ya que reducen la temperatura ambiente a través de la transpiración por evaporación, brindan sombra fresca, fijan CO2 y retienen el agua de lluvia, entre otros beneficios.

Los gobiernos de las ciudades de los países del Sur Global están trabajando para mejorar los barrios informales. Sin embargo, los programas de mejoramiento rara vez integran propuestas de resiliencia climática, incluso cuando existe superposición entre los objetivos de ambas iniciativas en contextos urbanos vulnerables. La inversión actual en integración urbana es una oportunidad para incluir infraestructura verde en la agenda de las ciudades.

 

Artículos asociados

Infraestructura verde: una oportunidad para atender el cambio climático en barrios informales desde las políticas públicas.

Educar en tiempos de pandemia. Un nuevo impulso para la transformación digital del sistema educativo en la Argentina.

Publicado en junio de 2021

La incorporación de tecnologías digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene un enorme potencial para ampliar las oportunidades de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desplieguen trayectorias escolares completas, extensas y densas en aprendizajes. Estas trayectorias son las que les permitirán aprender en forma autónoma a lo largo de la vida, participar activamente de la sociedad y llevar adelante una vida provechosa para sí mismos y para el conjunto social.

Desde mediados de 2020, el proceso de incorporación de tecnologías digitales al sistema educativo se aceleró. Las medidas para la contención de la circulación del COVID-19 descalabraron el régimen de presencialidad que sostuvo al sistema educativo desde su fundación. En un contexto de reducción de las clases presenciales, el sistema educativo migró masivamente al espacio digital e impulsó respuestas digitales de emergencia para sostener la continuidad pedagógica. Desde entonces, las políticas educativas digitales, en marcha desde hacía más de dos décadas, recibieron un impulso insospechado.

Las respuestas digitales de emergencia de las autoridades educativas nacionales y subnacionales se concentraron en cuatro focos de intervención: se amplió la infraestructura digital a través de la distribución de equipamiento y soluciones de conectividad; se facilitó el acceso a recursos digitales a través de los repositorios de contenidos y plataformas de gestión de aprendizajes; se intensificó la oferta de formación para el desarrollo de habilidades digitales de los y las docentes; y se digitalizaron procesos de gestión del sistema.

Sin embargo, el abanico de respuestas digitales de emergencia fue insuficiente para completar la transformación digital del sistema educativo. Es necesario impulsar acciones para que converjan en una política digital sistémica. Esto implica ampliar el alcance de estas respuestas y superar su fragmentación actual. La universalización del acceso a tecnologías y conectividad de calidad, empezando por los grupos de mayor vulnerabilidad, es en este sentido una prioridad. Además, necesario sostener una mirada integral centrada en el uso pedagógico de las tecnologías, que guíe tanto al desarrollo de plataformas de contenidos y gestión de aprendizajes como al diseño de programas de formación docente continua.

Para facilitar la coordinación entre esfuerzos de distintos niveles de gobierno, es clave asegurar mecanismos de articulación entre el nivel central, las jurisdicciones subnacionales y el nivel local.

Los regímenes previsionales de excepción en Argentina

Publicado en mayo de 2021

Los sistemas previsionales funcionan como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales. Su principal objetivo es asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral. Por tratarse de un seguro para toda la sociedad, parecería que lo ideal es que las reglas sean idénticas para todas las personas que participan. A pesar de esto es habitual que, además del esquema general que cubre al común de la población, existan regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios. En Argentina hay cerca de 3,7 millones de beneficios de regímenes de excepción (un 40% del total), con haberes que, en promedio, son un 85% superior al promedio del régimen general. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7% del PIB.

En el país existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de méritos que lo justifican. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad, son administrados por instituciones independientes y combinan argumentos de mérito y de especificidad en su justificación.

Los sistemas provinciales, incluyendo a los que cubren el empleo público y las cajas profesionales independientes son una cuarta categoría, fundamentada en cuestiones de inercia legal. Finalmente, una última categoría es la relativa a las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad, mérito o situaciones particulares como expresidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, excombatientes de Malvinas, y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, entre otros.

Los regímenes de excepción requieren atención por tres motivos. En primer lugar, introducir regímenes más generosos que el general afecta la equidad y, al financiarse por recursos recaudados mediante el sistema tributario, podría implicar efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, la sostenibilidad de recursos se ve alterada, puesto que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines. Finalmente, se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida por los regímenes, pudiendo resultar en una negación de derechos a ciudadanos.

Una revisión profunda del sistema previsional argentino debería incluir cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible. Una aproximación razonable implicaría que la ciudadanía en su totalidad participe del régimen general en igualdad de condiciones y que, en los casos que se justifique, se definan mecanismos de financiamiento transparentes para las condiciones diferenciales de participación.