Publicado en junio de 2021
Este informe se enmarca en la iniciativa de “Monitoreo de la rendición de cuentas en Argentina” del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC. Con el objetivo de contribuir a la calidad de la rendición de cuentas, se realiza un seguimiento de los Informes de Gestión del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso de la Nación analizando su cumplimiento y calidad.
Publicado en junio de 2021
Las estimaciones muestran que más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y más del 70% lo hará en 30 años, con una proyección de más del 90% para las regiones menos desarrolladas (ONU, 2018). Actualmente, alrededor de mil millones de personas vive en asentamientos informales (ONU, 2016) en tierras altamente expuestas a los efectos del cambio climático. Esto se debe en parte a la falta de infraestructura para prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra, y para mitigar el impacto de fuertes tormentas y olas de calor.
Según la OMS y ONU Hábitat, los espacios públicos verdes en las ciudades, ni son suficientes, ni están distribuidos de manera equitativa. Los barrios informales tienden a proporcionar una cantidad de espacio público verde muy por debajo de la cantidad recomendada.
Los espacios públicos y la infraestructura verde tienen el potencial de mejorar la calidad de vida urbana y producir beneficios sustanciales para los habitantes urbanos desde el punto de vista ambiental, social y económico (Mell, 2019). Además, son cada vez más relevantes en la lucha contra el cambio climático y sus impactos.
En este contexto, los espacios públicos de calidad y los elementos de infraestructura verde deben formar una parte esencial de las políticas públicas para desarrollar la resiliencia urbana en los asentamientos urbanos más vulnerables. El entorno construido no solo debe ser resistente, sino también desarrollar resiliencia, y los espacios públicos verdes son una excelente manera de lograrlo, ya que reducen la temperatura ambiente a través de la transpiración por evaporación, brindan sombra fresca, fijan CO2 y retienen el agua de lluvia, entre otros beneficios.
Los gobiernos de las ciudades de los países del Sur Global están trabajando para mejorar los barrios informales. Sin embargo, los programas de mejoramiento rara vez integran propuestas de resiliencia climática, incluso cuando existe superposición entre los objetivos de ambas iniciativas en contextos urbanos vulnerables. La inversión actual en integración urbana es una oportunidad para incluir infraestructura verde en la agenda de las ciudades.
Publicado en junio de 2021
La incorporación de tecnologías digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene un enorme potencial para ampliar las oportunidades de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desplieguen trayectorias escolares completas, extensas y densas en aprendizajes. Estas trayectorias son las que les permitirán aprender en forma autónoma a lo largo de la vida, participar activamente de la sociedad y llevar adelante una vida provechosa para sí mismos y para el conjunto social.
Desde mediados de 2020, el proceso de incorporación de tecnologías digitales al sistema educativo se aceleró. Las medidas para la contención de la circulación del COVID-19 descalabraron el régimen de presencialidad que sostuvo al sistema educativo desde su fundación. En un contexto de reducción de las clases presenciales, el sistema educativo migró masivamente al espacio digital e impulsó respuestas digitales de emergencia para sostener la continuidad pedagógica. Desde entonces, las políticas educativas digitales, en marcha desde hacía más de dos décadas, recibieron un impulso insospechado.
Las respuestas digitales de emergencia de las autoridades educativas nacionales y subnacionales se concentraron en cuatro focos de intervención: se amplió la infraestructura digital a través de la distribución de equipamiento y soluciones de conectividad; se facilitó el acceso a recursos digitales a través de los repositorios de contenidos y plataformas de gestión de aprendizajes; se intensificó la oferta de formación para el desarrollo de habilidades digitales de los y las docentes; y se digitalizaron procesos de gestión del sistema.
Sin embargo, el abanico de respuestas digitales de emergencia fue insuficiente para completar la transformación digital del sistema educativo. Es necesario impulsar acciones para que converjan en una política digital sistémica. Esto implica ampliar el alcance de estas respuestas y superar su fragmentación actual. La universalización del acceso a tecnologías y conectividad de calidad, empezando por los grupos de mayor vulnerabilidad, es en este sentido una prioridad. Además, necesario sostener una mirada integral centrada en el uso pedagógico de las tecnologías, que guíe tanto al desarrollo de plataformas de contenidos y gestión de aprendizajes como al diseño de programas de formación docente continua.
Para facilitar la coordinación entre esfuerzos de distintos niveles de gobierno, es clave asegurar mecanismos de articulación entre el nivel central, las jurisdicciones subnacionales y el nivel local.
Publicado en mayo de 2021
Los sistemas previsionales funcionan como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales. Su principal objetivo es asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral. Por tratarse de un seguro para toda la sociedad, parecería que lo ideal es que las reglas sean idénticas para todas las personas que participan. A pesar de esto es habitual que, además del esquema general que cubre al común de la población, existan regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios. En Argentina hay cerca de 3,7 millones de beneficios de regímenes de excepción (un 40% del total), con haberes que, en promedio, son un 85% superior al promedio del régimen general. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7% del PIB.
En el país existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de méritos que lo justifican. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad, son administrados por instituciones independientes y combinan argumentos de mérito y de especificidad en su justificación.
Los sistemas provinciales, incluyendo a los que cubren el empleo público y las cajas profesionales independientes son una cuarta categoría, fundamentada en cuestiones de inercia legal. Finalmente, una última categoría es la relativa a las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad, mérito o situaciones particulares como expresidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, excombatientes de Malvinas, y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, entre otros.
Los regímenes de excepción requieren atención por tres motivos. En primer lugar, introducir regímenes más generosos que el general afecta la equidad y, al financiarse por recursos recaudados mediante el sistema tributario, podría implicar efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, la sostenibilidad de recursos se ve alterada, puesto que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines. Finalmente, se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida por los regímenes, pudiendo resultar en una negación de derechos a ciudadanos.
Una revisión profunda del sistema previsional argentino debería incluir cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible. Una aproximación razonable implicaría que la ciudadanía en su totalidad participe del régimen general en igualdad de condiciones y que, en los casos que se justifique, se definan mecanismos de financiamiento transparentes para las condiciones diferenciales de participación.
Publicado en mayo de 2021
El 13 de Mayo del 2020, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina (HCDN) tuvo la primera sesión remota de su historia. El desarrollo y aprobación de los protocolos para su funcionamiento de manera virtual fue un hito.
“Sesiones virtuales: un hito en Diputados” analiza el proceso de adopción de herramientas tecnológicas para el trabajo legislativo remoto, muestra los resultados obtenidos y propone algunas recomendaciones sobre cómo continuar con la modernización de la Cámara de Diputados.
Esta publicación es un resumen de “Modernizar la Cámara de Diputados: adaptaciones durante la pandemia”, un documento realizado por el programa de Instituciones Políticas de CIPPEC en el marco de su eje de trabajo “Adaptación Digital de la Política”, a través del cual se promueve el uso responsable de tecnología en los procesos de toma de decisión y la relación entre representantes y representados/as.
“Modernizar la Cámara de Diputados: Adaptaciones durante la pandemia”, documento que analiza el proceso de adopción e implementación de tecnología tomando como eje la legitimidad, la integridad, la accesibilidad y la transparencia del proceso legislativo, y su impacto sobre las funciones de legislar, controlar y representar.